Proyecto De Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

¿POR QUÉ UNA LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES?

Artículo 1: …por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (Declaración para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 48/104 de la Asamblea General de la ONU, 20 de diciembre de 1993).

El Estado Plurinacional de Bolivia es signatario de Tratados y Convenciones Internacionales para la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y están plasmados en la Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009) en un decálogo de derechos constitucionalizados para las mujeres. Se señala en su artículo 15, inciso II que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad” y, en su Inciso III, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Firmes con la convicción del compromiso asumido por el Estado Plurinacional de Bolivia de dar cumplimiento a través de leyes, políticas públicas y programas para la prevención, eliminación y sanción a la violencia contra las mujeres de todo el país, urbanas y rurales, de cualquier edad proponemos la LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES como una ley que proteja los derechos humanos de las mujeres y que garantice una vida sin violencia como parte de las políticas del VIVIR BIEN. Por lo tanto, se aplicará en todo el Estado sin discriminación alguna, en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.

Estando basada en la Constitución Política del Estado, ésta es de orden público, de interés social y de observancia en todo el Estado Plurinacional y su aplicación es preferente con relación a cualquier otra norma, eso significa que esta ley es de carácter especial.

La Ley Integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres propone medidas de prevención, atención, protección, tipificación de delitos y sanción a los mismos y reparaciones para las mujeres en situación de violencia. Propone al mismo tiempo la modificación y derogación de artículos violatorios a los derechos humanos de las mujeres en nuestra normativa actual, así como incorporar en el Código Penal la tipificación del Feminicidio como delito penal.

Da respuesta a la existencia de una problemática histórica, estructural y política en nuestra sociedad cuyas víctimas principales son las mujeres de todas las edades, clase social, nación o pueblo indígena originario campesino, manifestándose de diversas formas y en diferentes ámbitos. Es una Ley Integral que para efectivizarse debe contar con el compromiso político, social e institucional de los y las tomadoras de decisiones de todos los niveles del Estado Plurinacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Sus ámbitos de aplicación están referidos al familiar, al educativo, al laboral, al de publicidad y medios de comunicación, al de salud, a la institucionalidad pública y la comunidad en general.

En el ámbito familiar está dirigida a la violencia doméstica, de pareja e intrafamiliar que se manifiesta física, psicológica, sexual, patrimonial y económica contra las mujeres en el marco de relaciones de parentesco, consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato, mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

En el sistema educativo, se aplica a aquellas conductas que dañan la autoestima de todas las mujeres en el sistema educativo con actos de discriminación por razón de género que infringen maestros y maestras, estudiantes y otras autoridades. O actos de violencia, acoso y hostigamiento sexual a las mujeres que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad.

En el ámbito laboral, el uso de la violencia contra las mujeres expresadas en la negativa de contratar o ascender en el escalafón laboral, desigual salario por igual trabajo respecto a los hombres, a la obligatoriedad para hacerse pruebas de embarazo antes de contratarlas, descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, acceso restringido o inoportuno a la información y al acoso y hostigamiento sexual.

En los medios de comunicación, publicidad y difusión que refuerzan estereotipos sexistas que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres.

En el sistema de salud referida a los actos de desvalorización, discriminación, humillación, malos tratos, negativa para el registro de casos de violencia y lesiones, negativa de denuncia de los casos atendidos por violencia en pareja, doméstica e intrafamiliar, falta de respeto a normas y procedimientos propios de las mujeres de naciones y pueblos indígena originario campesinos. Se aplica a actos u omisiones realizados por autoridades y operadores del sistema de salud en los tres niveles de gobierno.

En la gestión pública, comprende todos los actos u omisiones de los servidores públicos de los tres órganos del Estado y en los gobiernos autonómicos departamental y municipal, que discriminen y/o dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o negándoles el acceso a los servicios públicos destinados a prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

En la comunidad, comprende los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión del ámbito público o privado.

Los datos oficiales señalan que 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia en sus hogares (Dato obtenido del Informe Nacional sobre Violencia de Género contra las Mujeres, 1994-1998, Bolivia; 1999 Campaña de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos de las Mujeres) Un 75% de mujeres en situación de violencia reincidente no denuncian. Del total

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