Política criminal en Аmérica Latina en la actualidad

ensayo de política

“...MAS LEYES, MAS JUECES, MAS POLICIAS Y MÁS CARCELES SIGNIFICAN MAS PRESOS... PERO NO MENOS DELITOS”

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La presente ponencia no constituye un trabajo definitivo sobre Política Criminal , ni siquiera comporta un estado de la cuestión sobre esta importante tema; es, por tanto, un limitado esfuerzo académico por resaltar la imprescindible vinculación, que en el debate jurídico iberoamericano, debe de darse entre el marco ontológico que emana del Estado Social y Democrático de Derecho , para con las tareas de formulación de políticas públicas en materia criminal así como su ejecución por parte del sistema institucionalizado de Control Social del Estado, a efectos de construir una Justicia inequívocamente Democrática e Igualitaria .

En forma subsidiaria a este objetivo preescrito, pretendemos también señalar la amenaza que para la Justicia y el Derecho comporta la influencia de mitos y estereotipos, propios de la Guerra Fría, en la construcción de las percepciones sociales que con respecto a la criminalidad y la delincuencia son elaboradas y reelaboradas en sede legislativa , por lo cual esta ponencia pretende circunscribirse en el plano de la disputa existente en el medio jurídico por las significaciones de los significantes de dominio social que hoy emergen en el contexto de los procesos de construcción normativa que rigen al Sistema Penal y que predeterminan las actuaciones del aparato de Control Social del Estado . En este marco crítico por el que transita el Derecho Penal Latinoamericano pretendemos demostrar la amenaza que para el Estado Social y Democrático de Derecho implica: la adaptación e incorporación en el campo de la Seguridad Ciudadana (y por este medio, en el escenario jurídico-penal) de la Doctrina de la Seguridad Nacional que gobernó en clave antidemocrática y lesiva para los Derechos Humanos, las políticas de seguridad de la mayor parte de naciones latinoamericanas durante la época de la Guerra Fría .

Hoy en día resulta apreciable el predominio de tendencias regresivas que en el campo del Derecho Penal Latinoamericano que pretenden la deconstrucción del sistema garantista a través de la reconversión e instrumentalización de la jurisdiccionalidad como un medio para la aplicación mecánica de la represión y el uso de la violencia legal por parte del Sistema de Administración de Justicia y por parte de las agencias de control social que le integran. En este marco represivo nos interesa destacar el riesgo democrático que implica que tras muchas de estas tendencias represivas (re)emerja en Latinoamérica la Doctrina de la Seguridad Nacional a través de la conversión de sus postulados en términos de seguridad ciudadana mediante la instauración de códigos de equivalencia entre “el guerrillero de antaño y el delincuente de hoy”.

La historia reciente de la América Latina atestigua que de manera paralela a la resolución de los conflictos armados que caracterizaron al subcontinente durante la segunda mitad del siglo XX emergieron nuevos problemas de orden público que se expresan en el plano interno de los distintos países en términos de criminalidad y delincuencia. Este cambio de la realidad latinoamericana constata la traslación del eje de la Seguridad del campo de la seguridad nacional al campo de la seguridad ciudadana. En este contexto emergen nuevas demandas que en el campo de la seguridad enfrentan los Estados y cuyo origen dejó de ser el conflicto armado interno para pasar a ser las crisis asociadas a la inseguridad ciudadana, por lo que tales problemática dejan de ser tratada a través de la política de defensa nacional y pasan a canalizarse a través de la Política Criminal sobre la que se estructura el Sistema Penal; de conformidad a esta realidad los actores institucionales que participan en el campo de la seguridad también sufren un serio acomodo, ya que los ejércitos así como los cuerpos especiales de seguridad e inteligencia del Estado ceden su rol protagónico ante las entidades adscritas al sector justicia y que tienen por misión la contención del fenómeno criminal.

Sin embargo este tránsito de un modelo de seguridad nacional a un modelo de seguridad ciudadana no se ha dado sin la resistencia y oposición de los estamentos que ejercieron poder social durante el anterior modelo y que procuran seguir haciéndolo en este nuevo contexto. Tampoco la ideología que gobernó a los cuerpos de seguridad del Estado durante el conflicto Este-Oeste ha sido desactivada en la Post-guerra. Un caso emblemático de la continuidad de la violencia institucional que imperó durante la “Guerra Fría” y que ahora se proyecta sobre el escenario de la seguridad ciudadana a través de la reproducción de ficciones jurídicas e ideológicas en términos criminológicos y que han sido elaboradas y reelaboradas bajo las mismas coordenadas de guerra política y guerra psicológica que proyectan el uso de la violencia hacia todo: “enemigo sistémico” que así ha sido previamente etiquetado por los órganos de control del Estado.

La doctrina de la seguridad nacional que durante décadas promovió el uso de la violencia estatal más allá de los límites prefijados por el Estado de Derecho emerge nuevamente a través de algunas de las posiciones que claman por una mayor represión de la delincuencia como estrategia de contención del fenómeno criminal. Por supuesto que con ello no se está afirmando que toda posición que incremente penas o promueva un mayor grado en las facultades de intervención de la policía y el Ministerio Pública sea necesariamente una postura basada en la doctrina de la guerra fría, ya que la diferencia entre esta y aquellas radica en que la primera, las posiciones represivas basadas en los postulados de la doctrina de la seguridad nacional basan su estrategia de intervención en el uso de la violencia institucional a través de vías legales e ilegales de combate a la delincuencia; mientras la segunda, las posiciones meramente represivas, se fundamentan en el uso de tal violencia pero dentro de los límites estrictos que prefija el Estado de Derecho, es decir, en el poder de la norma legal y de las capacidades del sistema para hacerla cumplir en un contexto social determinado.

Por lo tanto la Doctrina de la Seguridad Nacional y su adaptación al escenario de la seguridad ciudadana

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