Modernizacion

Introducción

Los modelos de desarrollo implantados en Latinoamérica se sustentan de una concepción universalista y evolucionista, la cual supone que todos los países avanzan linealmente de acuerdo al modelo occidental basados en los principios de la razón instrumental y de la división social del trabajo. Ahora bien, Son actores y agentes todos los que toman decisiones que afectan al territorio (Marsiglia y Pintos, 2001). En los años 80, luego de la crisis económica y el surgimiento de las teorías neoliberales, la descentralización se convirtió en una de las medidas que buscaban descongestionar y desconcentrar las acciones del aparato estatal centralizado que hasta entonces había sido paradigma de desarrollo. La idea de mantener una proximidad administrativa con los entonces considerados “clientes” de bienes y servicios públicos se mostraba indispensable dentro del manual de herramientas neoliberales, puesto que proveía a la administración de la retroalimentación necesaria para elevar los niveles de eficacia, eficiencia y economía (las tres E de la administración gerencial) del desempeño público. Aunque con un fuerte componente mercantilista, la Nueva Gestión Pública fue la que empezó la idea de un desarrollo descentralizado, más gerencial, y que inevitablemente pasaba por la población civil aunque fueran integrados únicamente como consumidores y no como protagonistas de la toma de decisiones. Fue en los años 90 y a principios de este siglo cuando las ideas de participación y construcción de ciudadanía empiezan a tomar fuerza frente a las ideas neoliberales de relación entre Estado y sociedad civil. Surgen entonces mecanismos e ideas alrededor de una gobernanza más allá del mero modelo mercado-céntrico y más democrática, en el sentido de integrar a los ciudadanos dentro de la toma de decisiones y no solo como mecanismos consultivos del aparato de gobierno. Se sigue entonces con la idea de la proximidad administrativa, pero con un mayor énfasis en la participación como valor social de construcción y consolidación de ciudadanía.

Desarrollo Local desde las relaciones democráticas.

El desarrollo local, es un proceso orientado por estrategias y políticas que articula esfuerzos y recursos de agentes económicos y actores políticos con capacidad de acción territorial para lograr objetivos de crecimiento económico, desarrollo social y mayores niveles de bienestar de la población. La importancia de los gobiernos locales en América Latina ha ido en crecimiento en paralelo con la idea de una creación activa de ciudadanía y la consolidación democrática en la región. Por esto mismo, la mirada hacia el nivel local y sus actores estatales se nos presenta fundamental en este momento. Van Hermelrick (2001) define el espacio local como un sistema compuesto de “un conjunto de subsistemas en interacción dinámica entre sí y con su medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción de necesidades.” El mismo autor entiende el desarrollo local como “un proceso basado en alianzas entre actores, que se genera en un ámbito territorial inmediato, con el fin de impulsar procesos de cambios para el mejoramiento de su bienestar colectivo.” Es decir, con la integración de instituciones y participación ciudadana se generara la transformación en los ámbitos locales del país, para garantizar una mejor calidad de vida a la sociedad y así satisfacer las necesidades de las comunidades que existen en todo el territorio Venezolano.

De esta forma, los proyectos de desarrollo local deben tener como fundamento la reconstrucción de su propia realidad y no ser elaborado desde el escritorio de una oficina del gobierno central, de tal forma que tome en consideración las necesidades de desarrollo locales, los recursos y capacidades locales existentes, las áreas prioritarias y el involucramiento de los principales agentes económicos y actores políticos y sociales. Estos agentes y actores son el Estado y gobierno mismo, sociedad civil, empresas privadas, etc. Por lo tanto, no existe un modelo único de desarrollo local sino distintas propuestas de proyectos, con la realización y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los actores encargados de velar por que se lleven a cabo todas las políticas públicas formuladas para generar un bienestar social, se podrá determinar las transformación tanto social, política, económica y cultural.

Ahora bien, el termino relaciones democráticas se refiere, a la acción de gobernar no solo a través de las acciones estatales sino por interacciones conjuntas entre el sector público, el privado y el social (Cerrillo I. Martínez, 2005), es decir, marca un grupo de acciones de gobernación colectiva entre sectores que se vienen presentando desde antes de empezar a acuñar dicho concepto. Dentro de este orden de ideas, la gobernanza surge básicamente por la imposibilidad del Estado de cubrir TODAS las cuestiones referentes a la vida en comunidad en el marco de nuestras sociedades complejas actuales, y por lo mismo la necesidad de establecer relaciones de acción conjunta con los demás sectores para lograr un beneficio común y general, esto con la finalidad de, establecer los mecanismos fundamentales tales como: la transparencia, la participación y la rendición de cuentas (Villoria, 2010). Este tipo de interacciones no son nuevas, y en parte están fundamentadas en el corporativismo, donde se establecían mecanismos limitados de diálogo y toma de decisiones que permitía algunas formas de cooperación con algunos sectores influyentes de la sociedad. Lo que sí es verdaderamente novedoso del nuevo término de Gobernanza es su acercamiento a la democracia, estableciendo como mecanismos fundamentales la transparencia, la participación y la rendición de cuentas (Villoria, 2010). Para los defensores de la gobernanza, la búsqueda inacabada de una mayor eficiencia y eficacia en la acción estatal pasa, inevitablemente, por el filtro de la interacción social, ya no solo con los empresarios y sindicatos, sino por medio de la participación ciudadana activa y su intervención directa en asuntos que, hasta hace relativamente poco, eran competencias únicas del aparato estatal.

La gobernanza democrática no encierra solo un intercambio de información, o una simple privatización de la prestación de bienes y servicios, sino que implica la búsqueda colectiva de los distintos sectores de la sociedad en la toma de decisiones, tanto para formular objetivos como para elegir las vías para alcanzarlos (Prats, 2007), este nuevo paradigma busca es establecer los mecanismos necesarios para lograr un mejor factibilidad y aplicabilidad de las políticas formuladas para coadyuvar a un mejor desarrollo local.

Asimismo, el desarrollo local desde las relaciones democráticas en teorías, se muestra como la forma de gobernación social más adecuada para el contexto complejo de nuestras sociedades actuales: apoya la participación y la integración de sectores históricamente excluidos; permite una rendición de cuentas mucho más cercana y, por lo mismo, evita los abusos de poder de los mecanismo autoritarios; establece lazos de coordinación inter e intra sectorial que permiten un mejor desempeño en las cuestiones de mayor importancia social; descentraliza la toma de decisiones, haciéndola más coherente con los intereses de la población; apoya la intervención de la ciudadanía en la vida pública, generando capital social y consolidando los principios democráticos; y se convierte en un mecanismo fundamental para la práctica de políticas públicas y una política económica que promuevan un crecimiento económico que provea los recursos para sostener una política social capaz de mejorar la equidad en la distribución de los beneficios, es un requisito necesario, aunque no suficiente para ampliar las opciones y oportunidades al pleno desarrollo humano.

Por otra parte, el desarrollo de los proyectos y las reformas para la transformación, siempre son modificados por las dinámicas gestadas por los actores (Giddens, 1984; Clegg, 1990). Los costos y beneficios de la reforma económica, política y social pueden ser compartidos por los diferentes agentes dentro de marcos institucionales que faciliten la participación ciudadana. La reforma económica implica reformas al sistema político, el desarrollo de las instituciones políticas y la reforma del Estado.

La participación de los ciudadanos en la gestión pública es uno de los objetivos de los procesos de gobernabilidad democrática. Para que la asociación y la participación ciudadana adquiera valor como instrumento democrático debe ir acompañada de libertad de expresión es por esto, que se habla de DEMOCRACIA, es así, como la formación e integración de un sistema de redes de participación directa en la gestión pública local permiten la reinvención del espacio geopolítico y otorgan a los gobiernos locales las competencias requeridas para afrontar los retos de la globalización.

Seguidamente, lo que la reforma del Estado está haciendo es transferir la responsabilidad para la gestión y resolución de conflictos sociales a los gobiernos locales, la cual se condiciona a la estructura social de las localidades. El instrumento de la reforma del Estado y modernización política es la descentralización del poder político de las instancias del centro a las instancias locales. Para que la reforma del Estado se centre en un redimensionamiento de las relaciones entre la sociedad, el mercado y el Estado, requiere de procesos de descentralización para lograr una gestión pública más eficiente.

Siendo las cosas así, resulta claro destacar, que una cosa es lo que plantea la teoría y otra es la que sucede en la realidad, donde los intereses privados suelen ser más fuertes, o tener mayor influencia en la toma de decisiones que los del colectivo; donde la participación es mínima y capturada por intereses privados; donde los desequilibrios de información no permiten un trabajo realmente horizontal, de igual a igual, entre los distintos actores; o donde la tradición autoritaria y patrimonialista se consolida mientras se adaptan mecanismos de fachada que no revelan una verdadera intención de cambio e integración social.

En contextos como el latinoamericano, donde las estructuras de poder han sido capturadas durante años por intereses privados, donde el clientelismo y el patrimonialismo son la regla no escrita de las relaciones sociales, donde las nuevas democracias se enfrentan a una cultura autoritaria arraigada desde el nacimiento de nuestras naciones, la idea de una gobernanza democrática puede sonar como una simple utopía, pero claro está, que con todo el modelo que se viene dando en la actualidad, se quiere acabar con esa utopía que persiste para entonces.

Desde esta perspectiva, el nivel local se convierte en el marco ideal para abrir la administración a la participación, construir lazos de confianza entre las partes y estructurar mecanismos de trabajo en red que permitan una mayor integración social en la toma de decisiones. Son entonces los gobiernos locales los llamados a convertirse no solo en actores ejecutores de políticas públicas, sino a su vez en directores de espacios de interacción que permitan un mejor manejo de recursos, un cumplimiento adecuado de las necesidades básicas de su comunidad, y una constante participación ciudadana en las decisiones colectivas. Una tarea nada fácil, menos aún en un contexto donde históricamente han sido solo ejecutores de acciones y planteamientos establecidos desde el gobierno central.

Esta creación modelo de un sistema democrático en el ámbito del gobierno local y municipal, permitirá la participación estrecha de la ciudadanía en los asuntos de la gestión pública y permitirá el fortalecimiento de la identidad comunitaria. La reinvención política del gobierno local tiene su expresión en el fortalecimiento espacial de las competencias del municipio en materia de desarrollo. Las tres relaciones más importantes en la reforma del Estado, son aquéllas de regulación que se dan entre los agentes privados y del gobierno, las relaciones de vigilancia y supervisión que se dan entre los políticos y los burócratas y las relaciones de responsabilidad y rendición de cuentas (accountability) que se dan entre los ciudadanos y los políticos, con la implementación de estas relaciones se tendrán un impacto racional y global.

De esta manera, las prácticas participativas y la importancia que significan para el desarrollo de una colectividad determinada, depende en gran medida del espacio en que se originan, quienes la promuevan y de qué manera se establecen. Por tanto es de fundamental importancia analizar las implicaciones que se derivan de estas prácticas participativas; análisis que se requiere realizar desde la perspectiva del colectivo pero también desde el plano que lo percibe el individuo como elemento integrante de una colectividad con intereses comunes y diferencias profundas que le imprimen a esos espacios colectivos un carácter plural.

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