DIRECTRICES DE LA OCDE SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO

Las directrices son recomendaciones de gran alcance que abordan los gobiernos a las empresas multinacionales que operan dentro del país o de países adheridos a la OCDE. Contienen principios y normas voluntarias para los responsables de la conducta empresarial en áreas como los derechos humanos, el empleo y relaciones industriales, el medio ambiente, la transparencia de la información, la lucha contra el soborno, intereses del consumidor, ciencia y la tecnología, competitividad y la fiscalización.

Las Directrices se adoptaron por primera vez en 1976 como parte de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. Han sido

revisadas 5 veces desde entonces para asegurar que sigan siendo una herramienta que lleva a promover una conducta empresarial responsable en el panorama cambiante de la

economía global. La actualización más reciente se llevó a cabo en 2011 con los gobiernos suscritos, todos los 34 países de la OCDE y 11 países no pertenecientes a la OCDE como son, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Egipto, Letonia, Lituania, Marruecos, Perú, Rumania y Túnez, se adhirieron a las Directrices.

Hay tres grupos de interés acreditados ante la OCDE sobre las Directrices,

como son, el Comité Consultivo Empresarial e Industrial (BIAC), la Comisión Sindical Consultiva (CSC) y la OCDE Watch, una organización internacional

de más de 80 organizaciones de sociedades civiles. Las organizaciones asociadas

El gobierno corporativo de las empresas públicas constituye un importante reto en muchas economías. Pero, hasta ahora, no ha habido ninguna clase de referencia internacional que ayude a los gobiernos a evaluar y mejorar la forma en que ejercen la propiedad de dichas empresas, que a menudo constituyen una proporción significativa de la economía. Las presentes Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas cubren esta importante laguna, y su desarrollo ha suscitado el Interés global de diversas partes interesadas.

La experiencia compartida por los países que han empezado a reformar el gobierno corporativo de las empresas públicas es que se trata de una tarea importante, pero también compleja. Uno de los principales retos es el de encontrar el equilibrio entre la responsabilidad del Estado de ejercer activamente sus funciones de propiedad, como puede ser la nominación y la elección del Directorio, y al mismo tiempo abstenerse de realizar interferencias políticas indebidas en la gestión de la empresa. Otro importante desafío consiste en garantizar iguales condiciones para todos en los mercados en los que las empresas privadas pueden competir con las empresas públicas, así como que los gobiernos no distorsionen la competencia a la hora de utilizar sus poderes regulatorios o de supervisión.

Basándose en la experiencia práctica, estas Directrices ofrecen propuestas concretas sobre cómo solucionar estos dilemas. Por ejemplo, proponen que el Estado debería ejercer sus funciones de propiedad a través de una entidad propietaria centralizada, o de unas entidades coordinadas de forma efectiva, que actuasen de forma independiente y con arreglo a una política de propiedad de dominio público. Las Directrices también proponen la estricta separación de las funciones de propiedad y regulatorias del Estado. Si se aplican debidamente, estas y las demás reformas recomendadas contribuirían de forma importante a garantizar el ejercicio profesional y responsable de la propiedad pública, y que el Estado desempeñe un papel importante en la mejora del gobierno corporativo en la totalidad de los sectores de nuestras economías. El resultado supondría la existencia de empresas más sanas, competitivas y transparentes. La experiencia de la OCDE también ha demostrado que el buen gobierno corporativo de las empresas públicas constituye un importante requisito previo para llevar a cabo una privatización efectiva desde el punto de vista económico, dado que hará que las empresas resulten más atractivas para los posibles compradores, aumentando su valoración.

Es en este contexto en el que la Junta Rectora de la OCDE sobre Gobierno Corporativo solicitó en junio de 2002 al Grupo de Trabajo sobre Privatización y Gobierno Corporativo de Activos Públicos el desarrollo de un conjunto de directrices y buenas prácticas no vinculantes sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas. El Grupo de Trabajo, que está compuesto por representantes de los países miembros de la OCDE y por el Banco Mundial y el FMI como observadores, ha mantenido consultas muy amplias durante el desarrollo de estas Directrices.

Estas Directrices deben verse como un complemento de los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE1, que les sirven de base y con los que son totalmente compatibles. Las Directrices se orientan explícitamente a aquellos temas que son específicos del gobierno corporativo de las empresas públicas, y por lo tanto, adoptan la perspectiva del Estado como propietario, centrándose en políticas que garantizarían un buen gobierno corporativo. En ningún caso las Directrices pretenden, ni deberían tener el efecto de contradecir o desanimar a los países de la OCDE o a los países no miembros a emprender cualquier política o programa de privatizaciones.

Dado que las Directrices buscan ofrecer un asesoramiento general que ayude a los gobiernos a mejorar los resultados de las empresas públicas, la decisión de aplicar las Directrices al gobierno corporativo de una empresa pública concreta se debiera tomar de una forma pragmática. Las Directrices se orientan primordialmente a las empresas públicas que cuentan con personalidad jurídica propia (esto es, se encuentran separadas de la administración pública) y que cuentan con una actividad comercial (esto es, que el grueso de sus ingresos proceden de ventas y comisiones), tanto si persiguen también un objetivo de política pública como si no.

N del T: el término “Directorio” pretende abarcar los distintos modelos nacionales de estructura de este órgano director y se ha elegido por ser el empleado mayoritariamente en estos casos, sin perjuicio de la utilización en ciertos países de la expresión “Consejo de Administración”.

DIRECTRICES DE LA OCDE SOBRE EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

I) Cómo Garantizar un Marco Jurídico y Regulatorio

Efectivo para Empresas Públicas,

II) La Actuación del Estado como

Propietario,

III) Tratamiento Equitativo de los Accionistas,

IV) Las Relaciones con Partes Interesadas,

V) Transparencia y Divulgación,

VI) Las Responsabilidades de los Directorios de las Empresas Públicas

I. Cómo Garantizar un Marco Jurídico y Regulatorio Efectivo para Empresas Públicas.

El marco jurídico y regulatorio de las empresas públicas debería garantizar la igualdad de condiciones en los mercados en los que compiten las empresas del sector público y las empresas del sector privado, con el fin de evitar distorsiones de mercado. El marco debería basarse y ser plenamente compatible con los Principios de la OCDE sobre Gobierno Corporativo.

A. Debe existir una clara separación entre la función de propiedad del Estado y las demás funciones del Estado que pueden influir sobre las condiciones para las empresas públicas, especialmente en lo que se refiere a la regulación del mercado.

B. Los gobiernos deberían esforzarse en simplificar las prácticas operativas y el régimen jurídico con el que funcionan las empresas públicas. Su régimen jurídico debería permitir a los acreedores defender sus derechos e iniciar procedimientos de insolvencia.

C. La legislación o la regulación debería establecer claramente cualquier obligación y responsabilidad que se exija a una empresa pública en términos de servicios públicos más allá de las normas generalmente aceptadas. Dichas obligaciones y responsabilidades también deberían comunicarse a la opinión pública, y los costos relacionados con las mismas deberían cubrirse de forma transparente.

D. Las empresas públicas no deberían verse eximidas de la aplicación de leyes y regulaciones de carácter general. Las partes interesadas, incluyendo los competidores, debieran tener acceso a una compensación eficiente y a un fallo imparcial cuando consideren que se ha producido una violación de sus derechos.

E. El marco jurídico y regulatorio debería ofrecer la suficiente flexibilidad para realizar ajustes en la estructura de capital de las empresas públicas cuando fuese necesario para conseguir los objetivos de la empresa.

F. Las empresas públicas deberían enfrentar condiciones competitivas a la hora de acceder a financiamiento. Sus relaciones con bancos

...