Chile: la revolución que no fue

MIRES, F. “Chile: la revolución que no fue” en La rebelión permanente.

CONSIGNAS

1. Caracterizar la Unidad Popular y su programa de gobierno.

2. ¿Qué vínculos mantiene el gobierno de Allende con los sectores populares chilenos?

3. ¿Cuáles fueron las respuestas que dieron los partidos políticos de oposición al gobierno de la unidad popular? ¿Qué actitudes desarrollan los sectores empresariales?

4. ¿Cuál es la política que llevó adelante el gobierno de la unidad popular en relación a los militares?

1) Mires plantea que la Unidad Popular tenía dos pecados originales: la fijación al Estado y el propio programa de gobierno.

A pesar de las diferencias existentes entre los partidos que conformaban la UP (Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical, Movimiento de Acción Popular Unitario, Partido de izquierda Radical, la Izquierda Cristiana), la entendían como una fuerza revolucionaria que, a través del gobierno, “ocupaba” el “Estado burgués”, desde donde crearía condiciones para transitar hacia el socialismo apoyándose en la movilización de “las masas”, dirigidas por el “proletariado”. Vista sí la realidad, la llamada “vía pacífica” aparecía como una opción libremente elegida por la izquierda, frente a la otra opción “posible”, la de la “vía armada”.

La UP era pues parte de la continuidad política chilena. Sus partidos más pequeños también eran de neta raigambre parlamentarista. El MAPU y la Izquierda Cristiana venían nada menos que da la DC. El Partido Radical era el resto de un partido histórico que durante más de dos décadas fue el representante de las clases medias. La izquierda chilena era simplemente una asociación de partidos parlamentarios de izquierda que rotaban en torno al eje comunista-socialista.

La adhesión al Estado, por una parte, y la autodefinición revolucionaria de los partido de la UP, por otra, originarían en muchos militantes de izquierda un extraña ideología en donde se mezclaba la idea leninista del asalto al poder con la fidelidad más estricta a las instituciones gubernamentales. A fin de reconciliar lo irreconciliable, algunos consejeros de gobierno inventaron la absurda tesis relativa a la constitución de un doble poder dentro del Estado. El poder revolucionario, representado en el gobierno; y el poder contrarrevolucionario, en el parlamento. Tal visión estatista sólo podía acelerar el desarrollo de una posición contraria, sobre todo en el PS; llegó a adquirir notorios rasgos antigobiernistas y delegaba todas las iniciativas a un “movimiento de masas” al que se suponían en permanente disposición revolucionaria.

Por un lado, Allende censuraba a la Asamblea por no constituirse como poder alternativo, y luego destacaba que el gobierno no toleraba ese tipo de poder. Evidentemente, Allende en esos momentos estaba muy mal aconsejado. En esos momentos tenía lugar no una contradicción entre dos poderes excluyentes, sino entre una legalidad carente de contenido social y otra apoyada activamente por los sectores populares. Desautorizando iniciativas de apoyo como la Asamblea, el gobierno se arrinconaba cada vez más en el interior del estado, limitando así sus propias posibilidades de negociación con el centro político. El evidente apoyo popular que tenía el gobierno no se manifiesta así orgánicamente, sino en grandes manifestaciones populares convocadas por los partidos.

El segundo “pecado original” de la UP se encontraba en su propio programa, sobre todo en sus formulaciones económicas. Incluso la nacionalización del cobre era aprobada por los partidos de la oposición. Los trabajadores y empleados vieron de pronto notablemente aumentados sus ingresos, lo que no tardaría en activar las llamadas capacidades ociosas de la economía. El programa planteaba sólo desbloquear los llamados “obstáculos del desarrollo” “terminando con el poder del capital monopólico nacional y extranjero, y con el latifundio, a fin de comenzar la edificación del socialismo”. En el marco de ese proyecto era postulada una alianza económica entre una supuesta fracción de capitalistas nacionales como productores, y sectores asalariados (clase media y obreros) como consumidores. En el fondo se trataba de aplicar algunos criterios del tipo “keynesiano” a la economía chilena, esto es, activar el desarrollo por medio de la intervención técnica del Estado. El pequeño problema era que en Chile no existía una clase empresarial dispuesta a responder dinámicamente a los estímulos inducido por el Estado. Las razones son muy evidentes. La primera se encuentra en el marcado carácter parasitario y dependiente que había asumido el conjunto del empresariado local. Por ello, frente al aumento de la demanda, sólo reaccionó aumentando los precios y no la producción, como se esperaba. Así se desataría una inflación que tendría fatales consecuencias políticas. El programa de la UP no estaba hecho para una realidad como la chilena, pues la clase industrial, nacional y dinámica, modernista y desarrollistas, en otras palabras, aquella “burguesía nacional” destinada a convertirse en aliada antimperialista del “proletariado”, sólo existía en la imaginación de quienes lo concibieron. En lugar de ese empresariado, asomaba el feo rostro de una clase usurera, parasitaria y dependiente. Las medidas económicas de la UP provocaban exactamente efectos contrarios a los previstos.

2) De la misma forma que la lectura de los sectores empresariales era incorrecta, la de los sociales subalternos a los que el programa pretendía representar era definitivamente falsa. Además de la “burguesía nacional” la UP reconocía como sujeto a “la clase obrera”, a la que suponía integrada al gobierno a partir de “sus partidos” y de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores). Esa clase obrera, de por sí muy heterogénea, era dividida por el programa a través de la fijación de las “tres áreas de la economía”: La social (estatal), la mixta y la privada. Durante el gobierno quedaría asegurada la hegemonía del “área social” sobre las demás.

Los obreros que tuvieron la suerte de pasar a formar del “área social” tenían una gran cantidad de ventajas en comparación con los que trabajaban en las otras dos áreas. Para muchos trabajadores de las áreas mixtas y privadas, su situación no cambiaba nada con el nuevo gobierno y estaban obligados a contemplar cómo sus “hermanos de clase” obtenían privilegios y realizaban movilizaciones que a ellos, por decisión pragmática, les estaban prohibidas. El 60% de los trabajadores de chile no eran favorecidos por el programa de la

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