DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y GARANTISMO LEGAL.

El derecho penal del enemigo es el conjunto de normas y penas que se le aplican a una persona, dentro de una sociedad o régimen jurídico por el solo hecho de considerarlo peligroso.

A lo largo de la historia diversos autores se han referido al mismo como aquellas normas conducentes a tratar al autor como fuente de peligro o como medio para intimidar a otro. En ese sentido, la coacción o la pena que se aplica va dirigida no hacia una persona en derecho, si no contra un individuo peligroso, que en cierta manera es “expulsado de su esfera jurídica de ciudadano” para convertirse en un sujeto peligroso cuyo derecho a que se respeten sus garantías, se ve reducido e incluso ignorado.

Autores como Rousseau consideraban a estos sujetos como “malhechores que atacaban el derecho social, dejando de ser miembros del estado por hallarse en guerra con este… al culpable se le hace morir más como enemigo que como ciudadano”. De modo similar argumenta FICHTE: «quien abandona el contrato ciudadano en un punto en el que en el contrato se contaba con su prudencia, sea de modo voluntario o por imprevisión, en sentido estricto pierde todos sus derechos como ciudadano y como ser humano, y pasa a un estado de ausencia completa de derechos”

De lo anterior, podemos observar que el concepto del derecho penal del enemigo sigue siendo el mismo que el que se concibe en la actualidad, es un derecho que se le aplica a aquellas personas que van en contra de su sistema y justamente sabemos que están en contra porque han incumplido con normas que ponen en riesgo a la sociedad, ponen en riesgo los valores más importantes e incluso derechos fundamentales y por lo tanto se les conoce como enemigos; enemigos que ciertamente pierden sus derechos como ciudadanos e incluso como seres humanos.

En este sentido podríamos ver al derecho penal del enemigo como la eliminación de un peligro, sin embargo es una postura muy arriesgada para toda sociedad, ya que estaríamos llegando al punto en el que la función de la pena, perdería el verdadero sentido de la misma que es la reinserción a la sociedad. Nos exponemos a que se nos aplique una pena por la peligrosidad que pudiéramos llegar a representar para la sociedad y no por los hechos cometidos, además de que las penas se verían exageradamente aumentadas, se perderían los principios de legalidad y seguridad jurídicas del derecho penal y de nuestras leyes así como todo tipo de garantía fundamental.

Por otra parte, tenemos un sistema penal garantista como el que propuso Ferrajoli, quien observa al derecho como el garante de que se delimite el poder en una sociedad o estado de derecho, un derecho como garantía de los débiles frente a los fuertes. Un derecho que además de satisfacer la legitimación formal, satisfaga los criterios exigidos por los derechos fundamentales y creo

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