El derecho de huelga - El modelo de la Constitución Española

Tema 11

El derecho de huelga.

1. El modelo de la Constitución Española.

1.1. Concepto de huelga.

La CE Española reconoce el derecho de huelga en el art. 28.2, el mismo art aparece la libertad sindical, en la privilegiada sección donde los derechos fundamentales tienen garantizado el recurso de amparo constitucional (art. 53 CE), y a cierta distancia del otro art, el 37, ya es otra sección de menor intensidad garantista, donde se reconoce el derecho a otras medidas de conflicto colectivo y el derecho de negociación colectiva.

La CE española lo instala en el art. 28.2, con el siguiente enunciado: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento en los servicios esenciales de la comunidad.”

1.2. La función del derecho de huelga.

Tres modelos normativos posibles:

1. El modelo contractual. Se reconoce el derecho de huelga sólo para la negociación del convenio colectivo y su cumplimiento posterior, un modelo estricto que sólo atiende al objetivo habitual de las huelgas.

2. Modelo profesional. Amplía el ámbito del derecho a las cuestiones profesionales de los trabajadores, aunque no tengan que ver con el convenio. Sobre todo en momentos de crisis y cierres de empresas, la seguridad de los empleos o las reorganizaciones productivas señalan un amplio campo a la acción concertada de los trabajadores.

3. Modelo polivalente. Permite utilizar la huelga para las reivindicaciones y defensas frente a otros poderes distintos del económico empresarial, señaladamente el político y administrativo. La intención de un gobierno de presentar un proyecto de ley restrictivo en salarios, por ej, daría pie al uso del derecho.

Para averiguar cuál de ellos sea el modelo seguido por la CE han de tenerse en cuenta primordialmente tres parámetros: la semántica del propio precepto analizado; lo proclamado por los convenios internacionales, como pide el art. 10.2 CE, y lo establecido en otros art. De la propia Ley Fundamental.

La interpretación semántica del art. 28.2 es indecisoria, pues alude a la defensa de intereses de los trabajadores, lo cual trasciende el modelo contractual, pero tanto puede significar un modelo estricto de intereses profesionales, cuanto un modelo universal del trabajador como persona. La interpretación contextual, pues el art.7 CE enuncia la función de los sindicatos de forma amplia, quizá ambigua, como la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, por lo que permite rechazar al primer modelo, pero no resuelve la duda entre los dos otros dos. Los convenios internacionales no distinguen entre huelga económica y huelga política, y si acudimos a la

resoluciones del Comité de Libertad Sindical (OIT) y de la Comisión de Expertos de la Carta Social Europea, hallaremos que los intereses económicos y profesionales no pueden concebirse como excluyentes de toda huelga política, si tenemos presente la categoría de las huelgas económico-políticas.

Sólo para agotar los argumentos, hay unas razones últimas que acuden al dilema:

1. La ubicación del derecho en la CE. Existe un fuerte contraste entre los derechos de los ciudadanos, y el lugar realmente obtenido en el sistema constitucional, dentro de los derechos fundamentales que explicitan los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, como dice el art. 1 CE. Un derecho al que se le asigna una protección tan intensa como la deferida al de huelga escapa seguramente al ámbito de los intereses particulares para definir el proyecto político de sociedad que la CE desea. El constituyente español discrepa de la doctrina escéptica y considera del máximo interés integrar el derecho de huelga en la Ley Fundamental, ubicándolo además como un derecho no meramente económico, sino informante de toda estructura social y política.

2. La CE no asigna funciones a los derechos fundamentales, pues su esencia consiste precisamente en reservar a la sociedad un ámbito de autonomía frente al intervencionismo del Estado. La sección donde se contienen los art. 15 a 29 da cobijo a una gran cantidad de lo que la doctrina llama libertades, contra sólo tres o cuatro de los llamados derechos sociales. Si bien ambos tipos caen bajo apelativo de derechos fundamentales, difieren justamente en el significado de unos y otros respecto al poder público. Hay, límites externos, claramente expresados en el art. 20.4, pero se omite cualquier interiorización de la voluntad ajena que relativizaría en buena medida el significado de la libertad.

Si la dedicación del derecho de huelga a “la defensa de sus intereses” ha de encuadrarse en un modelo normativo, éste no puede ser otro que el consistente en la máxima autonomía de sus titulares para determinar la dirección oportuna, la función de elegir, dentro de los límites externos: el modelo “polivalente”.

1.3. Naturaleza jurídica.

Un sector doctrinal entiende la huelga como el derecho a infligir daño económico al empresario en defensa de los propios intereses, en una visión simplista. Porque los trabajadores pueden ocasionar, ciertamente, un daño al empresario, pero no es éste el objetivo primordial, sino el sentarse a negociar un convenio o evitar una previa decisión del empresario que les inflige un daño económico similar.

“La huelga es la prolongación de la negociación por otros medios”. Los huelguistas pretenden llegar a un acuerdo, a una regulación compartida, y de este carácter participan tanto huelgas “novatorias” como las “de interpretación”. El art. 9.2, como la doctrina reconoce, pues contribuye a “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Éste es el verdadero sentido del derecho de huelga, y la razón de tantas críticas conservadoras: como la huelga participan los

trabajadores en las decisiones, obligan al poder político y al económico a contar con ellos.

STC 11/1981, “el derecho de los huelguistas es un derecho a incumplir transitoriamente el contrato, pero es también un derecho a limitar la libertad del empresario”

2. Titularidad.

2.1. ¿Titularidad individual de ejercicio colectivo o titularidad colectiva de ejercicio individual?

El derecho de huelga en nuestro país es “de titularidad individual y ejercicio colectivo”, deduciendo de ello que quien dispone del derecho es el trabajador, aunque tenga que hacerlo en conjunción con otros, colectivamente. El art 28.2 CE reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores.

En nuestro país, como en los demás países de titularidad individual, los trabajadores pueden organizar una huelga lícita a través de cualquier formación colectiva, sin que la elección de una u otra prive de la homologación legal.

Pero desde que el individualismo ha hecho mella en las relaciones industriales el uso de la huelga por minorías poderosas ha minado. Se pretende evitar la fácil utilización de las medidas de conflicto por quienes adolecen de escasa representatividad o estabilidad, se plantea un conflicto básico con la CE, en los países donde la titularidad individual se consagra a ese nivel. La intensidad de la polémica queda de manifiesto al ver cómo se enfrentan conocidos expertos del Derecho del Trabajo sin un claro vencedor.

El mayoritario peso de las huelgas en el sector servicios, que las estadísticas reflejan en el conjunto de la actividad conflictiva de los países avanzados, está haciendo reaccionar a los poderes públicos para encauzar las medidas de conflicto en una sociedad que para muchos se caracteriza como “postconflictual”.

Al decir que nuestro país la titularidad del derecho corresponde a los trabajadores individualmente sólo estamos contemplando la mitad del problema. Sólo a cada trabajador corresponde decidir la abstención laboral con propósitos reivindicativos, pero la huelga es mucho más que la suspensión plural del trabajo si quiere incidir en las reglas que gobiernan la empresa y el mercado.

Si a cada trabajador compete el derecho de sumarse o no a las huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en cuanto a acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus representantes y a las organizaciones sindicales. Consistiendo dichas facultades de ejercicio en la convocatoria de huelga, el establecimiento de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación con la contraparte y, la decisión de darla por terminada.

2.2. Trabajadores.

Los trabajadores pueden organizarse como mejor deseen para llevar a cabo la huelga, pues cualquier sujeto colectivo adoptado, desde una coalición o una asamblea, hasta no sindicales, tengan plena validez en nuestra CE. Lo que importa es que un grupo de trabajadores, bajo cualquier forma organizativa, estime necesario acudir a la huelga, sin que ello signifique tampoco su ejecución por todos, sino la deliberación colectiva. La difusión de titularidades puede intimidar a muchos, la solución se ajusta a la realidad irreprochablemente: son trabajadores individuales quienes suspenden sus relaciones de trabajo, pareciendo una incongruencia que otros sujetos, aun representativos pudieran decidir por ellos.

Los trabajadores menores de edad ejercen por sí mismos el derecho, sin necesidad de autorización de su representante legal, pues la autorización para trabajar otorgada por éste, que implica el permiso para ejercer los

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