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El primer período presidencial de Juan D. Perón se extendió entre el 4 de junio de 1946 y el 4 de junio de 1952. Entre las acciones más destacadas se encuentra la conformación de un extenso Estado de Bienestar, con eje en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Fundación Eva Perón, una amplia redistribución de la riqueza a favor de los sectores más postergados, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, una política económica que impulsó la industrialización y la nacionalización de sectores básicos de la economía y una política exterior de alianzas sudamericanas apoyada en el principio de la tercera posición. En el mismo período se realizó una reforma constitucional que sancionó la llamada Constitución de 1949.En el ámbito partidario unificó los tres partidos que habían sostenido su candidatura (Laborista, UCR-JR e Independiente) en el Partido Peronista y apoyó la fundación del Partido Peronista Femenino en 1949.

Durante el gobierno de Perón se profundizó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria ligera que se venía impulsando desde la década anterior. Perón también invirtió fuertemente en la agricultura, especialmente en la siembra de trigo.

Ante la falta de divisas, producto del estancamiento del sector primario, con las que se importaban los bienes de capital e insumos necesarios para el proceso de industrialización, en 1946 Perón nacionalizó el comercio exterior mediante la creación del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) que significaba el monopolio estatal del comercio exterior. Éste le permitió al Estado obtener recursos que utilizó para redistribuir hacia la industria. Dicho intercambio intersectorial del sector agrario a la industria, provocó conflictos con algunas asociaciones patronales agropecuarias, en especial la Sociedad Rural Argentina.

• Ley del voto femenino

Desde fines del siglo XIX las mujeres argentinas venían luchando por la obtención de sus derechos cívicos. Cecilia Grierson, aquella notable mujer que había decidido estudiar medicina para curar a su amiga Amalia Koenig que padecía una enfermedad que por entonces era incurable, transformándose en la primera mujer que pudo graduarse como médica en 1889, participó en aquel mismo año en Londres del Segundo Congreso Internacional de Mujeres y en septiembre de 1900 fundó el Consejo de Mujeres. En 1907 la socialista Alicia Moreau de Justo creó el Comité Pro-Sufragio Femenino. Estos impulsos influyeron decididamente para que en mayo de 1910, en pleno centenario, Buenos Aires fuera elegida como sede del Primer Congreso Femenino Internacional con la participación de delegadas chilenas, uruguayas y paraguayas donde se reclamó enérgicamente el derecho de las mujeres a votar. Otra de las pioneras fue Julieta Lanteri quien tras un sonado juicio logró su carta de ciudadanía y que se la inscribiera en el padrón municipal en 1911. Se convirtió en la primera mujer de toda Sudamérica en ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales celebradas el 26 de noviembre de aquel año. En marzo de 1919 lanzó su candidatura a diputada nacional por la Unión Feminista Nacional y contó con el apoyo de Alicia Moreau de Justo y Elvira Rawson. El resultado fue magro pero importante simbólicamente: obtuvo 1.730 votos.

En 1911 el diputado socialista Alfredo Palacios había presentado el primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional, faltaba aún un año para que se sancionara la Ley electoral conocida como Ley Sáenz Peña de voto secreto, universal (o sea masculino en el lenguaje político de la época) y obligatorio. El proyecto de Palacios ni siquiera fue tratado sobre tablas. Las mujeres eran consideradas incapaces por el Código Civil de 1871. Recién en 1926, por la Ley 11.357 alcanzaron la igualdad legal con los varones aunque esa igualdad, que estaba muy lejos de ser respetada en los hechos, era tan relativa que no incluía el derecho al voto ni la patria potestad compartida.

En 1929, un compañero de ideas de Palacios, Mario Bravo presentó un nuevo proyecto que dormiría –golpe de Estado mediante- el sueño de los justos en los cajones de la cámara por tres años hasta que pudo ser debatido a comienzos de septiembre de 1932. En apoyo a la ley llegaron al Parlamento 95.000 boletas electorales firmadas por otras tantas mujeres de todo el país con la siguiente consigna: “Creo en la conveniencia del voto consciente de la mujer, mayor de edad y argentina. Me comprometo a propender a su mayor cultura”. Pocos días después, el 17 de septiembre, la Cámara Baja le daba media sanción a la ley propuesta por el diputado socialista Mario Bravo que facultaba a las mujeres para votar. Durante el debate el diputado derechista Bustillo pidió el voto calificado para la mujer en medio del abucheo generalizado de cientos de señoras y señoritas que colmaban los palcos del parlamento, mientras que el socialista Ruggieri, celebraba, en medio del aplauso de las damas presentes “la coincidencia de todos los sectores en el deseo de libertar a la mitad del pueblo argentino, la parte más delicada y sufrida, y la más oprimida, dándole participación directa en nuestras luchas cívicas” . El legislador conservador Uriburu, se opuso en estos cavernícolas términos al proyecto: “Cuando veamos a la mujer parada sobre una mesa o en la murga ruidosa de las manifestaciones, habrá perdido todo su encanto. El día que la señora sea conservadora; la cocinera, socialista, y la mucama, socialista independiente, habremos creado el caos en el hogar”.

La Ley no pudo pasar esa defensa infranqueable del pensamiento retrógrado

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