LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES AL DERECHO INMOBILIARIO EN LA CONSTITUCION DOMINICANA

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES AL DERECHO INMOBILIARIO CONTENIDOS EN LA CONSTITUCION DOMINICANA

Los principios constitucionales son las normas fundamentales que rige el funcionamiento racional y armónico de la estructura de la Constitución del Estado Dominicano. Estos sirven para garantizar la vigencia, la estabilidad y el respeto a la Constitución. Por consiguiente los principios constitucionales pueden ser sintetizados como aquellos principios generales del Derecho y que están reconocidos dentro del ámbito de las normas constitucionales.

El principio de la supremacía de la Constitución es uno de los más importantes, sustancial y relevante de todos los principios constitucionales. Sin éste los demás principios terminarían eliminados, o bien no tendrían una real aplicación. La supremacía de la Constitución garantiza el respeto a los preceptos constitucionales, de lo contrario la Constitución quedaría reducida a simple pedazo de papel.

La Constitución Dominicana, Sección II, que trata de los Derechos Económicos y Sociales, en su Artículo 51, el cual se refiere al Derecho de Propiedad, establece que: “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.”

Asimismo, el precitado Artículo, en su numeral 1) establece que: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés público social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo que establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa.”

Igualmente, el mencionado Artículo establece en su numeral 4), lo siguiente: “No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas.” Del mismo modo el citado apartado en su numeral 5) consigna que: “Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas física o jurídicas nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales.”

También el Artículo 51, en el numeral 6), establece que: “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.”

La Constitución Dominicana, en su Capitulo II que trata de las Garantías a los Derechos Fundamentales, en su Artículo 72, sobre Acción de amparo, establece que: “Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados or la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.”

El ejercicio de dicha medida es de reciente incorporación en el Derecho Inmobiliario. No estuvo contemplada en la antigua ley de tierras No. 1542. La acción de Amparo está destinada a asegurar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana.

Nuestra Constitución,

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