Policias comunitarias y la frivolidad mediática

Las policías comunitarias y la frivolidad mediática

Por Aquiles Córdova Morán

Foto: Notimex

Hace poco, los noticiarios nocturnos de la televisión dieron cuenta de dos eventos cuyo distinto tratamiento llamó mi atención. El primero se refería al tropiezo de un conocido senador del PVEM con el alcoholímetro y lo que siguió después, hasta su salida prematura de “El Torito” gracias a un “amparo al vapor”.

Largos minutos y profusos comentarios se dedicaron al vulgar incidente; y un conocido “dómine”, que considera que la humanidad no puede perderse su nada decisiva opinión sobre algunas de las noticias que lee, se tiró una parrafada “moral” reprochando al partido del senador su excesiva tolerancia. ¡Puf!

La otra nota era sobre la divergencia de opinión entre el señor diputado priísta, Manlio Fabio Beltrones y el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, sobre las llamadas “policías comunitarias”. Esperaba, por la innegable importancia del asunto, cuando menos el mismo tratamiento. Pero me quedé esperando. Dos o tres noches después, el “dómine” cerró la discusión declarando salomónicamente que todo era parte de la “picaresca” (?) tradicional de la política mexicana.

Y no es así. El caso implica cuestiones de principio y de política práctica de gran trascendencia (positiva o negativa según su desarrollo ulterior) para la vida de los mexicanos. Para empezar, insisto en que las “policías comunitarias”, independientemente de las intenciones de sus creadores y de su verdadera eficacia para combatir la inseguridad, constituyen, sin lugar a dudas, una obvia y flagrante ruptura del Estado de Derecho:

1. porque su creación no se funda en ningún ordenamiento legal vigente ni en ningún mandato constitucional;

2. porque las detenciones que realizan no cumplen con ninguno de los requisitos exigidos por la ley, lo que abre la puerta a la arbitrariedad y al abuso de quienes las ejecutan (se puede alegar flagrancia, pero la flagrancia también tiene que probarse fehacientemente);

3. porque el reo queda en la más absoluta indefensión jurídica al no contar con asesoría legal; no conocer las razones precisas de su detención; no conocer a sus acusadores; no ser presentado en el plazo legal debido ante el ministerio público y no ser vencido en juicio, contra todas las reglas del debido proceso;

4. porque es la misma “policía comunitaria” quien se constituye en fiscal, juez que condena y brazo que ejecuta la sentencia, lo que le resta al proceso hasta el mínimo vestigio de imparcialidad, equidad y certeza jurídica.

Por estas razones y hechos innegables que la propia televisión se ha encargado de difundir, tiene toda la razón el diputado Beltrones cuando plantea que la solución a la inseguridad que azota al país es y debe ser siempre responsabilidad de las instituciones, del poder legítimamente constituido, y no de las ocurrencias “espontaneas” de nadie, por bienintencionado que parezca.

El señor gobernador Aguirre, por su lado, argumenta que esas “policías” son la expresión legítima de la desesperación y de la desconfianza popular hacia las instituciones y hacia el gobierno (de los tres niveles, dice) por la incompetencia y falta de voluntad que han mostrado hasta hoy para cumplir con su deber en la materia.

Esta es una verdad gigante que ningún mexicano sensato se atrevería a negar; pero ¿qué se deduce de ella? Evidentemente, como dice el diputado Beltrones, que el Estado y los gobernantes deben replantear sus estrategias en materia de seguridad e impartición de justicia para hacerlas más reales y efectivas o, de lo contrario, renunciar al cargo.

El gobernador Aguirre, en cambio, concluye que, ante la incapacidad de los poderes públicos, hay que dejar que la gente se arme para defenderse, y limitarse a brindar apoyo a tal iniciativa. Pero este juicio olvida que el Estado no puedeabdicar de las responsabilidades y funciones que la ley le confiere y que constituyen la razón misma de su existencia, ni tampoco subrogarlas a persona o institución alguna, sin que ello signifique poner en tela de juicio la necesidad de un gobierno legalmente constituido; sin debilitar las bases del poder del Estado y comenzar a convertirlo

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