Delincuencia aplicacion de conocimientos modulo 2

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INTRODUCCION

La actual Constitución de la República del Ecuador, institucionaliza al Estado ecuatoriano en un Estado “Constitucional de Derechos y Justicia”; es decir, en un tipo de Estado en el cual priman los valores, principios y derechos preestablecidos como mínimos en la Carta Fundamental que luego son instrumentalizados en normas secundarias para el mejor desarrollo y aplicación de los mismos, sin perjuicio de su directa aplicación y exigibilidad. Igualmente, a establecerse en el artículo 1 de la Constitución que el Ecuador es un Estado “intercultural, plurinacional” está la norma fundamental reconociendo la existencia de diversas culturas en el país, y con ello, obviamente, el reconocimiento no sólo formal sino también sobre la materialidad del pluralismo jurídico coexistente en el Ecuador, ratifica ampliamente el reconocimiento de los pueblos indígenas como titulares de derechos colectivos; y, dentro de éstos encontramos su derecho a la autodeterminación, fundamental y necesario para su desarrollo, un claro ejemplo de esto es su derecho a aplicar su sistema de justicia ancestral, garantizando total autonomía en el ejercicio de ésta, respecto de los demás órganos del Estado y con el único límite que es la propia Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.  

DESARROLLO

Conocido es para todas las personas, en especial a los que están incursos en el campo del derecho, que la justicia indígena carece de un ordenamiento jurídico escrito, es decir plasmado en una ley que la tipifique y sancione, por ende y lógicamente no existe un procedimiento de juzgamiento previsto en un código, norma jurídica, estatuto o reglamento; sino está basado únicamente en su derecho propio, consuetudinario, esto se debe a que la justicia indígena no se sustenta en un órgano especializado, ni se origina en una ley escrita, surge del seno de la comunidad indígena, que emplea un procedimiento rápido de carácter público y colectivo expuesto en las asambleas comunales, cuya práctica es primitiva y en mucho casos se puede considerar exagerados, puesto que la autoridades y miembros de las comunidades indígenas en la aplicación del juzgamiento para resolver los conflictos internos de la comunidad, utiliza formas y medios que para nosotros los mestizos, nos pueden resultar degradantes, arbitrarios y lesivos a la dignidad humana en varios casos. Uno de los rasgos más sorprendentes de los movimientos indígenas contemporáneos en el continente Americano y especialmente en el Ecuador, ha sido la lucha constante para lograr organizarse y presentarse como actores legitimados en la escena política. Esa trayectoria puede compararse con la evolución de la normativa sobre derechos de los indígenas. El trecho recorrido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 hasta el reconocimiento de su derecho

colectivo a la autodeterminación y a la supervivencia social y cultural en el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1994 es notable. La Constitución referida en el Art. 1, en lo principal y en lo relacionado al tema del sector indígena, determina que el Ecuador es un estado social de derecho soberano, unitario independiente, democrático, pluricultural y multiétnico, al incorporar lo término pluricultural y multiétnico, la Carta Política del año 1.998, reconoce que efectivamente nuestro Estado está constituido por una variedad de culturas y etnias; conquista de los pueblos indígenas que les permiten una vivencia de acuerdo a su realidad histórico cultural.  

La población indígena del Ecuador, ha cristalizado un avance en las últimas décadas, organizándose en La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador "CONAIE", la misma que constantemente ha luchado por la reivindicaciones de los indígenas Ecuatorianos en el ámbito político, social, económico, cultural, etc., alcanzando a organizarse en un movimiento político denominado Pachakutik, logrando una aceptable votación sus candidatos en las diferentes contiendas electorales en las que han participado, por ello actualmente tenemos diputados, prefectos, alcaldes, consejeros, concejales indígenas que trabajan en pro de los intereses de sus representados.

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