Populismo En Latinoamérica

Populismo en Latino América

El "populismo" (del latín "pueblo") es un término político usado para designar corrientes heterogéneas pero caracterizadas por su aversión discursiva o real a las élites económicas e intelectuales, su rechazo de los partidos tradicionales (institucionales e ideológicas), su denuncia de la corrupción política por parte de las clases privilegiadas, de la que el populismo tampoco escapa, y su constante apelación al "pueblo" como fuente del poder. Los personajes populistas se caracterizan porque afirman enfocarse en el pueblo y velar por éste.

La aparición del populismo como fenómeno social se liga a procesos de rápida modernización o cambio como una postura crítica ante los distintos grados de desarrollo que estos procesos pueden generar en las diversas clases o regiones de un país y en consecuencia una desigualdad en varios ámbitos de la sociedad. El término populismo se usa en política con dos acepciones diferentes; una de ellas tiene un significado positivo y la otra con una connotación peyorativa.

En algunos casos se identifica erróneamente el populismo con la demagogia: mientras ésta última está referida al discurso del político buscando influir en las emociones de los votantes, el populismo está referido a la medidas que toma un político, buscando la aceptación popular.

Populismo en América Latina

En América Latina los primeros ejemplos de gobiernos considerados populistas fueron Lázaro Cárdenas en México, Juan Domingo Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil.5 En la Argentina, en particular, las dictaduras que derrocaron sistemáticamente a los gobiernos democráticos, lo hicieron con el argumento de que se trataba de gobiernos populistas.[cita requerida]

En esta línea de crítica política, han sido cuestionados como populistas, tanto gobiernos de derecha como de izquierda: los primeros identificados con el sistema capitalista y el liderazgo de los Estados Unidos, y los segundos identificados con posiciones nacionalistas y una posición desligada de los Estados Unidos.[cita requerida]

En 2006, el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien realizara en su país reformas desrregulatorias, en un artículo titulado "El populismo amenaza con regresar a América latina", sostiene que entre los elementos que hacen que un gobierno no sea populista, se encuentran tener «políticas públicas prudentes y sensatas», así como un mayor acercamiento a Estados Unidos.

El regreso de Ibáñez (1952 – 1958)

En la primera elección presidencial en que las mujeres pudieron, al fin, ejercer su derecho a elegir al Jefe de Estado, resultó electo con un contundente apoyo el candidato independiente Carlos Ibáñez del Campo. De esta forma, el antiguo caudillo volvía a ocupar la Primera Magistratura, aunque esta vez lo hacía sustentado por la ciudadanía y no por medios que ponían en riesgo el orden constitucional y al sistema político tradicional.

Debido a la crisis económica que asolaba al país y al enorme descontento en que estaba sumida la mayoría de la población nacional, la campaña de Ibáñez se centró en ofrecer a la ciudadanía las soluciones que la clase política tradicional no había logrado poner en práctica y por ello el lema de su candidatura rezaba “El General de la Esperanza”; de hecho, Ibáñez prometía “barrer” con los problemas que afectaban a los chilenos, y por tanto (acorde con su lema) una escoba era utilizada como imagen ancla de su candidatura.

De la misma forma que en su anterior arribo a La Moneda, Ibáñez aglutinó un numeroso apoyo electoral sin contar para ello con los referentes políticos tradicionales, lo que en la práctica le significó convertirse en el candidato de una gran cantidad de personas que no se hallaban representados y que se consideraban independientes; además, la postura de Ibáñez logró concitar el interés de militantes del Partido Socialista y de algunos simpatizantes de la derecha tradicional, que veían en él a una alternativa capaz de resolver los problemas de gobernabilidad que afectaban a la nación tras la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la ruptura del Frente Popular y el progresivo declive del Partido Radical, el antiguo arbitro de la política chilena.

Uno de los problemas más relevantes que Ibáñez prometió barrer fue el la creciente inflación que afectaba a la economía chilena, y que impactaba directamente en el poder adquisitivo de los chilenos, en especial en los segmentos de la población más cadenciados. A la inflación estructural del modelo económico chileno, se sumaba el hecho de que para atenuar las drásticas consecuencias de la Gran Crisis, los gobiernos de turno implementaron la práctica de emitir circulante para paliar la falta de liquidez y el déficit fiscal.

A pesar de que durante la segunda administración Alessandri, el ministro de Hacienda redujo la expansión monetaria, con la llegada de los radicales al gobierno se retomaron las políticas expansivas, y con ello se reactivó el fenómeno inflacionario; es preciso señalar que la expansión del circulante en este periodo se debió a la necesidad de financiar las políticas desarrollistas adoptadas por los radicales, al progresivo crecimiento del aparato burocrático del Estado y al aumento de las remuneraciones, hechos que se matizaron con la contracción que sufrieron los mercados globales al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Con la promesa de controlar la inflación como mayor arma electoral, el candidato Ibáñez logró ganar las elecciones presidenciales de 1952, en donde se impuso al abanderado socialista Salvador Allende, quién en los próximos años desempeñaría un rol determinante en la historia de nuestro país.

Una vez que Ibáñez confirmó su retorno a La Moneda, los principales esfuerzos de su gobierno se pusieron en frenar la inflación y para ello se llevó a cabo la contratación de una firma consultora estadounidense, hecho que en nuestro país se conoció como la misión “Klein-Sacks”, y que tenía como propósito efectuar un estudio sobre la realidad económica chilena y generar un programa de medidas que impactaran sobre el fenómeno inflacionario. Entre las recomendaciones planteadas por la misión Klein-Sacks se hallaban propuestas como reorganizar y racionalizar el aparato burocrático del Estado, el establecimiento de políticas crediticias para impulsar a la industria interna, una reforma que redujera el entramado de las remuneraciones y los subsidios estatales, además de una severa reformulación de las políticas tributarias.

La mayor parte de las medidas no fueron puestas en práctica, ya que el gobierno de Ibáñez basaba su apoyo ciudadano en la red de ayuda social que había montado a través de la expansión monetaria, por ello la trascendental reforma tributaria no se llevó a cabo y mucho menos se recortó el gasto social por la impopularidad que estos ajustes causarían en el electorado. En consecuencia, tras la misión Klein-Sacks, la inflación en Chile siguió creciendo, alcanzado cifras del 80%.

Como señalamos anteriormente, el regreso de Ibáñez a La Moneda fue apuntalado durante una campaña de corte populista que consiguió desmarcarse del discurso político tradicional, el que luego del fracaso radical había caído en el desprestigio de la civilidad. Por ello, otra característica esencial del segundo gobierno de Ibáñez fue su anómala forma de relacionarse con el Poder Legislativo.

Debido al tono populista del gobierno de Ibáñez, las relaciones con el Congreso fueron dificultosas por carecer el ibañismo de interlocutores que facilitaran el dialogo con los parlamentarios, lo que poco a poco se fue convirtiendo en un síntoma de la poca legitimidad que el estilo autoritario y parco del General de la Esperanza provocaba en la ciudadanía. Y, aunque Ibáñez obtuvo una alta mayoría en las elecciones de 1952, todas sus iniciativas carecían de respaldo para ser puestas en práctica.

Con la necesidad de sustentar parlamentariamente su programa de gobierno, Ibáñez salió a la conquista de Congreso en las elecciones legislativas de 1953 con el lema “Un Parlamento para Ibáñez”, estrategia que le granjeó una relativa mayoría de 74 diputados sobre un universo de 147. Sin embargo, este triunfo no le permitió al General ubicar a sus diputados en la Mesa Directiva; a ello se sumó el hecho de que a una de las principales líderes del sector ibañista, la diputada electa María de la Cruz, se le impidió asumir su cargo mediante una serie de acusaciones que se levantaron en su contra.

Dadas las circunstancias, Ibáñez no conseguía concretar sus iniciativas de gobierno y ello sumía a nuestro país en una crisis de gobernabilidad, que los partidos políticos aprovecharían para recuperar el terreno perdido frente al populismo ibañista. La consecuencia más grave de la inactividad en que había caído la administración de Ibáñez era la nula capacidad del ministerio de Hacienda para revertir la situación económica y para frenar la inflación.

El quiebre de las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento y las crisis de gobernabilidad se hicieron evidentes cuando el Congreso, haciendo uso de una prerrogativa que le concedía la Constitución de 1925, levanto una inédita acusación constitucional contra el presidente Ibáñez, marcando un hito en la historia constitucional de nuestro país.

En el aspecto laboral, durante el gobierno de Ibáñez los trabajadores

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