El Derecho De Propiedad Y La Extincion De Dominio

EL DERECHO DE PROPIUEDAD Y LA EXTINCION DE DOMINIO EN EL CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO.

El régimen del derecho de propiedad privada se deriva de lo establecido en el artículo 31 en relación con los derechos adquiridos así:

En primer lugar, la constitución reconocía los derechos adquiridos, y entre ellos el derecho de propiedad y les brindaba protección al punto que no podían “ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

En segundo lugar, la protección que el constituyente suministraba a los derechos adquiridos se encontraba condicionada, pues ella solo procedía respecto de aquellos que lo habían sido. “con justo título con arreglo a las leyes civiles” es decir, ya desde entonces, la protección que el constituyente brindaba la propiedad como derecho adquirido estaba condicionado a la legitimidad de su título originario.

En tercer lugar, el derecho de propiedad no tenía el carácter de un derecho subjetivo absoluto si no de un derecho limitado pues el interés privado debía ceder al interés público. “cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública, resultaba en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley”

Y en cuarto lugar, sujetaba la expropiación a una plena indemnización.

Advirtiese como en tal disposición constitucional concurrían:

Un reconocimiento expreso de los derechos adquiridos

Un condicionamiento de estos a la legitimidad de su momento originario

Un mandato de no desconocimiento y vulneración.

Un mandato de prevalencia del interés público sobre el interés privado

Un mandato de plena indemnización en caso de expropiación.

Este punto es importante destacar que el constituyente no previo a una regla jurídica expresa en cuanto a las consecuencias de ilegitimidad del título. Esta solo se obtenía por razonamiento a contrario: si se protegían los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles, los derechos que no satisfacían esa exigencia no se protegían. No obstante, las implicaciones de tal desprotección quedaron regaladas a la ley civil, atreves de la regulación de los títulos ilegítimos, y a la ley penal, atreves de la regulación de instituciones como el decomiso y el comiso.

En estas condiciones, el derecho de propiedad, obtenido con justo título, era objetivo de protección constitucional y si bien implicaba una amplísima capacidad de disposición, al punto que de acuerdo con el artículo 669 del código civil adoptado por la ley 57 de 1887, habilita al titular “para gozar y disponer de ella arbitrariamente” tenía carácter limitado pues , según la constitución y la ley podía ser objeto de expropiación por motivos de utilidad pública y su goce y disposición no debían ser “ contra la ley y el derecho ajeno “.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1936

Las reformas introducidas a ese régimen por el artículo 10 del acto legislativo No I del 5 de agosto de 1936 fueron sustanciales:

1) En primer lugar , se hizo referencia expresa al derecho de propiedad privada.

2) En segundo lugar , se incorporan los motivos de interés social para hacerlos prevalecer sobre el interés privado

3) En tercer lugar se estatuyo un mandato de acuerdo con el cual “la propiedad es una función social que implica obligaciones “.

4) Y en cuarto lugar, se faculto al legislador para ordenar, por razones de equidad expropiación sin indemnización previa.

Estas modificaciones permitieron consolidar definitivamente el constitucionalismo colombiano, las bases del estado social, afincando en la solidaridad, en la racionalidad de las relaciones económicas, en el ejercicio de los derechos en función del contexto social en el que se reconocen y comprometido con la satisfacción de los requerimientos primarios de las personas, de allí constitucionalmente se afectara el núcleo del derecho subjetivo individual por excelencia, la propiedad, y que se lo hiciera desplazando el señorito arbitrario que se ejercía sobre los bienes por su funcionalización hacia las demandas sociales de generación de riqueza y bienestar social.

De este modo, el régimen del derecho de propiedad privada, después de la reforma constitucional de 1936, era el siguiente:

1) Reconocimiento expreso del derecho de propiedad privada.

2) Reconocimiento expreso de los derechos adquiridos.

3) Condicionamiento de la adquisición de aquel y estos aun justo titulo

4) Un mandato de no desconocimiento y vulneración.

5) Un mandato de prevalencia de interés público y del interés social sobre el interés privado

6) Una concepción de la propiedad en cuanto función social.

7) Un mandato de indemnización en caso de expropiación

8) La faculta legislativa de prescindir de tal indemnización por razones de equidad

Con todo, aun después de esta reforma no 0065istia una regla constitucional expresa referida a las consecuencias derivada de la adquisición del derecho de dominio atreves de títulos ilegítimos.

Como puede advertirse, mediante la reforma constitucional de 1936 se limito mucho más el derecho de propiedad. Hasta entonces existían como limites un acondicionamiento; un mandato de prevalencia del interés público sobre el interés privado, con la expropiación como su principal manifestación, y la ley y el derecho ajeno como limites a su ejercicio arbitrario. Pero a partir de 1936, el panorama cambio. Así, el mandato de prevalencia se amplió, pues también el interés social primaba sobre el interés privado; a la ley al derecho ajeno como límites al ejercicio arbitrario de la propiedad se sumó su función social y las razones de equidad podían hacer viable una expropiación sin indemnización.

Las consecuencias de la ilegitimidad del título surgieron relegadas a la ley. Igual cosa ocurrió con las consecuencias del incumplimiento de la función social de la propiedad, pues, como luego se verá, a partir, de entonces una copiosa legislación, se abrió camino a la extinción del dominio como una consecuencia

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