DERECHOS DE PROPIEDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Economía y Relaciones Internacionales

Maestría en Estudios del Desarrollo Global

Trabajo Final de Evaluación de Políticas Públicas

DERECHOS DE PROPIEDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

Rolando A. Daniels Pinto

Tijuana, B.C. a 10 de Diciembre de 2013.

Introducción.

El economista Xavier Sala I Martín divide las funciones del gobierno en la economía moderna en cuatro grandes grupos: “la defensa de los derechos de propiedad, la garantía de la competencia entre empresas, la provisión de bienes problemáticos (también conocidos como bienes comunes, públicos o colectivos) y la protección de los desprotegidos para garantizar la igualdad de oportunidades.” (2008; 53).

Tales funciones las contempla la Constitución Federal que es la fuente de legitimación o justificación del ejercicio del poder (Subirats;) por ello el enfoque de los derechos de propiedad es necesario considerarlo al momento de diseñar políticas públicas, las cuales pudieran ser invasivas de los mismos si los mecanismos para diseñarlas omiten la opinión de los propietarios de bienes muebles e inmuebles afectados por las mismas.

Para ilustrar lo anterior, se tomará como ejemplo de la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de la Región del Vino (PSDUTRV) en el Valle de Guadalupe, Municipio de Ensenada Baja California, el cual no ha tomado vigencia plena a causa de la no publicación del reglamento respectivo, el cual fue probado por el Cabildo pero generó inconformidad en un sector interesado por cambiar los Coeficientes de Ocupación y de Utilización del suelo (COS´s y CUS´s, respectivamente) en la zona agrícola del mencionado programa.

En una primera parte se definirá qué son las políticas públicas, posteriormente se argumentará cómo deben diseñarse las políticas con la participación social; posteriormente hacer una revisión del concepto de los Derechos de propiedad; más adelante se establecerá cuál es el origen y concepto de los Programas Sectoriales, haciendo también referencia al proceso seguido en la elaboración del PSDUTRV, y finalmente se llegará a una conclusión preliminar sobre si hubo invasión en los derechos de propiedad en la elaboración del programa referido.

1. ¿Qué es una Política Pública?

Por Política Pública (PP) se puede entender al proceso por medio del cual se implementa la acción del gobierno para solucionar un problema social plenamente identificado, el cual fue analizado junto con los grupos sociales interesados, quienes colaboran en la búsqueda de alternativas de solución y en la determinación de la mejor acción factible a ejecutar, la cual tendrá que ser evaluada en sus resultados; en ocasiones el problema es detectado por el gobierno o es planteado al mismo por la sociedad civil.

Pero entre la detección del problema y la implementación de su solución existe una diversidad de acciones o pasos necesarios que deben considerarse para garantizar que la acción a tomar tenga posibilidades de eficacia. Primero hay que definir el problema para saber si el problema es o no problema, y si lo es, de quién es, es decir, a quién le corresponde solucionarlo.

Lo inicial para determinar si hay un problema es conocer a las personas que dicen que hay un problema, porque de su definición de las cosas deriva la información primaria para valorar la existencia del mismo y seguramente esa versión contendrá mucho de ansiedad y preocupación para que sea resuelto, asunto que debe ser tomado con reserva para no desvirtuar la realidad. (Bardach; 2004; 17).

Ahora bien, habrá que analizar si es “un” problema o si ese problema es la manifestación de un “síndrome” problemático al cual debe atenderse con mayor amplitud y profundidad, “los problemas que generan la formación de las políticas públicas son casi siempre interdependientes (…). Hay quien opina que incluso es más sencillo resolver un conjunto de problemas que tratar de enfrentarse únicamente con el más aparente” (Subirats; 1993; 49).

Otro aspecto importante es quién o quiénes manifiestan que existe un problema, porque de su grado de influencia depende si el asunto obtiene la atención de las instancias públicas y exigirles respuestas, no debe soslayarse que la dimensión que puede tomar un problema y el grado de respuesta que dé el gobierno están correlacionados con la magnitud de intereses en juego y del poder de los grupos involucrados que procuran una política pública. (Meny Ives; 1992; 120).

2. ¿Cómo se diseña una política pública?

Habiendo identificado la existencia o no del problema, definido como tal y conociendo quién o quiénes son los que exigen una solución, es necesario abordar el diseño de la política pública (de hecho esta comenzó al identificar y definir el problema), y para ello una alternativa puede ser seguir “el camino de los ocho pasos” a que se refiere Eugene Bardach (2004; 14) que se replican en el siguiente esquema:

1 Definición del problema

2 R Obtención de información

3 E Construcción de alternativas

4 P Selección de criterios

5 I Proyección de resultados

6 T Confrontación de costos

7 A ¡Decida!

8 Cuente su historia

Un esquema alternativo es el diagrama siguiente, el cual orienta cómo construir una política pública.

Esquema de análisis de políticas públicas.

Fuente: DUNN, W., 1981, Publie policv analysis.

Englewood Cliffs (N.J.). Prentice Hall.

Citado en Joan Subirats.

Análisis de Políticas Públicas

y Eficacia de la Administración

Como se aprecia, ambos esquemas coinciden en la importancia de las alternativas, es decir, el análisis de las posibles soluciones; también en la proyección de sus resultados y en la toma de decisiones; resalta en los ocho pasos, la confrontación de costos y ello es de suma importancia porque una política pública en buena medida, tan sólo para su implementación – independientemente de los resultados – requiere recursos fiscales que deben optimizarse para tomar la decisión más eficiente (2004; 62).

Una circunstancia inevitable es, como ya se mencionó, el nivel de influencia de los promotores de una política pública, quienes presionarán – conforme a su interés – para que ésta responda a sus prioridades; está en su capacidad económica y/o política de los grupos de interés para obtener tanto la concreción de una política pública, como los recursos suficientes para llevarla a cabo (Lindblom;1991;107); incluso estos grupos en ocasiones valiéndose de sus relaciones con funcionarios públicos logran que la política pública les favorezca (Lindblom;1991;110) incluso en detrimento de otros sectores sociales que no tienen su mismo nivel de influencia.

Y no es que la participación de los diversos grupos de interés en la construcción de políticas públicas sea indeseable, al contrario, estos grupos regularmente están organizados y tienen una visión más pulida sobre asuntos de interés público que otros sectores de la población, que a pesar de verse afectados por un problema colectivo, están menos enterados de sus causas y por lo tanto de sus eventuales soluciones; en todo caso, lo indeseable es que los grupos organizados saque provecho avieso de la formulación de políticas públicas que les reditúe en beneficios perniciosos para otros sectores.

Una de las circunstancias de las que ciertos grupos de interés toman ventaja sobre otros sectores de la sociedad en la gestión de asuntos públicos, es la apatía (relativa o absoluta) de estos últimos; y se refiere a la apatía relativa o absoluta en virtud de que existen ciudadanos que no se involucran en ningún tipo de movimiento social o político, la apatía total; en tanto otros participan en ciertos tipos de organizaciones especializadas (derechos humanos, medioambiente, culturales, etc.), pero que no les interesa involucrarse en asuntos públicos que sienten ajenos, apatía relativa (Joan Font; Docto. elect.)

El resultado es que existen en cambio grupos de ciudadanos que se involucran en cualquier tipo de asuntos públicos, ya sea sociales, culturales, políticos, etc., incluso pertenecen a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) que obtienen financiamientos del Estado o de fundaciones u organismos privados y que se involucran en la gestión de políticas públicas con intereses muy marcados. Lo mismo sucede con organismos empresariales que promueven ante las instancias de gobierno políticas públicas que favorezcan la libre empresas, la inversión privada en aéreas concesionadas por el sector público, así como la gestión de fondos para el fomento y la promoción de actividades productivas. En síntesis, son grupos de interés muy activos en su campo – o en varios campos – bien organizados y con vasta experiencia en la gestión – o presión – ante el gobierno para la formulación de políticas públicas. Tal pareciera en ocasiones que en todas las aéreas de participación ciudadana, que siempre son los mismos.

Sin embargo, más allá de las distorsiones que algunos oportunistas (free riders) generen en la gestión de políticas públicas, lo importante es que ante problemas reales de afectación colectiva, surjan los mecanismos de solución

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