Historia y Política de la Educación Argentina – Prof. Analia Ramírez

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LFE – LEN ¿CAMBIO O ADAPTACION?

Historia y Política de la Educación Argentina – Prof. Analia Ramírez

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Introducción

         En el año 2003, asume como presidente el Dr. Néstor Carlos Kirchner, con una idea clara, de ser diferente a su predecesor y último contrincante de las elecciones que lo llevo hasta la banca presidencial, el Dr. Carlos Saúl Menem. Este, siendo del partido justicialista, siguió las políticas neoliberales aplicadas en nuestro país desde un principio por el gobierno de facto del 1976-83. Si bien la base fue puramente económica, llego afectar a todos los ámbitos relacionados como lo social, político y cultural, cuya parte más perjudicada fue nuestro ámbito, en donde desenvolveremos como futuros docentes, la educación.

Jurídicamente se sancionaron leyes para poder enmarcar y legitimar estas medidas, leyes que hasta hoy en día se cuestiona su vigencia a pesar de estar abrogadas o derogadas por otras ordenadas durante la presidencia de Kirchner, argumentado ser distintas. En el presente trabajo analizare brevemente la Ley Federal de Educación Nº 24.195 (1993) y la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (2006) comparando sus objetivos dentro del contexto histórico y político que fueron sancionadas.

Contexto socio- histórico

En la década del 90 se consolida un proceso de reestructuración del capitalismo, caracterizado principalmente por un cambio en el modelo de acumulación, proceso que se inicia en la década del 70. Este nuevo modelo al que se le denomina “neoliberalismo” tiene entre sus características principales: el crecimiento de la hegemonía del capital financiero internacional, ante los cuales los Estados-Nación pierden poder y soberanía, el crecimiento de un mercado global altamente competitivo, una revolución en las tecnologías de la comunicación y producción para la que se necesitan cada vez menos cantidad de mano de obra,

En este contexto los Estados-Nación deben generar condiciones para lograr la competitividad en el mercado global, que implican apertura comercial y financiera, de desregulación económica, flexibilización de los mercados laborales, lo que implico en un aumento de la desocupación y precarización laboral.

En nuestro país, condicionado por la deuda externa y no ajeno a la situación global, los organismos de crédito internacional tuvieron un importante papel ejerciendo presión para la aplicación de las políticas neoliberales durante esta década. Las mismas implicaron un cambio en el papel del estado que, lejos de achicarse o reducirse, tuvieron un rol activo en el direccionamiento macro político y económico. Los principales lineamientos de estas políticas fueron “el ajuste fiscal, las privatizaciones de servicios públicos, la desregulación económica, la acentuación de una política fiscal regresiva, entre otras medidas”. (Puiggros, 2002)

Por otro lado, estas políticas neoliberales se combinaron con tendencias neoconservadoras en lo político, reduciéndose la democracia sólo a un aspecto formal, sin participación real de los diversos actores sociales, y el ejercicio de la ciudadanía se reduce al acto electoral. Así, el Estado no sólo sienta las bases institucionales para el funcionamiento del mercado, sino que pasa a ser instrumental a éste.

La Reforma educativa de los ‘90

La Reforma del Estado impulsada por los organismos internacionales (FMI) se expresó en educación en la llamada Reforma Educativa consistente en un paquete de leyes y medidas. En el año 1992 se sancionó la Ley de Transferencia Nº 24.049 por la cual se transfirieron las escuelas preprimarias, medias y terciarias de la nación a provincia (aunque hay que tener en cuenta que la primaria y escuelas de adultos ya habían sido transferidas en 1978 durante la última dictadura militar Argentina). (Tiramonti, 2005)

“La transferencia de establecimientos educativos fue una política de los organismos internacionales que obedecía a una doble lógica. Por un lado financiera y por otro política. La lógica financiera tuvo un discurso expreso. A fin de que Argentina garantizara el pago de la deuda externa, la firma del Plan Brady con el FMI en el año 91, exigía la reducción de gastos mediante la transferencia de servicios educativos y de salud a las provincias. Desde la segunda, se pretendía desarticular las luchas docentes de la década anterior en el mundo y en nuestro país que habían puesto en evidencia la inconveniencia para el mantenimiento de la gobernabilidad, de sostener la centralidad nacional de los sistemas educativos.” Los reclamos docentes y estudiantiles por más presupuesto, salarios, etc., se traducían en enfrentamientos directamente políticos contra los estados nacionales. La descentralización aparecía así como una forma de descomprimir estos enfrentamientos. (Puiggros, 2002)

Los gobiernos provinciales debieron afrontar una difícil situación ya que carecían de fondos suficientes para sostener los niveles educativos transferidos llegándose a casos donde no pagaban los sueldos hasta 5 meses. Para responder a esta nueva situación, hubo también una reorganización del financiamiento educativo a través de la Ley de coparticipación federal. Luego se realiza una distribución secundaria, es decir, se dividen los ingresos por cada provincia. Pero, evidentemente no compenso en nada los gastos que supuso la transferencia. Esto condujo a una brutal desigualdad educativa con provincias en su nivel de gastos por alumnos.

La Ley Federal de Educación Nº 24.195, de aquí denominada LFE, establece que el sistema nacional de educación está constituido tanto por las instituciones particulares como por las estatales siendo la única diferencia la gestión. Las escuelas privadas tienen derecho a formular planes y programas de estudio, otorgar títulos reconocidos (Art. 36 inc. a) y a recibir aportes monetarios provenientes de fondos públicos (Art. 37) y se establece el derecho de libertad de enseñanza (Art. 5 inc. e). Así, queda definido un rol subsidiario del Estado.

Intentado buscar antecedentes por cuenta propis y por lo leído de los autores en que me sostengo, hay que identificar que ésta es la primera ley que legisla al sistema educativo nacional en su integridad, en todos los niveles del sistema. A su vez, “cabe destacar que la hasta entonces única ley reconocida como inspiradora del sistema, la ley 1420 de 1884 referida a la educación primaria, hablaba de escuelas públicas por un lado y particulares por otro, en sus artículos 4 y 5. Tal definición no se reducía a una cuestión de gestión sino a un tipo de escuela y de educación. Y esa escuela pública tenía una gestión oficial. Lo público supone una matrícula sin restricciones, abierta a todos, y por ende gratuita.  (Tiramonti, 2005, pág. 55). La LFE en cambio borra el término. Lo público no existe en su texto. El sistema es uno sólo con dos tipos de gestiones diferentes, la estatal y la privada.

La LFE se estructura alrededor de los conceptos de calidad, eficiencia y equidad. “La calidad es entendida como el rendimiento o resultado obtenidos por los alumnos en torno a una serie de denominados conocimientos socialmente válidos que son medidos por sistemas de evaluación. A su vez, el concepto de eficiencia se relaciona a un uso apropiado de los insumos para la obtención de resultados educativos.  La equidad se reduce a las políticas focalizadas hacia sectores más desfavorecidos en base a criterios meritocráticos.” (Puiggros, 2002)

Este concepto está en estrecha relación con el abandono de criterios universales y la concepción que de esta ley que considera a la educación como un bien social y no como derecho. De esta manera se deja abierta la posibilidad de su comercialización y trato en base a criterios comerciales, como no debería suceder en su carácter de derecho. Se pasa a una lógica pro-mercado donde la educación es puesta en un lugar de compra y venta, como es planteado por una lógica mercantilista en lugar de ser concebido como derecho., en otras palabras la educación dejaba entender como un negocio más.

A nivel del Estado Nacional existe una tendencia de concebir al mismo no como “docente”, como interventor y vinculante sino “evaluador”, aunque en la práctica se vio casi directamente como ausente. Desde la transferencia el estado nacional no tiene escuelas a su cargo, ni es responsable de la provisión de “los servicios educativos”, ni de la gestión directa de las instituciones educativas, pero tiene un rol protagónico en la definición de las políticas educativas. Entonces podemos decir que el Estado ha redefinido su rol. La forma de distribución del financiamiento y la evaluación le permiten ejercer el control político del sistema.

La LFE establece tres niveles de especificación curricular (Art 53 y Art 59) a saber que:

Nivel Nacional: se establecen los Contenidos Básicos Comunes (CBC) que deben ser abiertos

Nivel Provincial: se elaboran los diseños curriculares provinciales, que contextualiza los CBC de acuerdo a la realidad regional.

Nivel Institucional: comprende la elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), que deben tomar y enriquecer lo establecido a nivel nacional y provincial.

Si bien no prescribe de forma directa los contenidos curriculares de ningún nivel educativo, regula los mecanismos por los cuales éstos se van a definir. Por otro lado, establece un cambio en la estructura del sistema y se expande el período de escolaridad obligatoria (Art. 10). Esta queda conformada por:

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