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Las gran transformacion de la salud en argentina.


Enviado por   •  8 de Agosto de 2016  •  Documentos de Investigación  •  3.641 Palabras (15 Páginas)  •  225 Visitas

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ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL

La Gran Transformación de la Salud

Derecho o Mercancía

Ariel Martin y Ceraño Mari Lujan Elisa

05/12/2015

                                                                                                         “La desvalorización del mundo humano crece en              

                                                                                                    Razón directa de la valorización del mundo de las cosas”.              

                                                                                                                                                                                      Karl Marx.


Historia del “derecho a la salud” y Rol del Estado

Es preciso mencionar que este recorrido no pretende ser exhaustivo a los fines históricos, sino, un resumen del pasado que atravesó, el  “derecho a la salud”,  en nuestro país;  en tanto su carácter político, jurídico y económico (que entendemos tiene directa relación con lo social), el lector notara que detallaremos algunas medidas que entendemos es preciso, a los fines de este trabajo para comprender el proceso que desemboca en la actual situación del sistema de salud público. Considerando que no podemos entender el presente, sin entender su devenir histórico.

Para describirlo lo desglosaremos en etapas[1]. Partiendo de 1945, ya que encontramos en la misma una importante incorporación en materia general de derechos sociales y en particular de salud. Ya que hasta ese momento, se entendía a la salud como una cuestión meramente individual de responsabilidad y objeto de caridad. Regulado por el departamento de Seguridad e higiene (Ministerio del Interior).    

 1945-1955 Modelo Centralizado: la salud como responsabilidad del Estado. 

Con el Peronismo en el poder se genera un cambio de paradigma, a partir del cual el derecho a la salud pasa a ser responsabilidad del estado. El rol del estado en este período es el de un “Estado de Bienestar”[2] 

Se produce la expansión estatal de la cobertura sanitaria:

– Se nacionalizan establecimientos públicos, desplazando así a las sociedades de beneficencia.

– Se construyen nuevos hospitales y centros médicos ambulatorios. Se duplica la cantidad de camas hospitalarias.

– Se crean programas dirigidos a problemáticas sanitarias específicas.

Estas medidas se apoyan en el marco legal de la Reforma Constitucional de 1949, específicamente en su  CAPITULO III  artículo 37 “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”.

En el orden institucional: el Departamento Nacional de Higiene se transforma en la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. Acompañando estas modificaciones institucionales en el año 1946 y 1949 se crean la Secretaría de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública respectivamente. Este programa de obra pública dependía del presupuesto económico central.

A nivel político: la gran capacidad asistencial instalada durante el este periodo se expresaba un sector público que había hecho de la atención médica uno de sus principales instrumentos de legitimación. El Hospital Público se convierte así en un centro formador de profesionales y de acceso para todos los sectores de la población, sobre todo para los menos pudientes.

Los trabajadores comienzan a agruparse en mutuales de acuerdo a su rama de producción, esto sienta las bases de lo que luego constituiría las obras sociales.

1955-1978 descentralizaciones del sistema: Estado como subsidiario.

En el año 1955 se produce el derrocamiento de Perón por parte de la “Revolución Libertadora”[3], gobierno autoritario liderado por Onganía. Inició una serie de reformas con la intención de transferir hacia provincias y municipios, las responsabilidades técnicas y administrativas de los establecimientos públicos en manos del Estado nacional. Estas medidas fueron tomadas a desmedro de la situación económica y administrativa de las provincias y municipios para asumir dicha transferencia, como consecuencia los establecimientos públicos sufren un rápido deterioro.

1976 (1978 en adelante): La descentralización orientada por las relaciones financieras entre la nación y las provincias.

Este período se caracteriza por un modelo de estado neoliberal, autoritario y burocrático. Con la dictadura militar de 1976, se incorpora el discurso neoliberal que da fundamento a su equipo económico. Esto repercute en la esfera de la salud primando los componentes liberales y tecnocráticos, avalando el desmantelamiento de los servicios sociales en manos del estado, y su traspaso a la actividad privada.  

En 1983, con el retorno de la democracia, los servicios del sistema de salud se encuentran deteriorados lo cual se veía reforzado por la profunda crisis económica que ya afectaba al país.

  • Década 1990, reformas de “segunda generación”[4]  se retoma la política descentralizadora pero esta vez en el marco del gobierno democrático de Carlos Saúl Menem. Las medidas tomadas en este periodo, se enmarcaron en el discurso oficial como, principios modernizadores que permitirían la jerarquización de la red sanitaria, el desarrollo de redes y de sistemas locales. Puntualizaremos sobre la REFORMA CONSTITUCIONAL 1994: Entendemos que es importante aquí, poner en relieve dos aspectos de esta reforma en lo referido al derecho a la salud, por un lado; si bien esta fue la primer reforma durante un gobierno democrático; posterior a la reforma de 1949, no tuvo en cuenta para su modificación los lineamientos de esta ultima; en segundo lugar, en su artículo 42°, la salud toma a partir de esta modificación carácter de “mercancía”[5], a lo que entendemos se incorpora al “derecho a la salud” como un bien que será negociado en el mercado:

Artículo 42 “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

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