Ensayo Reforma Constitucional

ENSAYO

“DICTAMEN DE REFORMA CONSTITUCIONAL”

INTRODUCCIÓN

En fecha 12 de diciembre de 2007 se publicó en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución en materia penal.

En razón a los trabajos legislativos realizados por el Congreso de la Unión, diversos diputados de distintos grupos parlamentarios presentaron sendas iniciativas en las que establecieron, entre otras cosas, de acuerdo a su contenido, lo siguiente:

• El Estado deberá tener la obligación de otorgar apoyo total y protección a la víctima del delito, debiendo satisfacer así los reclamos de la población, creando mecanismos para garantizar los derechos y las garantías de las víctimas y los ofendidos del delito.

• Resulta necesario reformar el marco institucional aplicable, de manera que se asegure a favor de todas las partes involucradas, el debido proceso legal, conforme a las exigencias que derivan de tratados y convenciones internacionales que México ha firmado y ratificado.

• Debe destacarse como un principio básico que el trabajo judicial se haga bajo la mirada de todos los ciudadanos y, en particular, de los usuarios del sistema de justicia.

• Sugieren incorporar medios alternativos de justicia que permitan resolver el conflicto y que aseguraren la satisfacción del derecho a la reparación del daño por parte de la víctima, bajo supervisión judicial.

• Prescindir de la prisión preventiva en los casos en que ésta pueda ser sustituida por una sanción diversa.

• Modificar el auto de sujeción por uno de vinculación a proceso, que se sustente únicamente en la existencia de un hecho punible, sin implicar la imposición de la prisión preventiva, aunque sí otras medidas cautelares menos lesivas.

• Otorgar a la persona que es vinculada a proceso el poder conocer los medios probatorios que le incriminan para preparar adecuadamente su defensa ante un juez, permitiendo que el imputado haga valer sus derechos ya no ante su acusador, sino ante un juez imparcial, ajeno a los intereses procesales de la acusación.

• Preveer como excepción la medida cautelar consistente en la prisión preventiva.

• Incorporar constitucionalmente las bases del debido proceso legal y el mandato claro para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local.

• Incluir constitucionalmente como características del proceso penal la acusatoriedad, la adversarialidad y la oralidad, y como principios básicos la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

• Generar una ampliación de derechos para las personas vinculadas a un proceso penal, tales como la presunción de inocencia, a guardar silencio o a declarar; así como la regulación de la prisión preventiva, la obligación de rendir y desahogar pruebas ante el juez, la prohibición de rendir una confesión ante el ministerio público, la nulidad de prueba ilícita, la nulidad de audiencias sin la presencia del juez, las medidas alternativas al proceso, la indemnización por error judicial, la obligación de poner en conocimiento de toda persona detenida sus derechos básicos y el derecho a una debida defensa.

• Destacar la necesidad de que el sistema de justicia penal sea siempre pensado desde la libertad del imputado y no desde su encarcelamiento.

• Se propone la inclusión de una figura denominada extinción de dominio de bienes, esto es, la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales a favor del Estado, para los casos en que la procedencia de la propiedad o posesión de bienes propios o de terceros, derive directamente de conductas delictivas.

• Tema fundamental deberá ser la detención de una persona, la cual debe ser conducida sin demora ante el juez para que éste verifique cómo fue tratada, en presencia del fiscal y del defensor, en una audiencia de control.

• Se propone que el Ministerio Público realice oralmente la solicitud de órdenes de aprehensión, intervención de comunicaciones privadas y otros instrumentos de investigación que requieran autorización judicial.

• Incluir el principio de oportunidad, que se traduce en una especie de archivo provisional, confiriendo al ministerio público la facultad de no iniciar la investigación o de detenerla una vez iniciada.

• Conceder a las víctimas el ejercicio de la acción penal privada tratándose de delitos de menor gravedad.

• Instrumentar protocolos y prácticas de éxito comprobado en materia de protección de víctimas por parte del Estado.

• Formular una estrategia de prevención de los delitos, transformando las corporaciones policíacas en instituciones sólidamente capacitadas, profesionales, honestas, eficaces y confiables en la investigación de los delitos.

• Debe garantizarse que los emolumentos de los defensores públicos no sean menores a los que por ley corresponden al representante social.

• Limitar la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial a través de la figura de "jueces de ejecución de sentencias".

En consecuencia al contenido de las iniciativas presentadas por los diputados de distintos grupos parlamentarios, las cuales fueron dictaminadas de manera conjunta al tratarse de la misma materia, resultó evidente que en cuanto a su contenido sustancial, convergen en la idea de que el sistema de justicia penal mexicano ha dejado de ser eficaz y por lo tanto, resultó urgente el reformarlo de manera integral, para devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.

Asimismo, es importante destacar que con la finalidad de concluir con una propuesta de reforma constitucional de consenso, se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo con diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, integrantes del Poder Ejecutivo federal, académicos y juristas especialistas en la materia, a fin de analizar con minuciosidad cada uno de los factores que componen el sistema de justicia penal, intentando recabar las principales coincidencias y preocupaciones de cada uno de los involucrados, a fin de impulsar un cambio estructural en nuestro sistema penal, migrando del actual modelo de tipo mixto preponderantemente

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