Víctimas de Delito

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el país atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, más de miles de personas han perdido la vida en los últimos cinco años, así como personas desaparecidas, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (aunque hay informes de la sociedad civil que contabiliza más de veinte mil víctimas), a lo anterior hemos de sumar los incontables y cada vez más frecuentes casos de violación sexual, feminicidio, secuestro explotación laboral y sexual infantil, trata de personas y otros delitos cometidos principalmente por particulares. Todo esto, genera un profundo impacto social y económico, a la vez humano. México se ha vuelto una inmensa fábrica de víctimas, y al momento no parece haber disposición por parte de las autoridades de hacerse cargo de esta población agraviada que demanda lo razonable que es: justicia, asistencia, protección y reparación del daño. Un Estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las víctimas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que el propio estado tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas o a sus familiares encontrar un acceso oportuno y suficiente a los sistemas de justicia que ponderen antes que la revictimización a la población o a la perpetuación de la indiferencia hacia la víctima, la creación de mecanismos que contribuyan a eliminar la injusticia y la inequidad y busquen reparación integral de sus daños.

Es apenas, que en cualquier medio informativo como la televisión, periódicos o radio, está aumentando día a día la noticia de dar a conocer a la sociedad los atropellos, los malos tratos y la falta de apoyo por las autoridades a las víctimas de algún delito, aunque prácticamente esto esreciente, pues siempre ha estado en el olvido aquella persona que ha denunciado en su agravio alguna conducta delictiva, a pesar de que existen garantías individuales de todo víctima u ofendido, se siguen violando estos derechos, ya sea por la autoridad administrativa del Ministerio Público o por la autoridad judicial, cuando se lleva un proceso penal, pues también el mismo Juez de la causa y no se diga el secretario de acuerdos, violentan esos derechos que constitucionalmente se encuentra establecidos, para que estrictamente sean cumplidos, además que no le brindan las facilidades de un buen servicio a las víctimas.

Por ello la víctima u ofendido de un delito debe tener un asesor jurídico, para que le informe sus derechos, lo oriente y además lo represente en juicio, pues solamente de esta manera existiría un equilibrio jurídico de las partes procesales, de acuerdo a la Carta Magna, el Agente del Ministerio Público, tiene una función de Representante Social, con la obligación de informar del procedimiento penal y asesorar a la víctima, cosa que en muchas ocasiones no sucede, pues algunos funcionarios con ese cargo, dicen que existe mucha carga de trabajo y en efecto, un agente del Ministerio Público en Integración de averiguaciones previas, tiene hasta quinientas a su cargo con dos oficiales secretarios, y un Representante Social adscrito a un juzgado, lleva hasta ciento cincuenta causas penales, este último en un año, pero otros servidores públicos con esa función, no son capaces de llevar una integración o un proceso penal, y tampoco brindar un buen servicio a las víctimas u ofendidos, pues los tratan despóticamente y no les reciben pruebas. “La presencia del asesor aporta al procedimiento un mejor equilibrio entre los sujetos que intervienen en la relación jurídica, con intereses enfrentados: el imputado, asistido por el defensor, y el ofendido, apoyado por el asesor jurídico. Esta garantía reconoce que el M.P: no ha sido un eficaz defensor de los derechos patrimoniales específicos de la víctima”.

DESARROLLO

Partiendo de que  es víctima se entiende como aquella persona o animal que sufre un daño o perjuicio por culpa ajena o por una causa fortuita, cuando el daño es ocasionado por una persona, ésta recibe el nombre de victimario.

Este concepto aceptado en los instrumentos internacionales se considera como las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen legislación penal vigente, incluida la que proscribe el abuso del poder.

Históricamente las víctimas, para el derecho penal, pasaban inadvertidas; su participación de limitaba a la coadyuvancia en la integración de culpabilidad, así como la reparación del daño, había sido mudo testigo de la falta de equilibrio que genera el procedimiento penal. Actualmente, las víctimas son titulares de derechos humanos y por ende el estado se obliga generar a través de la legislación políticas protectoras, infraestructura y personal calificado para su atención, para ello debe contemplar su atención y participación en los códigos, las leyes y los reglamentos.

Las víctimas constituyen una parte sustantiva de los objetivos y estrategias de trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA), creado en el año 2000, en el nuevo contexto jurídico y de operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, se convertiría en un puente entre las víctimas y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y locales, y con las demás instituciones públicas que forman parte de éste, cuya facultad es medularmente proporcionarles asistencia y apoyo.

Consciente que la atención y reparación del daño a las víctimas demanda el esfuerzo y colaboración de todas las instituciones del Estado Mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará apoyándolas de manera directa, como lo ha venido haciendo desde hace 17 años que se estableció PROVÍCTIMA, proporcionándoles atención psicológica de contención y asesoría jurídica.

Con este nuevo marco jurídico la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas, creada en septiembre de 2011 para proporcionarles asistencia y apoyo, se trasformó en enero de 2014, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, instancia facultada para proporcionarles asesoría jurídica y que cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

En México se denomina víctimas aquellas personas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o de derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos, mismas que deben disfrutar de los derechos reconocidos por la ley. En la actualidad muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas; con un 46.2% de la población que vive en condiciones de pobreza y el 10.4% en condiciones de pobreza extrema. Además de la falta de justicia social se suman los escenarios de violencia que ha padecido en México en recientes fechas, ambos fenómenos actuando de forma conjunta han degradado el tejido social y han afectado sobre todo a los grupos sociales que se encuentran expuestos a condiciones de mayor vulnerabilidad.

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