Ley Organica Del Poder Ciudadano

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LEY ORGÁNICA DEL PODER CIUDADANO

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Nº 37.310 del 25 de octubre de 2001

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

LEY ORGÁNICA DEL PODER CIUDADANO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El Poder Ciudadano forma parte del Poder Público Nacional y se ejerce por

el Consejo Moral Republicano, el cual es su órgano de expresión, integrado por el

Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General de la República y el

Contralor o Contralora General de la República.

Artículo 2. Son órganos del Poder Ciudadano la Defensoría del Pueblo, el Ministerio

Público y la Contraloría General de la República; uno o una de sus titulares será

designado o designada por el Consejo Moral Republicano como su Presidente o

Presidenta por período de un (1) año, pudiendo ser reelecto o reelecta.

Artículo 3. El Poder Ciudadano es independiente de los demás Poderes Públicos y, en

consecuencia, no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus funciones por

ninguna autoridad. Los órganos que integran el Poder Ciudadano gozan de autonomía

funcional, financiera y administrativa.

Artículo 4. Dentro del presupuesto general del Estado se asignará una partida anual

variable para el funcionamiento del Consejo Moral Republica.

Artículo 5. Los actos, disposiciones y resoluciones que dicte el Consejo Moral

Republicano estarán dirigidos tanto a los funcionarios públicos como a los particulares,

con excepción de aquellos actos que tengan contenidos sancionatorios.

Artículo 6. En el ejercicio de la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 10 de

la presente Ley, se entenderá por ética pública el sometimiento de la actividad que

desarrollan los servidores públicos, a los principios de honestidad, equidad, decoro,

lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y

pulcritud; y por moral administrativa, la obligación que tienen los funcionarios,

empelados y obreros, de los organismos públicos, de actuar dando preeminencia a los

intereses de Estado por encima de los intereses de naturaleza particular o de grupos

dirigidos a la satisfacción de las necesidades colectivas.

Artículo 7. Las autoridades de la República prestarán al Poder Ciudadano la

colaboración que éste requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones. Quienes

al ser requeridos le negaren su auxilio serán sancionados de conformidad con las leyes.

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Artículo 8. Las actuaciones del Poder Ciudadano se extenderán en papel común y sin

estampillas fiscales, y estarán exentas del pago de cualquier otra clase de tasas,

impuestos o contribuciones.

TÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO

Capítulo I

Del Consejo Moral Republicano

Artículo 9. El Consejo Moral Republicano es el órgano de expresión del Poder

Ciudadano y estará integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la

Fiscal General de la República, y el Contralor o Contralora General de la República.

Artículo 10. El Consejo Moral Republicano tiene las siguientes competencias:

1. Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y

la moral administrativa.

2. Velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público.

3. Velar por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y

de la legalidad, en toda la actividad administrativa del Estado.

4. Promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como las

actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución

de la República Bolivariana de Venezuela, al amor a la patria, a las virtudes

cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República, y a la

observancia y respeto de los derechos humanos.

5. Promover la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el

trabajo.

6. Presentar ante la Asamblea Nacional los Proyectos de leyes relativos a los

órganos que lo integran.

7. Participar y hacer uso del derecho de palabra ante la Asamblea Nacional en la

discusión de las leyes que le sean afines o que sean de su competencia.

8. Efectuar la segunda preselección de los candidatos o candidatas a magistrados

o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la cual será presentada a la

Asamblea Nacional.

9.

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