DERECHO BANCARIO

BANCO DE MÉXICO

HISTORIA SINTÉTICA

DE LA BANCA

EN MÉXICO

Eduardo Turrent

Banco de México2

Se entiende por intermediación bancaria el proceso por el cual una

empresa o varias se especializa en captar depósitos del público para proceder a

prestarlos. Hasta 1864 no había habido en México banca según el concepto

anterior, aunque si operaciones de crédito. Durante la Colonia el crédito fue

concedido de preferencia por las órdenes religiosas o los consulados de

comerciantes. Así, la banca en la historia de México se inicia en 1864, a partir

del establecimiento en la Ciudad de México de la sucursal de un banco

británico: The Bank of London, Mexico and South America en el inglés original.

En el Estado de Chihuahua y al amparo de concesiones expedidas por el

Ejecutivo local, surgieron el Banco de Santa Eulalia en 1875 y poco tiempo

después el Banco de Hidalgo. En la capital del país fue hasta el año de 1881

cuando bajo la presidencia de Manuel González, se funda el Banco Nacional

Mexicano con capital del Banco Franco Egipcio con sede en Paris. En 1883

Eduardo L’Enfer obtiene concesión para el Banco Mercantil, Agrícola e

Hipotecario y nuevamente en Chihuahua se establecen en ese año el Banco

Minero, el Banco de Chihuahua y el Banco Mexicano de Chihuahua.

Posteriormente, a partir de 1888 se establecen otros bancos, entre ellos dos de

emisión en el estado de Yucatán y algunos más en la capital del país.

Todas esas instituciones se habían creado bajo contratos distintos. Así,

lo anómalo de las concesiones bancarias que se habían otorgado no residió en

su número ni en su frecuencia sino en la extrema diversidad en sus términos y

cláusulas. Después de un intento fallido en 1890, en 1896 el entonces ministro

de Hacienda de Porfirio Díaz, José Ives Limantour inicia los trabajos para 3

expedir una ley bancaria al amparo de la cual pudieran uniformarse los

términos operativos y funcionales para los bancos que ya existían y para los

que se establecieran en el futuro. Desde el punto de vista de la especialización

para las instituciones, la Ley de Instituciones de Crédito que se promulgó en

1897 contempló tres modelos bancarios: bancos de emisión (bancos de

depósito y descuento con facultad para emitir billetes), bancos hipotecarios y

bancos refaccionarios. En resumen, hasta poco antes de que estallara la

Revolución en 1910 la estructura bancaria de México se encontraba integrada

de la siguiente manera: había 24 bancos de emisión entre los cuales se

contaban el Banco Nacional de México y el Banco de Londres que eran los

únicos cuyos billetes podían circular en todo el territorio nacional. Los billetes

del resto de los bancos de emisión sólo podían circular en la entidad federativa

a la que estuvieran cada uno de ellos adscrito. Por último, al anterior grupo se

sumaban dos bancos hipotecarios y cinco refaccionarios.

1. Paréntesis Revolucionario

La revolución maderista fue fundamentalmente una revolución política.

Desde el punto de vista bancario, la presidencia de Francisco I. Madero fue una

mera continuación de la herencia recibida del porfiriato. Así, durante esa

administración volvió a prevalecer un criterio favorable a la pluralidad de

bancos emisores. El gobierno de Madero, a través de la Secretaría de

Hacienda, intentó incluso aumentar el número de bancos de emisión con el 4

objeto de ampliar la red bancaria del país. Este panorama cambió radicalmente

a raíz de que el usurpador Victoriano Huerta derrocara a Madero y ese hecho

fuera el detonante para el inicio de la llamada revolución constitucionalista.

El esfuerzo militar del régimen de Huerta contra los revolucionarios

pronto colocó a sus finanzas en situación delicada. Por lo tanto, aparte de

intentar conseguir algunos créditos en el extranjero, el régimen de Huerta

impuso préstamos forzosos a los bancos locales. En ese orden, sobresalieron

dos de ellos impuestos a todos los bancos: el primero en el año de 1913 por un

saldo total de 18.2 millones de pesos y un segundo en 1914 por un poco más

de 41 millones de pesos. En suma, de febrero de 1913 a abril de 1915 los

bancos locales otorgaron créditos al gobierno del usurpador Huerta por un

total de casi 64 millones de pesos, cantidad de la cual poco más de 59 millones

correspondió a los dos préstamos generales arriba mencionados y el resto a

operaciones que se pactaron con instituciones específicas.

Esa primera etapa de la Revolución que culminó a principios de 1915 fue

particularmente dañina para los bancos. Los quebrantos que se resintieron

provinieron de tres fuentes: de los saqueos sufridos por las instituciones

durante la contienda, de los daños causados a los acreditados de los bancos y

de los préstamos obligatorios ya mencionados. En consecuencia, para

mediados de 1914 los billetes en circulación de los bancos más los depósitos a

la vista contaban con una garantía en metálico de tan sólo 26.5 por ciento

mientras que la ley exigía por lo menos 33 por ciento. Asimismo, una cartera 5

de difícil cobro había aumentado en el transcurso de dos años en más de 54

por ciento.

En agosto de 1915, el gobierno encabezado por Venustiano Carranza

intentó obligar a los bancos de emisión a colocarse dentro de los lineamientos

de la Ley Bancaria de 1897 o forzarlos a que pasaran a liquidación. Más

adelante, en septiembre de 1916 se modificó radicalmente dicho enfoque. El

gobierno declaró ilegal la existencia de esas instituciones y decretó que

deberían cubrir con metálico la totalidad de sus billetes en circulación y

proceder a su liquidación. Por fin, en el otoño de 1917 sucede lo inevitable y el

gobierno de Venustiano Carranza recurre a la incautación y al crédito forzoso

con los bancos, arrebatándoles la totalidad de sus reservas metálicas. El

periodo de incautación continuó hasta el epílogo del carrancismo en 1920 sin

que en ese lapso se pudiera consumar la liquidación de los bancos. Ya hacia el

final, Venustiano Carranza pareció suavizar un tanto su posición y en

septiembre de 1919 anunció que algunos de los bancos incautados podrían

reanudar sus negocios en el futuro. Sin embargo, esta determinación se

convertiría en letra muerta al tomar el poder político en México el grupo de los

sonorenses en cuyas filas sobresalían las figuras de Álvaro Obregón y Plutarco

Elías Calles.

El Periodo Reconstructivo

En el artículo 28 de la Constitución que se promulgó en 1917 quedó

consignado que en México la facultad de emitir billetes estaba reservada en 6

exclusiva para un Banco Único de Emisión que quedaría bajo el control del

Gobierno. Así, al sustentarse las bases jurídicas para el establecimiento del

Banco de México –que se fundaría hasta 1925— implícitamente quedó

cancelada la posibilidad de que los bancos privados pudiesen continuar

practicando la emisión. Consecuentemente, cualquiera que fuera el destino que

se discurriera para los bancos de depósito y descuento que habían sobrevivido

a la Revolución, éstos ya nunca más podrían poner billetes en circulación.

Respecto al futuro de esas instituciones, en 1921 la administración

encabezada por el presidente Álvaro Obregón decretó que los antiguos bancos

de emisión serían devueltos a sus propietarios y podrían reanudar sus

actividades en breve. Así, de las 22 instituciones que habían sido incautadas

durante el régimen encabezado por Venustiano Carranza, 16 reanudaron

operaciones durante el periodo obregonista y tan sólo seis tuvieron que cerrar

sus puertas por insuficiente solvencia.

Correspondió al régimen del presidente Plutarco Elias Calles (1924-1926)

proseguir con la rehabilitación y el desarrollo bancario del país. Por un lado,

después de realizar unos ahorros presupuestales notables para poder constituir

el capital del Banco de México, la institución abrió sus puertas en 1925. Ya

contando el país con el órgano llamado a fungir como núcleo del sistema

bancario, en 1926 se promulgó una nueva ley de bancos en la que, de acuerdo

con el esquema de especialización, se afinó la clasificación de las instituciones

de crédito del país. Según ese ordenamiento, serían instituciones de crédito los

bancos de depósito y descuento, hipotecarios, refaccionarios, de fideicomiso y7

de ahorro, los almacenes generales de depósito y las compañías de fianzas.

Una nueva ley bancaria expedida en 1932 afinó aún más esa clasificación e

introdujo un avance normativo muy importante: creó la figura de la institución

nacional de crédito (que fue el origen legal de la llamada posteriormente, banca

de desarrollo).

Al amparo de este último ordenamiento,

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