PROYECTO FINAL grupos vulnerables

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María Guadalupe Guerrero Contreras u183059l0004.

Administración grupo 1.

28/NOV/2018.

INTRODUCCIÓN

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la  población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales.

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define un grupo vulnerable al que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas.

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta a  la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a cuatro grupos: Niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Una acepción más amplia refiere que, en general, los grupos mencionados, alimentariamente por definición, viven en condiciones de pobreza extrema. Los ingresos de los pobres extremos no les permiten adquirir una cantidad suficiente de alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente. En consecuencia estos ingresos tampoco les alcanzan para atender el resto de sus necesidades básicas como salud, vivienda y educación.

Esto es, la pobreza extrema configura una situación de vulnerabilidad. Si bien la vulnerabilidad de quienes padecen pobreza alimentaria es crítica, también son vulnerables aquellos que se clasifican en pobreza de capacidades. Estudios del Banco Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas es intrínseca a la pobreza, “Cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una estimación de los gastos necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y educación”

1. Víctimas del Delito. Las víctimas consideradas como las protagonistas olvidadas dentro de los sistemas de justicia quedan aún sujetas al desamparo institucional, situación que en un estado de derecho y por humanidad no puede tolerarse. El abandono de las víctimas, la violación a sus derechos humanos, la ausencia de una política criminal efectiva, la impunidad, y la inexistencia de instituciones victímales suficientes y adecuadas, son razones para generar los mecanismos que se orienten a la búsqueda de propuestas concretas para su atención rápida y eficaz. En México el tema de los derechos de las víctimas del delito durante muchos años ha padecido una desatención parecida al olvido; en toda la cadena procesal penal mexicana siguen siendo el eslabón más débil; ha sido neutralizada o excluida del derecho procesal penal.
2.  Niñez. la UNICEF denominado El estado mundial de la infancia, se señala que son tres las grandes amenazas que se ciernen sobre la niñez en todo el planeta: la pobreza, los conflictos armados y el SIDA. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
3.  Adultos Mayores. En nuestra cultura han ocupado un lugar especial en la transmisión de los valores y las tradiciones, representan una fuente de sabiduría, al ser poseedores de un conocimiento que la experiencia y en México existen leyes para la protección de los adultos mayores, que les otorgan derechos a una vida con calidad, un trato justo y digno, a una seguridad social, física y psicoemocional; a la salud y la alimentación, a una familia , a la educación y al trabajo, así como protección ante cualquier situación de explotación o maltrato. El desplazamiento de los adultos mayores en el sistema productivo, las condiciones propias de la edad, los hace susceptibles de ser relegados y poco considerados, es por ello por lo que es importante promover el respeto a los derechos de los adultos mayores, bajo una percepción sensible a sus condiciones de vida y posibilidades de participación en la sociedad con dignidad, reconocimiento y aprecio.
4. Discapacitados. En nuestro país, las personas con discapacidad también son uno de los grupos más vulnerables, por lo que viven una constante situación de exclusión y marginación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación que llevaron a cabo en 2005 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 90% de las personas con discapacidad afirma haber sido discriminada por su condición en México y el 52.1% considera que sus derechos no han sido respetados. Esta discriminación se da principalmente en el ámbito educativo, lo que después repercute en el acceso a oportunidades laborales.
5. Acceso a la educación. la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), de cada 100 personas con discapacidad, de 15 años o más:

• 33% son analfabetas.

• Sólo 7% tiene educación básica completa.

• Apenas 5% ha cursado algún grado de educación media superior.

• Únicamente 4% cuentan con educación superior.

 • Posiblemente esto se deba, en parte, a que la opinión ciudadana obstaculiza la inclusión educativa, ya que 1 de cada 3 personas considera que la calidad de la enseñanza disminuye en aquellas escuelas en donde hay muchos niños con discapacidad.

1. Oportunidad de empleo. la CDHDF, de cada 100 personas con discapacidad que trabajan:

 • 14% no percibe ingreso

• 23% gana menos de 1 salario mínimo

• 28% gana entre 1 y 2 salarios mínimos.

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