Jueces De Paz

INTRODUCION

JUECES DE PAZ

Hace referencia a un tipo de órgano jurisdiccional presente en diversos países. Habitualmente

Son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción en el ámbito local, generalmente

Un municipio, comuna o distrito en el que no existe un juzgado de primera instancia, y son

Servidos por jueces legos (no letrados) que llevan a cabo funciones jurisdiccionales.

PROBLEMA:

¿Hay justicia en otros países?

HIPÓTESIS:

Si hay jueces de paz en otros países como son Perú, Venezuela, estados unidos, España,

México, panamá, Guatemala, buenos aires

OBJETIVO GENERAL

Investigar los jueces de paz en distintos países

OBJETIVOS GENERALES

1. investigar los jueces de paz en Colombia

2. Investigar los jueces de paz en Venezuela

3. Investigar los jueces de paz en España

4. Investigar los jueces de paz en Perú

5. Investigar los jueces de paz en buenos aires

COLOMBIA

Es incontrovertible que la Jurisdicción Especial de Paz, aparece como una novedad en el

artículo 247 de la Constitución Política, reglamentada por la Ley 497 de 1999, y regulada por el

Consejo Superior de la Judicatura, es parte integrante de la Rama Jurisdiccional del Poder

Público del Estado Colombiano, siendo así reconocida tanto por la Corte Constitucional

Colombiana en diversos fallos, como por el Concejo de Estado, y como uno de los poderes

públicos ejerce funciones comunitarias de administración de justicia en equidad no para

sustituir ni estar doblegada a los demás poderes, sino para que la paz, la convivencia pacífica

en las comunidades de todo el territorio nacional y la vigencia de un orden justo (art. 2 C.P.), a

través del concepto de equidad impere entre los colombianos. Los Jueces de paz acercan la

justicia al ciudadano común y corriente, sin la exigencia de las formalidades jurídicas

tradicionales, aportando una visión diferente del conflicto basada en el reconocimiento del otro

y los saberes comunitarios, orientada a la resolución pacífica del mismo, por lo tanto, la

solución a los conflictos comunitarios o particulares tiene como referente la equidad conforme a

los criterios de justicia propios de la comunidad, sin entrar en contradicción con la Constitución

y la Ley, en cuanto el juez tradicional emite sus decisiones conforme a la razón y el derecho.

De conformidad con las normas regulativas del actuar en dicha Jurisdicción Especial, para

acudir al Juez de Paz es suficiente que las partes voluntariamente sometan su conflicto a esta

justicia. Los Jueces de Paz sólo pueden conocer conflictos sobre asuntos susceptibles de

transacción, conciliación o desistimiento, cuya cuantía no supere 100 salarios mínimos legales

mensuales, y carecen de competencia para conocer acciones constitucionales, contencioso

administrativas y civiles sobre la capacidad o el estado civil de las personas, salvo el

reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales, y ningún servidor público podrá insinuar,

exigir, determinar o aconsejar a un juez de paz las decisiones o criterios que deba adoptar en

sus intervenciones, so pena de incurrir en mala conducta sancionable disciplinariamente, de

conformidad con el artículo 5º de la Ley 497 de 1999.

Frente al pleno reconocimiento de tan sui géneris Jurisdicción Especial de Paz, efectuado por

las Altas Cortes del Estado Colombiano, esta no ha sido incluida en el proyecto legislativo de

reforma a la justicia, con el desconocimiento de la inaplazable importancia y urgencia que

merece establecer políticas definidas para dicha Jurisdicción, tales como:

El perentorio respeto y no discriminación por otros órganos del Estado a la independencia y

autonomía de los jueces de paz, teniendo todos los servidores públicos y las autoridades

judiciales y de policía el obligado deber de prestar su colaboración para el cumplimiento de las

decisiones adoptadas por los Jueces de Paz en sus intervenciones, so pena de incurrir en mala

conducta sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad en

que puedan incurrir por la falta.

Garantizar efectivamente el goce igualitario de derechos de los jueces de paz como integrantes

de la Rama Judicial del Poder Público Colombiano, pero cuyo régimen investigativo y

disciplinario, así como en materia de acciones de tutela deberá ser diferente al de los otros

servidores públicos ordinarios del Estado.

La obligatoriedad de las erogaciones presupuestales para capacitación, formación y logísticas

acordes al desarrollo actual de nuestra sociedad, y de conformidad con estadísticas, informes,

planes programas y proyectos presentados por los colegios de jueces de paz; así como la

entrega en delegación a los colegios de jueces de paz de la administración de bienes y recursos

destinados para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, con la responsabilidad de

responder por su correcta aplicación o utilización., La obligatoriedad de la consulta a los colegios

de jueces de paz, en temas y actividades internacionales, nacionales y regionales que tengan

que ver con temas y políticas de justicia, paz y convivencia; así como el disponer la conformación

y actualización permanente de la base nacional de datos de todos los Jueces y juezas de Paz y

Reconsideración del País.

VENEZUELA

El proyecto de justicia de paz nace en un contexto en el cual más de 85% de la población

carece de acceso a la justicia formal y los que lo tienen deben correr con los costos, las

demoras y los riesgos de un sistema judicial formalista, cuantitativamente sobrecargado y

éticamente cuestionado. El primer cometido de la justicia de paz es, por ende, proporcionar a

las vastas mayorías excluidas, una justicia accesible, gratuita, oportuna, comprensible y justa.

La justicia de paz venezolana es, sin embargo, un proyecto que ofrece marcados contrastes

con la justicia de paz en la mayoría de los países que cuentan con instituciones con ese

nombre, tales como Estados Unidos, Honduras, Panamá, Guatemala y El Salvador, o que

tienen otras instituciones que pueden cumplir funciones análogas, tales como los tribunales de

pequeñas causas. Ello es así, por una parte, gracias a la visión de los promotores del proyecto

inicial que se abstuvieron de calcar esos modelos. Es así, también, gracias a los críticos y

adversarios del proyecto quienes, independientemente de sus muy diversas motivaciones,

hicieron un gran favor a la justicia de paz al impulsar su transformación de un apéndice de la

justicia ordinaria, con una probabilidad reducida de lograr sus propósitos, en un medio

alternativo para la resolución de conflictos con un prometedor potencial para lograr esos

propósitos y, además, promover el desarrollo de las personas y las comunidades en

Venezuela.

La misión de los jueces de paz es ayudar, con un mínimo de formalidades y sin costo alguno,

en la resolución de los conflictos pequeños .pero a menudo de enorme importancia para los

involucrados,que se presentan en las comunidades. Para ello, disponen de dos herramientas:

la conciliación y la decisión conforme a la equidad.

Según la LOPJ, "el Juez de Paz procurará por todas las vías posibles y de manera obligatoria

la conciliación entre los interesados, de modo que los mismos resuelvan consensualmente sus

problemas" (Art. 36). De este modo, la orientación de la justicia de paz venezolana coincide con

las recomendaciones de la mayoría de los analistas de los procedimientos alternativos para la

resolución de conflictos a nivel mundial que otorgan la más alta prioridad a la mediación, es

decir, la conciliación. Ello es así porque la mediación parte del supuesto básico que los

participantes en un conflicto son los que mejor conocen sus necesidades, deseos y

posibilidades y que, con la ayuda apropiada, son los más indicados para encontrar una

solución mutuamente satisfactoria. De hecho, el procedimiento busca promover acuerdos que

se ajusten a los intereses y las circunstancias particulares de las partes, más que determinar

quién tiene la razón o la culpa. Para lograr ese propósito, las personas deben conservar la

mayor libertad para encontrar una solución propia a su controversia; aunque el mediador puede

hacer sugerencias, los afectados no están obligados a aceptarlas. Son ellos, y no el mediador,

los actores principales de la conciliación.

Bajo estas condiciones, la conciliación promete importantes ventajas:

1. La colaboración en un esfuerzo para

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