Las Opciones Politicas En El Estado Mexicano

LAS OPCIONES POLITICAS EN EL ESTADO LIBERAL MEXICANO, 1853-1910

Andrés Lira plantea como tesis central que la Constitución de 1857 fue la piedra angular, con base en la cual el grupo liberal encabezado por Juárez y Ledo de Tejada- busco consolidar un Estado liberal.

El autor distingue con claridad dos fases de la Constitución liberal de 1857: la dogmatica, que maneja como declaraciones los derechos de los gobernados, es decir, a nivel de discurso, y la orgánica, que ubica los espacios de poder público, entre el gobierno y sus gobernados, en otros términos, establece el marco de un régimen de derecho y libertad.

En consecuencia la lectura de Lira permite ubicar las premisas políticas, que dieron fundamento al desarrollo de los proyectos educativos y de formación de docentes impulsados por el Estado liberal mexicano en la segunda mitad del siglo XIX.

Si por opciones políticas entendemos las alternativas que los dirigentes del Estado aceptan o imponen para dominar satisfaciendo o no, a quienes influyen en el régimen, hallamos que al hablar de ellas tendíamos que limitarnos aquellos aspectos más evidentes en el marco formal del Estado liberal: la constitución escrita. Hemos de limitarnos a aquellos aspectos más evidentes en el marco formal del Estado liberal: la constitución escrita.

Las constituciones liberales, tienen dos partes: una dogmática, en la que se declaran los derechos de los gobernados como límite impuesto a las autoridades ( y que, dicho sea de paso); y otra orgánica, en la que se determinan las agencias del poder público (los “poderes” legislativo, ejecutivo y judicial).

El ideal es que ambas partes se equilibren y se apoyen mutuamente; pero es eso un ideal, porque ha surgido de situaciones en las que se pretendió hacer de la parte orgánica un simple instrumento de la dogmática.

Esta última alternativa se ponderó abiertamente entre 1853 y 1855, durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Contra ella se alzó la revolución de Ayutla, y se ponderó la solución contraria en la Constitución de 1857. Se consideró a la administración como el fin, si no exclusivo, sí excluyente de toda otra alternativa hasta en tanto se lograra una madurez política, esta no llegó y el porfiriato se derrumbó dejando mucho que pensar.

ANTECEDENTES Y CONSECUENTES

La historia del Estado moderno es el desarrollo de la racionalización del poder. Ese proceso alcanza sus expresiones más acusadas en el siglo XVIII, cuando los monarcas absolutos de los medios de gestión económica y de dominación de la sociedad a través de personeros o “funcionarios”, que ejercen sus cargos por delegación del soberano.

Por otra parte, la autoridad del monarca se va haciendo autosuficiente, lo cierto es que en el ejercicio del poder no se invocan, como en épocas anteriores, razones religiosas como condición de su legitimidad.

La Ordenanza de intendentes, vista desde la perspectiva de los movimientos liberales que por entonces se definían ya en otra parte del mundo, es el componente orgánico de una Constitución escrita. Hay en ella también rasgos que apuntan la dogmática; pues si en ella no se arguyen razones legitimadoras trascendentales, sí se expresan las que justifican la administración: el deber que el soberano tiene, “como padre”, con todos y cada uno de sus súbditos de procurar los medios para que éstos logren su felicidad; también, el poder y el bienestar del reino entero, etcétera. Cuando esos grupos de entendidos e interesados ven cerradas las vías de acceso a los puestos de autoridad y cuando por la penurias del erario público se les imponen cargas que afectan excesivamente sus patrimonios, entonces las razones de “bienestar nacional” y las contradicciones a “la felicidad de los súbditos” se contraponen al régimen y se apela a ellas como únicas fuentes de legitimidad.

La nación, que a la postre se identifica con “el pueblo”, es la que ha gobernarse a sí misma. Surge así la idea de la “soberanía popular” como expresión de una sociedad que dispone de los medios, ya explícitos en las ordenanzas y demás disposiciones de la monarquía, para organizarse políticamente.

La declaración de derechos, como base o presupuesto de la organización del poder, es la parte que completa el nuevo diseño del Estado, ahora “liberal”, porque en nombre de la libertad, como fundamento de otros derechos, se ha subvertido la legitimidad del orden monárquico.

Pero, al fin y al cabo, ese predicado del liberalismo el acento en la política será el principal obstáculo que enfrentarán quienes en su nombre se hacen de los medios de gestión como funcionarios o encargados de los puestos públicos.

Los medios para hacer posible la organización de la sociedad dependerán de la manera en que el “pueblo” se conforme como nación. Para esto se establecen las categorías con las que ha de calificarse a quienes tengan verdadero “interés nacional” (propiedad, profesión, industria, moral pública y todo aquello que indique el empeño y la posibilidad de servir a la patria) por lo tanto, derecho a participar en elecciones y cargos públicos; es decir, quienes tienen “derechos públicos, puesto que los “puramente civiles” a nadie se debe negar en consecuencia de los principios de libertad, sobre todo, de igualdad.

Mientras no se asimila o se postergan con éxito duradero las situaciones imprevistas en la organización de Estado, se abre una oposición insalvable entre política y administración.

MENOS POLÍTICA Y MÁS ADMINISTRACIÓN

La historiografía de las revoluciones que constituyen y conmueven al Estado liberal define una etapa de revoluciones “políticas” o “burguesas”, que va de 1789 a 1830. La burguesía propone y dispone de los medios de organización. A partir de los años treinta suceden las revoluciones “sociales” y “románticas”.

Si en México no se da una revolución industrial ni existe una nobleza desplazada de situaciones privilegiadas, no por ello deja de advertirse el desencanto y el escepticismo frente a la democracia.

José María Luis Mora da noticia de antecedentes y actualidades de su tiempo, para mostrar cómo los cuerpos sociales heredados de la colonia y los personajes atados a esa herencia han impedido la marcha del “partido progreso”, que pretendía disolver esos cuerpos para fundir a sus individuos en un verdadero Estado nacional. Lucas Alamán, quien viendo la realidad insoslayable de la organización corporativa de la sociedad Mexicana, veía Alamán la posibilidad de reunir fuerzas sociales que los modernos sistemas políticos no podían crear. Solo la base del respeto a los derechos corporativos era

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