PRECEDENTE JUDICIAL

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SEGUNDO PUNTO. DERECHO ADMINISTRATIVO

Presentar un informe-ensayo sobre cuál ha sido el desarrollo doctrinal (al menos 2 autores), jurisprudencial sobre la figura del precedente judicial, las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, y la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado; figuras establecidas por la Ley 1437 de 2011.

• Sentencia C-816-11

• Sentencia C-634-11

• Sentencia de unificación No. SU 047 de 1999

• Sentencia No. C-400 de 1998:con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero, se expusieron los requisitos que deben cumplirse para la existencia de un cambio Jurisprudencial Legítimo

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TÍTULO V Extensión de la jurisprudencia del consejo de estado.

EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS POR

PARTE DE LAS AUTORIDADES.

Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, 'entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia'

Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:

1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.

3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.

Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.

La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.

Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y las autoridades podrán negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un período probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho invocado.

En tal caso estará obligada a enunciar cuáles son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados.

2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.

3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación.

En este evento, el Consejo de Estado se pronunciará expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o modificar su posición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en los términos del artículo 269.

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.

La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, 'entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia'

Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código.

PARTE SEGUNDA Organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva

ARTÍCULO 270

SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL

Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.

LIBRO VIEJAS

En Colombia no parece haberse asumido la idea de que el derecho administrativo y la jurisdicción que lo materializa a los casos concretos es el derecho constitucional concretizado. El reflejo de esta situación, que mantiene un divorcio entre los dos sistemas normativos, lo constituyen sin duda los frecuentes enfrentamientos y las decisiones contrapuestas entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, con la dificultad adicional –que afecta de manera grave el principio de la seguridad jurídica– de que las decisiones del primero, por versar sobre asuntos concretos, acaban por primar sobre las interpretaciones y determinaciones abstractas de la segunda.

Dicho de otro modo, los nuevos principios deben garantizar la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración y al mismo tiempo la legalidad en los procedimientos.

c. La aplicación de la jurisprudencia unificada

La aplicación de la jurisprudencia, esto es del contenido de las decisiones judiciales a casos similares, es una herramienta jurídica que le permite al ciudadano un trato igualitario por parte de los jueces y los administradores públicos. En otros términos, con la aplicación del precedente judicial, fruto de una jurisprudencia unificada –razón de ser, entre otras, de los organismos de cierre de las distintas jurisdicciones–, se garantiza de mejor forma el principio de igualdad en el acceso a la justicia de parte de los ciudadanos.

El nuevo código estableció la extensión de la jurisprudencia no sólo para los jueces sino también para las decisiones en sede administrativa, lo cual trae como efecto colateral el aseguramiento de la actuación de la administración pública y, por ende, la tutela efectiva de los derechos. Además, genera un mayor compromiso de los operadores jurídicos con respecto a la construcción colectiva de la jurisprudencia por parte de las altas cortes.

Diego López Medina (2008: 48 y ss.), en su obra El derecho de los jueces, explica cómo los precedentes judiciales en los países anglosajones generan mayor coherencia jurídica interna, seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ratio decidendi. La extensión de la jurisprudencia en sede administrativa genera además progreso jurídico, facilita el acceso a la administración pública, disminuye los costos de transacción, evita la congestión judicial, hace efectivo el derecho a la igualdad, mejora el actuar de la función pública y de la justicia, debido a que hace predecibles los fallos, la igualdad y la transparencia, en todas las actuaciones administrativas y judiciales, con lo cual desaparece, en gran medida, la sospecha de prevaricato y arbitrariedad de los jueces.

Tal y como quedó establecida la aplicación de la jurisprudencia en este nuevo código, las autoridades administrativas no podrán apartarse del precedente judicial, so pena de incurrir en el delito de desacato a orden judicial.

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