Normativa Y Legislación Nacional Y Autonómica De Canarias En Materia De Discapacidad

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICA DE CANARIAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.

María Jesús Suárez Duque

D.N.I 43666216 A

e-mail: mjesuss66@gmail.com

Centro asociado de Las Palmas. UNED

Curso 2011-2012

ÍNDICE.

1.INTRODUCCIÓN………………………………………………………….………5

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA NACIONAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD………………………………………………………………………7

2.1 LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA……………………………………………….7

2.1.1 Artículo 9.2………………………………………………………………………...7

2.1.2 Artículo 14…………………………………………………………………………8

2.1.3 Artículo 41…………………………………………………………………………8

2.1.4 Artículo 49…………………………………………………………………………8

2.2 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS. (LISMI)…...8

2.2.1 Medidas sobre accesibilidad al medio físico y transporte público colectivo……...9

2.2.2 Medidas de prestaciones sociales y económicas…………………………………10

2.2.3 Medidas para la normalización de la educación………………………………….10

2.2.4 Medidas para la integración laboral………………………………………………11

2.3 LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (LIONDAU)……………………………………………………………………………12

2.3.1 Medidas sobre accesibilidad……………………………………………………...14

2.3.2 Medidas para la calidad de vida y actitudes sociales……………………………..15

2.4 LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA…………………………16

2.5 NORMATIVA ESPECÍFICA EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN….....18

2.5.1 Ley General de Educación de 1970………………………………………………18

2.5.2 Ley 13/ 1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos (LIMI)…….18

2.5.3. El Real Decreto 334/1995, de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial…………………………………………………………………………………18

2.5.4 La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)……………………………………………………………………………….18

2.5.5 El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los alumnos con NEE………………………………………………………………………19

2.5.6 La Orden de 14 de febrero de 1996………………………………………………19

2.5.7 La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)……………………………..19

2.5.8 La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades…………………19

2.5.9 La Ley Orgánica 4/2007, de 11 de abril………………………………………….20

2.5.10 El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre……………………………….20

2.6 LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL EMPLEO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD…………………………………………………………………...20

2.6.1 La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social……………………………………………………………………………20

2.6.2 El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, regula las medidas alternativas para el cumplimiento de cuotas de reserva……………………………………………………22

2.7 PLANES DE ACTUACIÓN…………………………………………………….22

2.7.1 EL I PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD 2004-2012………………….22

2.7.2 EL II PLAN DE ACCIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2003-2007………………………………………………………………………………23

2.7.2 EL II PLAN DE ACCIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2003-2007……………………………………………………………………………....23

3 .LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AUTONÓMICA DE CANARIAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD…………………………………………………...23

3.1 MEDIDAS PARA LA ACCESIBILIDAD ……………………………………...25

3.1.1 LEY 8/1995, DE 6 DE ABRIL, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN. ……………………………….25

3.1.2 Decreto 227/97, de 18 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/95, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación (BOC 21/11/97)...............................................................................................................28

3.1.3 Decreto 148/2001, de 9 de Julio, por el que se modifica el Decreto 227/97, que aprueba el reglamento de la Ley 8/95 de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y de la comunicación (BOC 18/07/01)……………………….30

3.2 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN LABORAL…………………………………31

3.3 DEDUCCIONES AUTONÓMICA DEL IRPF…………………………………34

4. CONCLUSIONES…………………………………………………………….……35

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………...…39

1. INTRODUCCIÓN.

En España, las primeras medidas específicas en el ámbito de la atención a la discapacidad, se inician a finales de la década de los 60. Concretamente, en el año 1968 se crea el llamado “Servicio Social de Asistencia a Subnormales” que, en 1970 pasa a designarse “Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos”. Más tarde (en 1974), éste cambiaría su denominación por la de “Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos” (SEREM), que daría lugar, cinco años más tarde al conocido INSERSO (Instituto Nacional de Servicios Sociales) y ya en 1997 se constituiría finalmente como IMSERSO (Instituto de Migraciones Servicios Sociales)

A pesar de este progreso, a finales de la década de los sesenta y de la creación de organismos específicos para este colectivo, el verdadero avance o por lo menos el más notorio, llegaría en España en los años ochenta, respaldado por nuestra Carta Magna. En esta carta se recogen derechos como la dignidad y todas las normas que fundamentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 49 de la misma, se expresa el deber de los gobiernos de aplicar políticas de prevención, rehabilitación, tratamiento e integración social. Éste último deber al que hace referencia por parte de las administraciones, da lugar, en 1982 a la promulgación de la Ley española que regula la inserción laboral y social de las personas minusválidas (ley 13/1982, de 7 de abril) de integración social de minusválidos (LISMI), y a los posteriores Decretos que regularían el empleo, educación, talleres ocupacionales, prestaciones económicas, etc.

Consecuencia de esta legislación, a principios de los 90 se emprende en nuestro país un espacio de valoración y propuestas para mejorar las condiciones sociales de las personas con deficiencias, que desemboca en la aprobación del Plan de Acción para Personas con Discapacidad de 1997-2002 del IMSERSO, en el que se programan los objetivos, medidas y acciones a realizar por las Administraciones central y autonómica, Cabildos y Ayuntamientos, y en el que se contempla los pilares básicos para lograr la normalización, incrementar la calidad de vida y la calidad de servicio. Todo ello teniendo como objetivo último, lograr la mayor autonomía e independencia posible de este colectivo, promocionar la participación activa en la vida económica y social, integración educativa y laboral, etc.

En este informe se pretende recoger por un lado la normativa española, en materia de discapacidad y por otro, la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias. El inicio de una atención especializada y de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos se recoge en el artículo 49 de la Constitución Española de 1978 dando lugar en 1982, la aprobación de la LISMI, Ley de Integración Social de los Minusválidos para desarrollar el mandato constitucional y abordar de forma integral la situación de las personas con discapacidad. Esta ley que sólo se limita a establecer unas prestaciones para favorecer la integración de las personas con discapacidad se completa con la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, la LIONDAU, aprobada en 2003 con la pretensión de que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos los derechos civiles, sociales, económicos y culturales para que así, dispongan de una igualdad de oportunidades y no discriminación, en cumplimiento del artículo 9.2 y el artículo 14 de la Constitución Española. Posteriormente, se aprobó el 14 de diciembre la Ley de Promoción de la

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