Narcotrafico En Costa Rica

En Costa Rica, tanto el narcotráfico como las acciones emprendidas para combatirlo fueron subordinados a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos en la región.

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El narcotráfico es un problema pero también lo son ciertas respuestas a él.

Comisión Andina de Juristas

El origen del narcotráfico en Costa Rica coincidió en el tiempo con la existencia en los dos países vecinos - Panamá y Nicaragua - de gobiernos adversados por Washington y con signos evidentes de ambigüedad y contradicción en la política antidrogas del gobierno norteamericano.

Durante la década de los ochenta, Costa Rica, que se autodefine como una democracia desarmada, localizada dentro de un área de gran interés geopolítico para los estrategas norteamericanos, se encontró flanqueada por dos regímenes políticos (el de Noriega y el sandinista) considerados no democráticos, militaristas y - lo peor de todo, a los ojos del Pentágono- aliados del castro comunismo.

Geopolítica y narcotráfico

Tanto el narcotráfico como las acciones emprendidas para combatirlo fueron subordinados a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos en la región. La prioridad dada a la lucha contra el peligro comunista, no sólo hizo pasar a segundo plano el combate contra las drogas, sino que promovió y potenció la narcoactividad en el istmo

centroamericano.

Esto obedeció, sin duda, a la ambigüedad de los conductores políticos de los Estados Unidos, empeñados en una lucha frontal contra el narcotráfico, pero muchos más interesados en la contención del comunismo; y, por lo mismo, proclives a hacerse de la vista gorda, e incluso dispuestos a impulsar este negocio ilícito, si con ello favorecían sus esquemas geopolíticos

Entre 1981 y 1988, muchos de los colaboradores de seguridad de la CIA en el extranjero se involucraron en casos de narcotráfico.

Más explícito y específico fue Richard Gregorie, Fiscal Federal para drogas hasta 1989 en Miami, Florida. Según este funcionario, muchos de los oficiales y pilotos informantes de la CIA en Centroamérica se vincularon con el contrabando de armas y estupefacientes.

Es particularmente ilustrativo el caso de John Hull, mercenario nortemaericano que servía de enlace en Costa Rica entre la CIA y los narcotraficantes. Este tenebroso personaje controlaba la recepción de armas para la contra y el despacho de drogas a Miami. Si se quería algo ilegal en Costa Rica había que contactar con John Hull, recuerda un lugarteniente de Noriega de apellido Blandón.

El Departamento de Estado reconoció, hacia 1988, que la campaña antidrogas norteamericana perdió fuerza por el apoyo gubernamental dado a luchadores contra regímenes contrarios a Washington, o por el temor a desestabilizar a sus principales aliados latinoamericanos, mediante acciones muy enérgicas que incidieran en las cúpulas políticas.

Los principales beneficiarios de esta geopolitización de la lucha antidrogas, esto es la subordinación de ella al conflicto este-oeste, fueron los barones de la droga. Su habilidad para acomodarse a los designios geopolíticos norteamericanos ha sido calificada por algunos autores como pragmatismo político, en tanto otros la consideran una manifestación de un crudo maquiavelismo.

Hacia 1984, cuando ya se había logrado conectar el tráfico de drogas con el puente aéreo establecido por los servicios de inteligencia norteamericana, para abastecer de armas a la contra a través de aeropuertos costarricenses, Pablo Escobar solicitó a su contacto, Román Milián Rodríguez, explorar la posibilidad de comenzar operaciones relacionadas con drogas en Nicaragua, documentarlas, y luego usar esta información para negociar una amnistía con los Estados Unidos.

La administración Reagan era enemiga de los narcotraficantes, pero lo era mucho más de los comunistas. Algo similar ocurría con la opinión pública norteamericana hasta 1987. Gran parte de la estrategia defensiva de los cárteles de la droga estaba basada en esta constatación. La propia legislación antidrogas de 1986 facultaba al Presidente de los Estados Unidos a posponer las sanciones a los países no cooperadores, cuando a su juicio estuvieren en juego los más altos intereses nacionales.

A principios de 1988, esto empezó a cambiar. En una encuesta de New York Times/CBS News, el 48 por ciento de los encuestados indicó que el tráfico de drogas era el asunto más importante de la política exterior norteamericana, en tanto que un 22 por ciento opinó que era el tema de Centroamérica y el trece por ciento anotó al control armamentista.

Cuando se preguntó si era más importante poner alto al tráfico de drogas o apoyar a los líderes centroamericanos contra el comunismo, fue igualmente revelador que el 63 por ciento expresó la opinión de que detener el tráfico de drogas era la máxima prioridad, mientras que sólo el 21 por ciento creía que detener el comunismo era lo prioritario.

Narcotráfico y Guerra de Baja Intensidad

A medida que se profundizan las investigaciones, se hace cada vez más evidente cómo John Hull fue sólo el último eslabón de un plan de guerra no convencional (guerra total en defensa de la frontera ideológica) concebido en las más altas esferas de los aparatos de seguridad norteamericanos, que en Costa Rica tuvo como coordinador al embajador Tambs. La acción combinada de todos los elementos de esta cadena logró sustraer de la soberanía nacional una gran parte de la zona norte del país.

La guerra de baja intensidad, el incremento exponencial del narcotráfico y la soberanía restringida convergieron hacia mediados de los 80. A partir de 1987, la aprobación del Plan de Paz regional, impulsado por el presidente Oscar Arias, permitieron erradicar la guerra y rescatar importantes cuotas de soberanía nacional, pero no lograron extinguir la narcoactividad. Todo lo contrario.

La narcotización de la política costarricense

Aunque el interés por este tema se inició en 1985, como resultado del ingreso al país del narcotraficante mexicano Caro Quintero, aumentó a fines de 1986, a raíz de una serie de reportajes publicados por el periódico La Nación con implicaciones electorales que termiron por imprimir un cariz político al tema del narcotráfico.

En este primer caso comprobado de lavado de dólares en el país, los fajos de billetes estaban empacados y etiquetados como propaganda electoral del precandidato liberacionista Rolando Araya, lo que hizo naufragar las aspiraciones presidenciales de éste connotado dirigente del Partido Liberación

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