Represion Argentina

El contexto de producción de la pieza: dictadura y transición democrática

El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Como su nombre lo indica con elocuencia, el objetivo del bloque golpista era llevar a cabo una drástica transformación de la estructura económica y social del país, en perjuicio de las clases trabajadoras y favoreciendo principalmente al sector agroexportador, al capital financiero y a un reducido grupo de multinacionales. La pérdida de las libertades políticas y sindicales, la caída del salario real como consecuencia del congelamiento de sueldos y la inflación, la pauperización de los cordones urbanos, la desindustrialización del país y el fraudulento endeudamiento externo, no hubieran sido posibles en el contexto de movilización y radicalización política de la primera mitad de los años 70. Para hacer posible el avasallamiento de los derechos conquistados a lo largo del siglo XX por los sectores populares, fue necesario sumir a la población en el terror. Por sobre los métodos represivos ensayados por los regímenes autoritarios anteriores (amenazas, censura, cárcel, tortura, asesinatos, etc.), el “Proceso” privilegió la desaparición forzada de personas. Esta tecnología represiva demostró muy pronto su eficacia para producir y diseminar de manera duradera el miedo y la parálisis social. Más de trescientos sesenta campos de concentración, tortura y exterminio se pusieron en funcionamiento a lo largo de toda la geografía argentina. La represión se llevaba a cabo con gran ostentación de fuerzas, pero al mismo tiempo de manera clandestina. Se negaba la existencia de campos de concentración, pero los vecinos podían percibir movimientos inusuales y hasta llegaban a oir los gritos de los torturados. Pilar Calveiro, politóloga argentina y sobreviviente de los campos, reflexiona sobre esta aparente contradicción: “La exhibición de un poder arbitrario y total en la administración de la vida y la muerte pero, al mismo tiempo, negado y subterráneo, emitía un mensaje: toda la población estaba expuesta a un derecho de muerte por parte del Estado”[5]. A partir de testimonios de sobrevivientes, Calveiro estima que fueron entre quince y veinte mil personas las que pasaron por los campos de concentración y fueron “desaparecidos” para siempre. Los organismos de derechos humanos, creados muchos de ellos durante la dictadura en reacción a las desapariciones, calculan que se trata de treinta mil desaparecidos, cifra que ha quedado inscripta en el imaginario colectivo.

En 1983 el “Proceso” llegó a su fin, jaqueado por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, la crisis económica y la derrota militar en la Guerra de Malvinas. El presidente electo, Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, había enfatizado durante su campaña la necesidad de atender al problema de los desaparecidos y juzgar los crímenes de la dictadura como requisito para restaurar el orden democrático. Sin embargo, su agenda no coincidía con la del movimiento de derechos humanos. Alfonsín distinguía entre tres niveles de responsabilidad: “aquéllos que dieron las órdenes, aquéllos que las ejecutaron y aquéllos que cometieron excesos. El objetivo de Alfonsín era instigar procesos contra el primer y el último grupo, exceptuando al segundo grupo en virtud del concepto de Obediencia Debida”[6]. Pocos días después de asumir la presidencia, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), compuesta por personalidades destacadas por su defensa de los derechos humanos. Esto contrarió al movimiento de derechos humanos, que reclamaba una comisión integrada por legisladores de las dos cámaras del Congreso. A pesar de ello, casi todos los organismos colaboraron con la Conadep, con la notoria excepción de las Madres de Plaza de Mayo. Alfonsín también impulsó la persecusión judicial contra las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que habían actuado en los años 70 e intentó introducir en su proyecto de reforma de la justicia militar la figura de la Obediencia Debida, para preservar al grupo de los que “ejecutaron los órdenes”, que resultaban ser los autores materiales de los crímenes. Esto último encontró tantas resistencias que, al menos por el momento, Alfonsín debió desistir.

En noviembre de 1984, la Conadep dio a conocer un extenso y bien documentado informe sobre personas desaparecidas, lugares de detención y metodología represiva. El mismo fue publicado en forma de libro bajo el título Nunca más por la prestigiosa editorial Eudeba, vendió 40.000 ejemplares sólo el primer día y fue reeditado en numerosas ocasiones, hasta la actualidad. El prólogo (que no lleva firma aunque su autoría se atribuye sin discusión a Ernesto Sabato, presidente de la comisión y escritor) proporciona un marco interpretativo de los hechos que se describen en el libro. “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”[7]: desde la primera línea, el libro se inscribe dentro de lo que comenzaba a conocerse como “Teoría de los dos demonios” y que sería la narrativa hegemónica hasta bien entrados los años 90. Esta interpretación demonizaba por igual a guerrilleros y represores al tiempo que presentaba como inocente a la mayoría de la sociedad argentina, que según este relato se habría mantenido al margen del conflicto. “La Conadep surgió para constatar el accionar de uno de los dos demonios pero sólo pudo hacerlo mediante la argucia de angelizar a las víctimas”, escriben María Pía López y Guillermo Korn[8].

El prólogo del Nunca más es explícito en tal sentido. Afirma que los desaparecidos eran “todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentameinto o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores”[9]. No hay ninguna evidencia empírica que respalde esta afirmación.

En diversos pasajes del libro se insiste en la idea de que muchos de los desaparecidos fueron secuestrados por estar en la agenda de otros secuestrados; de eso tampoco se ofrece ninguna prueba concreta. Por el contrario, los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones posteriores dan cuenta de la condición de militantes revolucionarios de la gran mayoría de los que pasaron por los campos de concentración. El prólogo añade otro elemento problemático a esta operación simultánea de demonización e inocentización: la carga valorativa, expresada en abundantes adjetivos de los campos semánticos del infierno, el terror y la locura. Los ejecutores son “sádicos”;

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