Ley Defensa Del Consumidor Argentina

El contrato analizado desnaturaliza en varias de sus clausulas su objeto: la atención a la salud ante la enfermedad, independientemente de que las afecciones, sean actuales, futuras o preexistentes. Quien contrata lo hace para cubrir todas las necesidades actuales, que en la mauyoria de los casos derivan de las preexistentes, y futuras de atención a su salud y no para atender a algunas y no a otras,

En sus primeros lineamientos establece que sus planes de cobertura medico asistenciales fueron “creados para brindar un eficiente servicio de atención medica en cualquiera de sus Planes”, siendo que esta finalidad, como anticipara, se ha visto desvirtuada con los términos que siguen, que establecen limitaciones de cobertura, excepciones y obligaciones que en algún modo desnaturalizan la prestación eficiente del servicio que ofrece y contradicen incluso el marco normativo .

En efecto, la prestación médica asistencial ha de comprenderse como dirigida a al tratamiento o prevención de afecciones a la salud y el contrato en análisis precisamente la prestataria tiene la atribución de rechazar el pedido de cobertura médica a personas con enfermedades preexistentes o no cubrir las contingencias derivadas de las mismas conforme surge del Acápite II del contrato en análisis.

Es de destacar que las condiciones de ingreso contenidas en el contrato no satisfacen el recaudo de condiciones de atención y trato digno que exige el art. 8 bis transcripto ya que coloca en cabeza de la prestataria la facultad de evaluar tales condiciones de acuerdo al estado de salud o enfermedades preexistentes del paciente, cuando es precisamente ese el objeto por el cual percibirá una prestación dineraria: la atención medica, que se presupone mayormente para personas enfermas y no sanas –salvo para prevención-. Basta con leer las condiciones esenciales del acápite II

Tampoco se ajusta a las pautas exigidas por el art. 8 bis el texto que sigue a la Condición esencial, en tanto la declaración jurada exigida conlleva a la renuncia al derecho a la intimidad y a los derechos del paciente Ley 26529 art. 2, 19 y conc CN dado que la misma importaría la autorización para recabar la información médica confidencial sin reparo del secreto profesional y en detrimento de los derechos del paciente contenidos en la ley 26529, resultando ello engañoso ya que no es esa la finalidad de una declaración jurada. Este avasallamiento de derechos se mantendría durante toda la contratación, ya que también la intromisión podría ser efectuada por una Junta Médica, a tenor del apartado III, y todo ello en detrimento del paciente y de su intimidad, en tanto la finalidad perseguida no es brindarle un mejor servicio, sino que excluirlo del mismo.

Se pone como condición de contratación que la persona se exponga a un examen inquisitorial el cual claramente representa colocar a la persona en una situación vejatoria e intimidatoria dada la asimetría de la relación entre el prestador del servicio y el interesado en contratarlo.

Según consta en la página web de la Superintencia de Servicios de la Salud las Obras Sociales (se entiende extensivamente a las prepagas) no deben condicionar el ingreso a la realización de un examen médico. Ello tiene su correlato en el art. 10 de la Ley 26682 “Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios.”

Esta media arbitraria inquisitorial, abusiva y contraria a la dignidad de la persona humana choca de bruces con lo expuesto anteriormente y con los derechos receptados en nuestra Carta Magna, en los Tratados Internacionales y en Devendría aplicable la opinión consultiva Nº 06/86 la Corte Interamericana de DD.HH Considerandos 30, 31 y solo protege el interés económico de una parte que en la relación contractual se encuentra en una posición de superioridad.

En el caso de las mujeres embarazadas la prestadora solo brinda ese servicio al titular o cónyuge del titular reservando lo dispuesto en la Prestación Médica Obligatoria (estándar de cobertura mínima) al resto de los integrantes del grupo familiar, lo que imp0lica un trato desigual o discriminatorio, contrario a nuestra normativa constitucional Art. 75 inc. 23 (C.N) impone al Estado el deber de brindar especial protección a mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Así mismo el derecho a la salud esta implícitamente en el Art. 33 (C.N) y en los Instrumentos Internacionales Art. 75 inc. 22, sin embargo aquí se merma la calidad de su prestación a un grupo expresamente protegido por nuestra Constitución. Además esta normativa está alterando los derechos del niño que como hemos visto en la primera parte de la Materia su existencia comienza desde la concepción en el seno materno y si bien es incapaz de hecho, no lo es de Derecho.

También como se expusiera se exige que las personas renuncien al amparo del secreto profesional lo cual vulnera su ámbito de intimidad Art. 19 (C.N), su dignidad y honra

Art. 33 (C.N), Art. 11 Convención Interamericana de DD.HH

"1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Jurisprudencia. (Caso Ponerte de Balbín).

Resulta contrario al art. 8 bises la circunstancia ya señalada de que no se brinde cobertura a las patologías preexistentes. Por Ejemplo una persona diabética no tendría cubierto el tratamiento necesario para mantener su estado de salud

Esto desnaturaliza el objeto de brindar un servicio de salud y pone a la persona en una situación que aún teniendo contratado un servicio de salud debe

Arbitrar otros medios para mantenerla. Esta clausula de carácter netamente utilitarista solo protege el interés económico de la prestadora y ve a la persona

Humana como un medio para obtener una ganancia y no como un fin en sí misma, lo cual es abusiva y contra Pro-Omine.

Las exclusiones que se enumeran también resultan abusivas a la luz del art. 8 bis en tanto se excluye la cobertura en caso de accidentes, lo que carece de toda razonabilidad, en tanto el reparo es de la salud y no de las circunstancias en que la misma se vio afectada.

Es

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