Reporte de Casos

Reporte de Casos N°1

Una economía mixta se da cuando muchas actividades económicas son realizadas por el sector privado y otras por el Estado. La empresa privada se introduce en el contexto en el que puede efectuar una mejor gestión en determinadas actividades económicas que se rigen por la ley de la oferta y la demanda, y son reguladas por el mismo mercado. De acuerdo con Stiglitz el Estado debe intervenir solo en los campos en los que son más importantes los fallos de mercado y en los que existen pruebas de que su intervención puede suponer una gran mejora (2002: 18). En el caso del servicio que brindan las EPS existe una contraposición con respecto a quién debería administrarlo. Por un lado se piensa que este servicio debe ser proporcionado por el Estado para asegurar una mejor distribución, y por el otro se piensa que el sector privado puede gestionar mejor la calidad de este servicio.

En el Perú la mayoría de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento son de propiedad pública, razón por la cual no son gestionadas de forma que se obtienen resultados óptimos. Por ello la cobertura de este servicio se da a un 80% y por un promedio de 16 horas. Como consecuencia se dictó un decreto supremo que propone a las municipalidades un esquema voluntario para mejorar el servicio que brindan las EPS mediante concesiones al sector privado.

Existen razones para respaldar la actuación de la empresa privada en la provisión de este tipo de servicios. En el estado social-liberal se plantea que las funciones del Estado deben estar delimitadas a sus actividades principales, dejando para el sector privado ciertas actividades. “La actividad empresarial […] puede ser mucho mejor y más eficientemente controlada por el mercado que por la administración del Estado” (Bresser 1998:529). En manos del sector privado, el servicio de saneamiento y alcantarillado mejoraría en términos de calidad y alcance. Debido al mayor financiamiento se podrían generar planes de expansión viables que hagan posible la cobertura a las zonas más que solo cuentan con cisternas. Si bien es cierto que la privatización abre la posibilidad de pagar un mayor precio por este servicio, también da la oportunidad de (a través de una compensación de precios por distintos sectores atendidos) que las personas que no cuentan con agua a diario, puedan acceder a un menor precio del que pagan por las cisternas, y del que pagarían las personas que tienen fácil acceso a este servicio. Por otro lado, si se da una ligera alza en los precios, el uso y consumo del agua se empezaría a racionalizar debido a que se adquiriría mayor conciencia de su valor. Lo cual se sumaría a los numerosos esfuerzos por cuidar este recurso que en un futuro próximo será escaso, y los más afectados serán los que actualmente tienen menos facilidad para acceder a este servicio.

No obstante, es importante reconocer que el Estado juega un rol importante en la administración de las EPS. La economía es eficiente en el sentido de Pareto en determinadas circunstancias, pero hay condiciones en las que los mercados no son eficientes y constituyen un argumento a favor de la intervención del Estado (Stiglitz 2002: 92). Una de estas condiciones es el fallo de la competencia, precisamente la del monopolio natural (en donde es más económico que una empresa brinde el servicio). El Estado debe intervenir debido a que empresas privadas pueden aprovechar que se trata de un recurso básico y necesario para todos los pobladores, y así establecer mayores precios que no son regulados por el mercado ya que hay un único ofertante. El Estado debe garantizar que la mayor parte de personas tengan acceso a este. Debe responder a los ciudadanos y permitirles ser más libres. Tener la oportunidad de acceso diario al agua implica progreso y desarrollo para muchas personas que la necesitan tanto para su consumo como para poder realizar algún tipo de actividad económica. Es imperativo que el Estado establezca una gestión eficaz con las EPS ya que el agua es un recurso vital y como tal no debe ser negociable.

En Chile el servicio de saneamiento y agua potable se encuentra privatizado, en donde el servicio tiene un nivel de cobertura eficaz. Asimismo, se encuentra regulado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) la cual se encarga de:(i) La fiscalización de las empresas sanitarias respecto de la calidad del servicio;(ii) otorgar las concesiones; (iii) fijar las tarifas a las entidades prestadoras del servicio;(iv) brindar información al mercado actual sobre el sector sanitario a nivel nacional. El sector chileno cuenta con un innovador sistema de subsidios efectivo, el cual busca subvencionar a las familias de bajos recursos económicos, dándose así la aplicación de tarifas autofinanciadas para beneficio de estos. Además, cuenta con un abastecimiento de agua eficientemente diversificado en zonas urbanas y rurales. En contraste con el Perú, donde es insuficiente la cobertura de servicios en ambas zonas.

Por otro lado, Ecuador es un país en el que este servicio se encuentra regulado por el sector público. En comparación a Chile, tiene deficiencias como bajos nivel de cobertura (zonas rurales), limitaciones en cuanto a la recuperación de costos, y un servicio poco eficiente y de baja calidad. Asimismo, no cuenta con un ente que regule el sistema de servicio de agua y saneamiento. Por el contrario, requiere de apoyo externo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BIB) y el CARE (organización internacional de desarrollo) quien se encarga de fomentar proyectos de cobertura (junto con los municipios) para las zonas rurales.

En conclusión, es difícil definir con exactitud quién debería gestionar el servicio de saneamiento, para que así se pueda garantizar que la mayor parte de los pobladores tenga un fácil acceso a este recurso escaso y necesario, y así no se enfaticen más las desigualdades sociales. Es probable que el sector privado se encuentre en mejores condiciones para administrar este servicio, ofreciendo más calidad y mayor financiamiento para expansión de redes. Sin embargo, es importante mencionar que el Estado debe intervenir en su función de regulador, estableciendo tarifas a las empresas privadas y fiscalizando los planes de expansión de cobertura. De este modo se puede privatizar un servicio elemental sin afectar a los usuarios.

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