PAE I política económica en Costa Rica

El PAE I.

La aprobación en 1985 del PAE I supuso todo un cambio en la manera de concebir la política económica en Costa Rica. Los fines perseguidos con el PAE I eran la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica. Y para alcanzar estos fines se diseñaron cinco paquetes de medidas económicas: políticas de exportación, comercio e industria, política agrícola, política del sector financiero, política del sector público y política redistributiva.

Las políticas de exportación, comercio e industria se centraban en aumentar las entradas de divisas en el país por medio del crecimiento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales a nuevos mercados distintos del MCCA. Entre las principales medidas podemos destacar: la aplicación de un tipo de cambio flexible a través de minidevaluaciones periódicas; la reducción de la protección efectiva por medio de la eliminación de las exenciones de derechos de importación, de la creación de un nuevo sistema arancelario (con reducción generalizada de aranceles) y de la creación de un nuevo régimen de incentivos fiscales (basado en la eficiencia, la democratización de la propiedad, la creación de empleo y el uso de recursos nacionales); la eliminación de los impuestos a la exportación de productos no tradicionales destinados a nuevos mercados y del impuesto al diferencial cambiario; y la creación de un sistema de incentivos a la exportación de productos no tradicionales a nuevos mercados, basado en la concesión de contratos de exportación por medio de Consejo Nacional de Inversiones (que incluirían la exención del cien por cien del impuesto de la renta generada en estas actividades, la exención de los impuestos de importación de los insumos usados en dichas actividades y los beneficios del sistema de tráfico de perfeccionamiento).

En cuanto a la política agrícola, ésta se articuló según las siguientes medidas: un nuevo sistema de incentivos a la producción agropecuaria para la exportación tanto de cultivos tradicionales como nuevos (aceite de coco, piña, jugos cítricos, nueces de macadamia y marañón); la revisión del anterior sistema de incentivos y de control de precios para aproximar los precios agropecuarios domésticos a los internacionales; la reforma del CNP al objeto de reducir pérdidas; el apoyo financiero a los agricultores; y el desarrollo de la investigación agrícola dirigida hacia productos exportables.

El tercer bloque de medidas fue el relacionado con el sector financiero y entre ellas podemos citar: la elevación y el mantenimiento de los tipos de interés reales en niveles positivos equiparables a los tipos internacionales, por lo que aumentarían la mayoría de los tipos vigentes en el Sistema Bancario Nacional por encima de la inflación; una política de recursos financieros basada en la concesión de créditos según la rentabilidad del proyecto, la limitación del crédito gestionado por la banca pública y la determinación de la composición de la cartera de los bancos privados; y una reforma del sistema financiero, a través de la Ley de la Moneda y la Ley Orgánica del Banco Central, que permitiría el acceso de la banca privada a la financiación directa del BCCR con los fondos procedentes de la ayuda internacional, el acceso de la banca privada a los fondos de financiación de las exportaciones y la posibilidad de otorgar préstamos en moneda extranjera al sector privado al tipo de cambio interbancario.

Las medidas orientadas hacia las transformaciones estructurales en el sector público pueden resumirse de la siguiente forma: la aprobación de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para controlar el déficit público, además de para incorporar algunas medidas de naturaleza estructural; la congelación de contrataciones y salarios en el sector público, salvo contadas excepciones; la reestructuración de la administración pública, en especial los Ministerios de Educación y Salud, la CCSS y otras instituciones y organismos autónomos (ICE, ICT, INS, INFOCOOP, BPDC, RECOPE); la asistencia técnica internacional en el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN); una política de endeudamiento externo basada en la necesidad de autorización administrativa del BCCR, el MIDEPLAN y la Autoridad Presupuestaria para nuevos empréstitos, en una limitación anual del nuevo endeudamiento externo y en la imposibilidad de acometer proyectos de inversión dependientes del empréstitos externos si estos no hubiesen sido desembolsados; una reorientación de la inversión pública hacia la agricultura de exportación y los proyectos ya comenzados de energía y transporte, dejando el sector industrial en manos de la iniciativa privada apoyada con créditos e incentivos; y la reforma en profundidad de CODESA basada en cuatro actuaciones, la reducción de su carga financiera (cerrando algunas filiales y vendiendo la totalidad o parte de las acciones de otras), la reorientación de la inversión hacia pequeños proyectos agroindustriales del sector privado con alto contenido social y proyectos de exportación de productos no tradicionales a terceros mercados, la reducción de su participación en las empresas a no más del 30% del capital renunciando además a su administración y, por último, el ajuste de sus estados financieros.

El último bloque de medidas tenía un carácter redistributivo centrándose éstas en: los planes de desarrollo rural integral para permitir el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra; el fomento de las cooperativas de trabajadores y de las empresas con participación de éstos; y las políticas de vivienda y reforma agraria que aumentarían la demanda de los estratos de renta más bajos, cuyo contenido de bienes importados era menor.

Como puede apreciarse, bajo el PAE I se recogieron las líneas generales de lo que fue la política económica estructural de Costa Rica entre 1984, en que inician las negociaciones con el Banco Mundial, y 1989, en que se firma el PAE II.

Las medidas adoptadas al amparo del PAE I rompieron con la tónica general de la política económica implementada en Costa Rica desde 1948, basada en el aumento progresivo del intervencionismo estatal y en el estímulo de la demanda interna. La toma de conciencia por parte de la Administración Monge de la necesidad de desarrollar el sector exportador como fuente de las divisas que el país requería para financiar sus importaciones, así como de la necesidad de sanear un sector público tremendamente endeudado, junto con los 80 millones de dólares del SAL I, llevaron al

...