¿LA INTERNACIÓN ES LA MEJOR ALTERNATIVA PARA PREVENIR LA INFRACCIÓN A LA LEY PENAL?

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGO  PSICOSOCIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

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Estudiante: DE LA CRUZ PÉREZ, MADELEY YOHANA

2016

¿LA INTERNACIÓN ES LA MEJOR ALTERNATIVA PARA PREVENIR LA INFRACCIÓN A LA LEY PENAL?

En el Perú, dos de cada tres adolescentes en conflicto con la ley reciben tratamiento bajo el régimen de privación de la libertad, llamado también régimen cerrado. A mayo del año 2012, existe un total de 2,278 adolescentes en conflicto con la ley penal en todo el ámbito nacional^[1]. Del total poblacional, 1,558 adolescentes son atendidos bajo la modalidad de sistema cerrado o privativo de la libertad (68% de la población) en los 9 centros juveniles existentes en todo el Perú, mientras 720 adolescentes son atendidos bajo la modalidad de sistema abierto (32% de la población), entre varones y mujeres. Esto sucede a pesar de que en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en el inciso b del artículo 37, indica que la privación de la libertad debe ser usada como medida de último recurso^[2]; sin embargo, en la práctica de los sistemas de justicia juvenil latinoamericanos es la medida mayor empleada por parte de los jueces, lo que explica resultados estadísticos como el descrito.

Ante esta situación, es importante preguntarnos: ¿del 68% de adolescentes internados en el país, todos o sólo algunos ameritan ser internados en un centro juvenil? ¿A quién protegemos cuando la justicia priva de su libertad a un adolescente en un centro juvenil: al adolescente de sí mismo, o a la sociedad de éste? ¿Qué mensaje se le da al adolescente cuando es institucionalizado? En términos de calidad del gasto social, ¿el internamiento es una decisión basada en un análisis costo-beneficio positivo para el adolescente, la víctima, el sistema de justicia y la sociedad? Y, entonces, ¿la internación es la mejor alternativa para prevenir la infracción penal? Este ensayo intenta dar respuesta a algunas de las preguntas planteadas: así como comprender la situación actual de sistema de justicia juvenil.

En primer lugar, a nivel teórico, las disciplinas de la psicología penitenciaria, evolutiva y las neurociencias explican aquellos efectos negativos que se producen en los adolescentes que pasan por un proceso de internamiento^[3].

Es así que, Hugo Morales (2006) señala que estudios en el campo de la Psicología Penitenciaria han probado que los espacios de atención y cuidado residencial (centros juveniles de medio cerrado) para adolescentes con problemas de conducta, no son más efectivos que otros sistemas alternativos a la privación de libertad (servicios de atención abiertos). Más aún, existe evidencias de la presencia de efectos negativos de la institucionalización tales como síntomas de depresión, ansiedad, estados de sobre alerta y paranoia, sentimientos de inadecuación durante el comportamiento social, la autopercepción de sentirse extraño y diferente del resto de adolescentes, así como la creencia paranoica de que “los demás” saben que “uno” es peligroso o se ha encontrado privado de la libertad, o peor aún, el convencimiento que “uno mismo” es una persona peligrosa con pocas oportunidades de cambio.

De la misma forma, los estudios de la psicología del desarrollo^[4] indican que en la conducta juvenil hay una gran influencia del grupo de pares; ya que los adolescentes se encuentran en la búsqueda de su identidad, y por ello, necesitan confirmar su identidad con los pares, participar en un grupo, ser aceptados por el grupo; por este motivo el grupo ejerce una influencia trascendental en el comportamiento juvenil. Por otro lado, estos estudios también explican que los adolescentes tienen mayor sensibilidad y cuando son sometidos al proceso penal se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, razón por la cual, sufren de estrés, depresión, además de una permanente sensación de peligro.

Paolo Mefalopulos^[5] (2006) indica que adolescencia es un periodo de gran vulnerabilidad y también de gran potencial en el que se abre la posibilidad de ayudar a los jóvenes a transformarse. Sin embargo, la privación de libertad, lejos de tener un impacto positivo, afecta muy negativamente a los jóvenes.

Por su lado, las neurociencias plantean que el cerebro madura entre los 20 y los 25 años y por lo tanto desde los 25 años hacia delante una persona debería estar en condiciones de mirar hacia el futuro, prever las consecuencias de sus actos, diferenciar lo bueno de lo malo, ser responsable y comportarse como un adulto, situación que se ve limitada en un proceso de internamiento.

La privación de libertad es una negación a esta posibilidad de cambio, desarrollo y maduración pues limita el crecimiento del adolescente, su interacción con el medio, limitándolo y produciendo una ruptura de las relaciones sociales.

En segundo lugar, existen desventajas significativas en el tratamiento que reciben los adolescentes infractores que se encuentran privados de su libertad^[6]. Es así que Garrido y Gómez (1996 ) señalan que entre las principales dificultades se pueden encontrar el hacinamiento de la población  juvenil que se encuentra internado en un centro juvenil, específicamente el CJDRL que debería albergar a 800 jóvenes alberga más de 1000, difícilmente el tratamiento de reinserción puede ser alcanzado para toda la población de una manera eficaz.

Asimismo, la violencia institucional es otro factor importante que limita el eficaz tratamiento de reinserción. La violencia institucional es entendida como el conjunto de situaciones en las que se ejerce la fuerza, por ejemplo: agresión verbal o física de unos internos sobre otros, autolesiones, y del propio personal sobre los internos.

La falta de conexión con el exterior es otro limitante, estar privado de libertad no significa necesariamente desvincularse por completo del entorno más aun si la finalidad última del internamiento es la reinserción social.

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