CULTURA DE LA LEGALIDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA

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CENTRO UNIVERSITARIO ISTMO AMERICANO

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CAMPUS ACAYUCAN, VERACRUZ

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INTRODUCCIÓN

El propósito de mi trabajo es realizar un estudio desde el punto de vista jurídico, exponer y analizar las posibles causas que han generado la ineficacia en la aplicación de las políticas públicas para la cultura de la legalidad. Por lo tanto, es importante en primer lugar, estudiar que es la política pública; estructura jurídica y su finalidad.

Conocer sobre los diferentes factores que han causado la ineficacia de las políticas públicas, entre ellos la corrupción, la delincuencia organizada en las instituciones, la participación de la ciudadanía en la cooperación con la piratería, la falta de legitimidad de las leyes, normas que ha implementado el gobierno, y el impacto negativo en la credibilidad y confianza en la ciudadanía.

Por otra parte el no aplicar principios como lo son la integridad, transparencia, responsabilidad, ha dado como resultado que los gobernantes y jefes representantes de las distintas instituciones que nos rigen, no sean aceptados por los ciudadanos, produciendo un lamentable aumento de la “cultura de la ilegalidad” que se ha ido arraigando en las costumbres de la ciudadanía, con una aprobación silenciosa por parte del gobierno. Respecto a lo anterior, es fundamental hablar y conocer sobre la importancia de la legitimidad de las instituciones, como uno de los grandes desafíos para la eficacia de la aplicación y ejecución de las políticas públicas.

CULTURA DE LA LEGALIDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA

La cultura de la legalidad es, desde el punto de vista de los juristas, la aceptación de las leyes por parte de los ciudadanos. La cultura de la legalidad es la aceptación jurídica y moral por parte de todos los ciudadanos a las leyes previamente escritas y aceptadas por la sociedad en un documento oficial; la Carta Magna. En el mismo sentido se define a la cultura como “un conjunto de valores y significados que identifican a una organización o a una sociedad en un tiempo histórico determinado”.

El término de cultura de la legalidad infringe o actúa sobre la política nacional del estado de derecho ya que tiene que ver con la actuación del gobierno en curso. La política es el proceso y actividad, orientada ideológicamente, a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetivos. La ciencia política estudia dicha conducta.

La legitimidad es un término utilizado en la Teoría del Derecho y en la Ciencia Política. En términos jurídicos la “legitimidad” es la capacidad de ser obedecido sin recurrir a la coacción, en contraposición a la autoridad. En términos políticos la legitimidad es la capacidad que permite ejercer el poder sin necesidad de recurrir a la violencia. El proceso mediante el cual una persona obtiene legitimidad se denomina legitimación.

Para que exista una cultura de la legalidad, existen dos elementos fundamentales (pero no sencillos), el primero es que la ley sea clara en su regulación, que todos entiendan que señala, (que todos los ciudadanos tengan claro que el cumplimiento de la misma es para cada uno, una garantía de bienestar), y el segundo elemento es que la ley este legitimada por la ciudadanía; que la autoridad legislativa cuente con la aceptación, legitimación y confianza de todos los ciudadanos, de manera que no haya quien no la acepte así, el decidir no solo por un individuo sino porque es lo que todos los individuos esperan de mí, para un beneficio general.

En concreto, el movimiento en favor de una “cultura de la legalidad” identifica que la dimensión fundamental de la vida social que hay que reforzar es el nivel de cumplimiento voluntario, por parte de los ciudadanos, de las reglas institucionales y compartidas de convivencia. Argumenta, igualmente, que de lograrse una generalizada “cultura de la legalidad” en una polis, ello permitiría, entre otras cosas deseables, altos niveles de transparencia y honestidad gubernativa, confianza social, eficiencia económica, empoderamiento individual, democracia política, social y económica etc. Se lograría también, en un nivel más específico, la reducción de muchas formas de criminalidad, por ejemplo, de la piratería electrónica, de la extorsión económica y de la violencia ligada a los comportamientos mafiosos o de ataques contra la libertad sexual.

¿Qué es una política pública? ¿Quién las formula? ¿Para qué sirven?, estos interrogantes son fundamentales. Es importante mencionar que, alrededor del significado de política pública existe una gran riqueza de definiciones, Vargas ha dicho que una política pública “es el conjunto de sucesivas iniciativas, y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables, Müller ha dicho que “política pública es un proceso de mediación social, en la medida en que el objeto de cada política pública es tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros, o aun, entre un sector y la sociedad global”. Roth, ha propuesto que una política pública “existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático”. El profesor Velásquez la ha definido como: Un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantados por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar, a prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y el cual pretende modificar y mantener.

Anteriormente se ha mencionado la importancia de la legitimidad de las instituciones como la autoridad que implementa la política pública, es un eje que se considera fundamental en el estudio de las prácticas para la eficacia de las políticas que se implementan, específicamente las de la cultura de la legalidad. Para Weber la obediencia está ligada a la legitimidad, la legitimidad es la creencia en la validez del estatuto legal que se obedece. La legitimidad es considerada como un elemento esencial para el buen funcionamiento de las instituciones políticas y jurídicas y tiene que ir de la mano con principios y valores; confianza, integridad, transparencia, identidad institucional, justicia social, ética pública, entre otras.

El sistema de organización política de México es democrático, por esto quien legitima la autoridad que ha sido elegida es cada ciudadano con su voto, y precisamente por esta razón es que cada determinado tiempo se realizan elecciones, para evitar la concentración de poder, cambiando la administración; objetivos del gobierno y de casi de cada institución del distrito, ocasionando inconvenientes en la continuidad de las políticas públicas.

Además es importante tener en cuenta que la planeación del gobierno distrital ha estado no hace poco tiempo en el ojo del huracán, puesto a que la mayoría de planes que se lanzan en cada administración son insostenibles en la siguiente, debido a que una gran cantidad se formulan sin saber si serán sostenibles en determinado tiempo, o si el problema o la situación que van a intervenir puede cambiar o empeorar y eso necesitará un replanteamiento de la política pública, si no se puede observar como la falta de planeación, planificación, en las administraciones han ocasionando inestabilidad, y falta de confianza en la gestión pública, impidiendo la correcta implementación y anulando por completo alguna posibilidad de continuidad de la misma.

La continuidad de las políticas públicas sin duda alguna seria el reflejo de la estabilidad institucional, y de seguridad jurídica, características que han estado ausentes en las últimas administraciones distritales y que ha dejado como saldo la inestabilidad y el estancamiento de instituciones que se crearon para proteger los derechos de los habitantes de la ciudad y que hoy tienen resultados planos en su gestión.

Para hablar de la ilegalidad, es importante precisar que es la legalidad desde su concepto general hasta su definición jurídica, por esta razón es conveniente definirla como la existencia de leyes y conformidad a las mismas de los actos de quienes a ellas están. La ilegalidad, se puede definir entonces como el conocimiento de la ley por parte de los individuos sin que esto implique su validez y aceptación; se acata la norma pero no se cumple.

La cultura de la ilegalidad tiene más consecuencias negativas. Desde el ámbito de la ciencia jurídica, a veces se ha prestado poca atención a la dimensión social de la eficacia y de la implementación del Derecho, siendo este, sin embargo, un tema que afecta directamente a los mecanismos de la cohesión social y de la vertebración de una sociedad, a la vez que determina las condiciones de la existencia misma de un ordenamiento jurídico. Y con el conocimiento de que esto no solo afecta lo jurídico, es también un problema cultural y social, por consiguiente examinaremos dos fenómenos que a la luz de este estudio son los que más afectan la legalidad en el distrito y en sus instituciones. El Fenómeno de la corrupción ha permeado las instituciones distritales, esta afirmación, no es un secreto para nadie, la falta de transparencia en las decisiones de los jefes del gobierno, es el punto principal de la ineficacia, no solo de la cultura de la legalidad, sino de toda su gestión. Pero para profundizar el tema se definirá la corrupción como: “la acción o vicio de corromper. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores” señalan que la corrupción altera la composición del gasto público, existiendo alguna evidencia de que los países corruptos gastan menos en salud y educación, afectando negativamente el crecimiento. La falta de transparencia y la corrupción son creadores netos de pobreza, así que la corrupción en las entidades del distrito no solo afecta su eficacia, si no que afecta a toda la población, de igual manera se señala en una investigación de la universidad de Harvard, demuestra como en cien países cuando hay más desigualdad hay más corrupción, quiere decir que a mayor desigualdad más corrupción, según estudios del BID, América Latina es la región con mayor desigualdad del planeta.

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