PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: VENEZUELA: EL NARCOESTADO Y LA CRISIS PRESIDENCIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA: RELACIONES INTERNACIONALES

ALUMNO: YONI MIRALRIO FLORES

ASIGNATURA: SEMINARIO DE TITULACIÓN 1: ESTUDIOS REGIONALES

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN:

VENEZUELA: EL NARCOESTADO Y LA CRISIS PRESIDENCIAL

Introducción

La corrupción en las esferas de poder constituye un viejo y arraigado problema en América Latina y, desde luego, en Venezuela. Los esfuerzos por adecentar la maquinaria gubernamental, ímpetu que incluía, entre otras iniciativas, depurar el poder judicial, elevar los ingresos de los funcionarios para evitar que el lucro fácil los sedujera y aplicar sanciones severas a quienes se les comprobaran conductas reñidas con la ética, tuvieron un alcance muy limitado. Lamentablemente quienes condujeron el Estado a partir de los años 70 del siglo pasado, no pudieron desatar este nudo gordiano. Antes de 1999 muchos compatriotas estaban convencidos de que la corrupción era generalizada, y que la mejor ubicación para enriquecerse de forma súbita era apostarse en un cargo que, aunque mal remunerado, al final de cuentas permitiese obtener pingües ganancias gracias al manejo indebido de los recursos públicos o a los privilegios otorgados por ciertas posiciones de poder. Esta imagen distorsionada de la función pública sirvió para que la prédica del actual Presidente de la República prosperara hacia finales de la década de los 90. La lucha contra la corrupción se convirtió en una de las banderas del movimiento político liderado por el primer mandatario que lo llevó a triunfar en los comicios de diciembre del 99. Ha pasado algo más de una década desde que el actual jefe de Estado asumió la conducción de la Nación y, sin embargo, el oprobioso azote de la corrupción no sólo no ha mermado, sino que, al contrario, se ha extendido hasta dimensiones nunca vistas en el pasado. La corrupción se ha esparcido por todos los vericuetos del Estado y del aparato gubernamental, a pesar de que en la Constitución de 1999 se contempla la existencia del Poder Moral como una nueva e independiente rama del poder público. Ese poder se encuentra conformado por La Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Su creación suponía que el Poder Moral tendría la autoridad y recursos logísticos y financieros suficientes para reducir, e incluso acabar, con la corrupción. Luego de diez años de haber sido sancionada esa Carta Magna, la corrupción continúa rampante. El Poder Moral solo ha maquillado o escondido los actos donde el patrimonio nacional sale lesionado. La Contraloría ha servido para inhabilitar importantes dirigentes de la oposición, pero no para frenar y castigar a los funcionarios gubernamentales que abusan de sus cargos, para incrementar su patrimonio personal y dilapidar los recursos que pertenecen a los contribuyentes.

Pocos años después de la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez Frías en 1999, el ambiente de seguridad y la estabilidad de la región hemisférica se han visto tanto amenazados como comprometidos, derivado del desarrollo de un plan político-estratégico del líder de la denominada “revolución bolivariana”. Tal desarrollo estuvo caracterizado por una postura hostil y de confrontación hacia los Estados Unidos de América, un conjunto de acciones para intentar la exportación de su modelo autocrático y socialista hacia otros países de la región y la implementación de una política exterior que involucra a la nación en conflictos de orden mundial. Más específicamente, el gobierno de Chávez Frías apoyó decididamente a las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), se ha relacionado íntimamente con actores extra regionales como Rusia, que para ilustrar su riesgo, en varias oportunidades ha conducido a los puertos y aeropuertos venezolanos navíos de guerra y bombarderos estratégicos con capacidad atómica, llegando en uno de sus ejercicios a violar el espacio aéreo colombiano.^[1]De igual forma, se ha vinculado con Irán ayudándolo a sortear las sanciones económicas que le impusieron los Estados Unidos y la Unión Europea y permitiendo la entrada a Venezuela de sus nacionales para participar en actividades que algunos autores relacionan con el terrorismo internacional y su programa nuclear.^[2]Grosso modo los aspectos arriba expuestos, se habían constituido los principales elementos de preocupación tanto de los funcionarios de inteligencia y seguridad de las naciones afectadas por tal comportamiento, así como por académicos y analistas en el campo de la seguridad internacional. Tras el súbito fallecimiento de Chávez Frías en el año 2013, puede afirmarse, basándose en las ejecutorias de su sucesor en el cargo, que se mantienen aproximadamente las mismas características de este ambiente de seguridad regional, pero ahora más bien alimentado por dos vectores: en primer lugar por lo que podría denominarse la “inercia ideológica” que mantiene el actual presidente Nicolás Maduro, que preserva las bases de la política exterior de Chávez Frías y en particular la confrontación con los Estados Unidos de América y, en segundo lugar, y más importante, por las actuaciones delictivos de un conjunto de redes criminales transnacionales, íntimamente vinculadas con el gobierno nacional. Venezuela, desde la consolidación de su proceso democrático a finales de la década de los sesenta, desempeñó un papel de fuerza estabilizadora en el hemisferio, contribuyendo activamente a la consolidación de la paz entre sus naciones, promoviendo la democracia y en general actuando como un elemento positivo para el desarrollo de América Latina. No obstante, en los últimos años la nación suramericana ha pasado a protagonizar las acciones más peligrosas que han amenazado la seguridad y la estabilidad hemisférica. Entre estas actividades se encuentran la injerencia y desestabilización en otros países de la región, el apoyo a fuerzas paramilitares internas y externas y la intimidación de guerra a vecinos, derivadas de la mencionada línea política-estratégica del régimen de Chávez Frías. No obstante, más recientemente, la atención sobre Venezuela ha estado vinculada al conocimiento público de acciones probadas y por acusaciones por demostrar, sobre la pertenencia en redes criminales transnacionales de un grupo de personajes civiles y militares con posiciones oficiales en la administración pública del país. Estas redes están involucradas en operaciones ilícitas como narcotráfico, lavado de dinero, delitos financieros y corrupción. De igual manera, Venezuela también ha sido directa o indirectamente asociada con el apoyo al terrorismo internacional, lo cual junto a su participación en redes ilícitas, configura una clara amenaza para la seguridad y la estabilidad regional.^[3] Pero los desarrollos antes señalados no solo están íntimamente ligados sino que, de hecho, la participación de altos funcionarios venezolanos en redes criminales transnacionales debe entenderse únicamente como un producto directo del proceso revolucionario chavista. Esto es así motivado al escabroso modelo que utilizó Chávez Frías, tanto para la implantación en el país del que también se conoce como “Socialismo del Siglo XXI”, así como para intentar su exportación hacia América Latina. Este modelo, que se fundamentó en la militarización de la mayor parte de las instituciones del Estado, el apoyo implícito a la corrupción y en la creación de estructuras ilegales o de estructuras legales pero paralelas a la institucionalidad estatal, funcionó más bien como una matriz que generó las condiciones ideales para la conformación de redes criminales relacionadas con el narcotráfico y de redes criminales de “cuello blanco”, las cuales tienen alcance transnacional y que como se señaló anteriormente representan una amenaza para la seguridad hemisférica y para la estabilidad regional. auto-denominado “revolucionario”, derivó en un estado de cosas que más bien permite asociar al gobierno venezolano con actividades ilícitas transnacionales y no con cambios radicales en el ámbito social y político. Tal situación, ha llegado al punto que permite que algunos autores califiquen a Venezuela como un “estado mafioso”, motivado al involucramiento cada vez más pronunciado de personeros civiles y militares de su gobierno en actividades atinentes a la delincuencia organizada transnacional.^[4]

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