“La supervivencia de la democracia en América Latina (1945-2005)”

Pérez-Liñán,  Aníbal y  Scott Mainwaring.  2014.  “La  supervivencia  de  la  democracia  en América  Latina  (1945-2005)”.

AÑO: 2014

Para comenzar a hablar del texto, se puede decir que los autores lo que se proponen es poder entender, de forma innovadora, cómo es que han sobrevivido  o se quiebran las democracias, particularmente en el contexto de América Latina,  entendiendo  la dinámica de los regímenes en términos de los actores históricos concretos. Es decir, para ellos, la supervivencia o caída de los regímenes competitivos depende del comportamiento de los líderes y partidos políticos, los militares y otros actores claves.

En la misma línea, afirman que  las democracias tienen mayores probabilidades de sobrevivir cuando los actores políticos poseen fuertes preferencias normativas por este régimen y cuando los actores muestran moderación en sus opciones de política.

La evidencia empírica también muestra que los regímenes democráticos son menos vulnerables a las quiebras cuando el entorno político regional contribuye a la proliferación de valores democráticos a nivel local.

Asimismo, enuncian la perspectiva de otro autor, Guillermo O` Donnell, en la cual sostiene que cuando los actores valoran normativamente (es decir, intrínsecamente) la democracia en tanto que régimen político, sus chances de supervivencia se ven fortalecidos.

En lo puntual, hablarán sobre regímenes competitivos, desde el año 1945 hasta el 2005, y detallan que durante este periodo, veinte países de A.L vivieron en total 664 años bajo regímenes competitivos ( aunque también se incluye el análisis de “semidemocracias”... nombrados por ellos como democráticos) y durantes estos años-régimen se sufrieron 26 quiebres.  El análisis explora por que ( y cuando) se quiebran los regímenes competitivos o, a la inversa, que factores contribuyen a su supervivencia.

• Clasificación de los regímenes políticos en America Latina, 1945-2010.

Lo que harán es agrupar las democracias y semidemocracias en una categoría amplia de regímenes competitivos, y autoritarismos.

Esta clasificación parte de una definición de democracia que abarca cuatro dimensiones: Primero: el jefe de de gobierno y la legislatura deben ser elegidos a través de elecciones abiertas, justas y competitivas . Las elecciones deben ofrecer la posibilidad de alternancia en el poder, incluso si esa alternancia no se produce efectivamente durante un período prolongado, como en el caso de Japón.

Segundo, hoy en día la definición de ciudadanía debe incluir a la gran mayoría de la población adulta. Para el período contemporáneo, esto significa que debe existir algo aproximado al sufragio universal para las personas adultas. Tercero, las democracias deben proteger los derechos civiles y políticos, como la libertad de prensa, de expresión, de organización, el derecho al hábeas corpus, etc. Si el gobierno es elegido en elecciones libres y justas con un alto nivel de participación electoral, pero no se garantiza efectivamente la protección de los derechos civiles y políticos, el régimen no es democrático.

El componente liberal –la protección de las libertades individuales– es un elemento necesario de toda democracia contemporánea. Cuarto, las autoridades electas deben ejercer efectivamente el poder, lo cual no ocurre cuando los funcionarios elegidos son eclipsados por los militares o por cualquier otra figura política no electa (J. S. Valenzuela 1992). Si las elecciones son libres y justas pero resultan en un gobierno incapaz de controlar las principales políticas, entonces el gobierno no es democrático.

A partir de estas cuatro dimensiones, se clasifican los gobiernos como competitivos (democráticos y semi democráticos) o autoritarios usando una simple regla de agregación.

 Cuando los gobiernos no cometen ninguna violación importante de ninguno de los cuatro criterios, son codificados como democráticos. Cuando violan de manera parcial pero no flagrante alguno de los principios, los tratamos como semidemocracias. Por último, se consideran autoritarios cuando violan de manera evidente uno o más criterios.

•  El radicalismo y las preferencias normativas por la democracia de los actores

En este apartado dirán que la estabilidad o caída de un régimen competitivo depende de dos causas relativamente próximas: si los actores muestran una preferencia por las políticas radicales y si tienen lo que se denomina preferencias normativas por la democracia. Las preferencias de políticas de los actores van desde la moderación hasta el radicalismo, y algunos también desarrollan preferencias normativas por la democracia. El radicalismo o la moderación en las preferencias de políticas públicas y las normativas sobre el régimen son componentes clave, razonablemente específicos, y empíricamente medibles de las creencias políticas de los actores.  Estos no responden automáticamente a su ambiente: sus creencias afectan sus respuestas ante una determinada situación en un determinado ambiente (aunque generalmente tienden a ser estables).

La primera hipótesis afirma que la presencia de actores radicales poderosos dificulta el sostenimiento de los regímenes competitivos. El nivel de radicalización y el poder de estos jugadores determina cuán amenazados se sienten otros actores arraigados en el sistema político por el establecimiento de la democracia política. Algunos actores poderosos están dispuestos a subvertir el régimen competitivo para proteger sus intereses en caso de un nivel elevado de radicalización, ya sea que esta se produzca en el gobierno o en la oposición.

Los actores son radicales cuando sus objetivos de política pública están ubicados en uno de los polos del espectro político y  cuando expresan urgencia para alcanzar estos objetivos o  defienden esas posiciones de manera intransigente. En otras palabras, se trata de preferencias intensas: los actores radicales no están dispuestos a negociar o a esperar para alcanzar sus objetivos de política pública.

Por otro lado, explayaran que una preferencia normativa por la democracia significa que un actor valora intrínsecamente la democracia, más allá de las políticas públicas que esta genere. Estos actores tienen un compromiso ideológico con la democracia por considerarla el mejor tipo de régimen político, y este compromiso se expresa en su disposición a incurrir en costos políticos para defender el régimen competitivo. (Son diferentes de los comportamientos de tipo estratégico, coyuntural u oportunista según el cual un actor apoya el régimen dependiendo de los resultados de las políticas implementadas).

El reconocimiento de la derrota electoral, en lugar del cuestionamiento del resultado adverso, es uno de los indicadores de compromiso con los principios del régimen democrático.

La segunda hipótesis se centra en que una fuerte preferencia normativa por la democracia fortalece a los regímenes competitivos. Una fuerte preferencia normativa por la democracia limita la forma de perseguir objetivos políticos: si los actores valoran el régimen de manera intrínseca, entonces tendrán mayor propensión a tolerar políticas que perjudiquen sus intereses porque las perciben como decisiones vinculantes y legítimas. Asimismo, tendrán una mayor propensión a rechazar políticas que los beneficien si estas no son implementadas por un régimen legítimo.

Aunque muchos trabajos han enfatizado la importancia de las preferencias normativas de los actores, la demostración empírica de este argumento resulta compleja cuando se estudia una gran cantidad de países y largos períodos de tiempo. No existe un análisis cuantitativo previo en esta línea debido a problemas de conceptualización, medición, recolección de datos y endogeneidad.

•  La codificación del radicalismo y de las preferencias normativas por la democracia.

Puntualmente, los investigadores codificaron a los actores políticos como radicales cuando satisfacían alguna de las siguientes condiciones: (1) el actor expresaba una preferencia inflexible por las políticas de izquierda o de derecha en el corto plazo, o por preservar estas políticas extremas cuando ya hubieran sido adoptadas; o (2) expresaba su deseo de subvertir el orden legal para alcanzar sus objetivos de política pública. El gobierno también fue codificado como radical si: (3) implementó políticas que polarizaron a la sociedad y que impusieron costos significativos a otros actores de manera deliberada (por ejemplo, las expropiaciones sin compensación, o las normas laborales represivas para aumentar la oferta laboral). Los actores no gubernamentales fueron codificados como radicales si: (4) emprendieron acciones violentas destinadas a imponer o impedir un cambio significativo en las políticas públicas.

La mayoría de los actores rinden algún tipo de tributo a la democracia, de modo que el equipo de investigadores documentó principalmente la ausencia de una preferencia normativa por la democracia. Los actores fueron codificados como carentes de esta preferencia si mostraban al menos una de las siguientes características: (1) expresaron ambivalencia acerca de la democracia o cuestionaron el carácter «burgués», «liberal» o «formal» de la democracia; (2) expresaron hostilidad hacia las instituciones democráticas (partidos políticos, legislaturas, cortes de justicia, organismos electorales) en lugar de desafiar sus decisiones concretas; (3) cuestionaron la validez de los procesos democráticos cuando produjeron resultados desfavorables; (4) afirmaron ser los únicos representantes del pueblo; (5) cuestionaron la legitimidad de toda oposición externa a algún movimiento mayoritario nacional; o (6) constantemente acusaron a los opositores pacíficos de ser enemigos del pueblo o del país. Los funcionarios del gobierno también fueron codificados como carentes de preferencias normativas por la democracia cuando: (7) introdujeron programas de adoctrinamiento partidario en el sistema de educación pública o en los círculos militares y cuando (8) manipularon frecuentemente las reglas institucionales para obtener ventajas políticas. Los actores no gubernamentales fueron considerados carentes de preferencias normativas por la democracia cuando: (9) expresaron su intención de subvertir el orden constitucional; o (10) cuando aceptaron el uso del fraude, de la exclusión política o de la violencia con objetivos políticos.

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