TESINA DERECHO PROCESAL FISCAL I

INTRODUCCION

El estado de derecho que todo país debe tener, es algo por lo que los gobernados han luchado siempre, es por eso que la presente tesis pretende ayudar en esta lucha, haciendo ver las anomalías que pueden presentar las figuras jurídicas que se dan en las leyes que rigen este país.

La materia fiscal es una de las ramas del derecho que menos se han analizado, debido tal vez al temor infundado de las matemáticas que están presentes en esta, pero independientemente de eso, es necesario analizar a fondo esta materia, puesto que en ella se encierra todo lo relacionado con los impuestos que como gobernados estamos obligados a dar según el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual afecta directamente nuestro patrimonio económico.

De ahí la preocupación de enfocar el presente trabajo al recurso de revisión en materia fiscal, puesto que desde su sola lectura se perciben los inconvenientes que presenta el citado recurso para el gobernado o causante; en primer lugar por su forma de tramitación y en segundo lugar por la desigualdad procesal que representa para el gobernado, ya que se trata este recurso de una oportunidad exclusiva para la autoridad fiscal.

1. EL RECURSO ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL

1.1. Generalidades.

Para entrar al estudio del recurso administrativo resulta indispensable, primeramente, comprender su significado desde el punto de vista genérico, es decir, saber con certeza y claridad el concepto de Recurso.

Existen variadas opiniones a cerca de este tema, entre las cuales destacan las siguientes:

Juan Palomar de Miguel, en su Diccionario para Juristas, establece que el recurso, es una acción y efecto de recurrir, retorno de una cosa al lugar de donde salió. Solicitud, memorial, petición por escrito. Acción concedida por la ley al interesado de un juicio o en otro procedimiento para reclamar contra las resoluciones, ya sea ante la autoridad que las dictó, ya ante alguna otra.[1]

Jesús González Pérez expresa que, la impugnación procesal comúnmente recibe el nombre de recurso y define al proceso de impugnación como “aquel proceso especial por razones jurídico-procesales que tienden a la depuración de un proceso distinto y menciona dos criterios de clasificación para el proceso de impugnación.”[2] Este autor divide el primer criterio en ordinarios, extraordinarios y excepcionales los primeros no exigen para su admisión causas específicas, los segundos proceden únicamente por las causas limitativamente fijadas por la ley; y en los últimos se dan solamente en contra de sentencia firme. En el segundo criterio hace la clasificación según el grado judicial en que se sitúe la impugnación en relación con la resolución recurrida; en el mismo grado de jerarquía, o en grado superior.

Sin embargo, en la doctrina cubana Fernando Álvarez Tabío, afirma que la diferencia esencial entre la impugnación y los recursos estriba en que el recurso siempre se dirige a impugnar una resolución judicial, mientras que la impugnación puede dirigirse a combatir un acto de parte, y al final resume el recurso en dos conceptos, en sentido lato y en sentido estricto; el primero, es un acto de parte, una verdadera pretensión en la que se pide al órgano jurisdiccional la reforma de una resolución judicial anterior; el segundo, es el medio de impugnación que persigue un nuevo examen del asunto ya resuelto ante un órgano judicial de categoría superior al dictado en la resolución que se impugna.[3]

El recurso es una acción que concede la ley al interesado en un juicio o en otro procedimiento para reclamar contra las resoluciones, ora de la autoridad que las dictó, ora ante alguna otra.[4]

Por lo tanto, podemos decir que, el recurso "es el medio de defensa por el cual las partes pueden promover el control de la legalidad de la sentencia de un juez o de la resolución de una autoridad cualquiera, siendo esa acción un elemento integrante del derecho de defensa que constitucionalmente le corresponde"[5].

1.1.1 Concepto de recurso administrativo y jurisdiccional.

Para que se constituya un estado de derecho, es necesario que sus actos estén revestidos de legalidad, de ahí que sea indispensable que existan medios de defensa, que pueda utilizar la persona afectada por la resolución ya sea administrativa o jurisdiccional, para impugnar la resolución que provoca detrimento en su interés jurídico.

Una opinión es que, el Recurso Administrativo es aquel medio de defensa que la ley establece para deducir ante un órgano administrativo, una pretensión de modificación o revocación de un acto administrativo dictado por ese mismo órgano o por su inferior jerárquico.[6]

Emilio Margain Manautou, menciona que "el recurso administrativo es todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar, ante la Administración Pública, los actos y resoluciones por ella dictados en perjuicio de los propios particulares, por violación al ordenamiento aplicado o falta de aplicación de la disposición debida."[7]

En el Diccionario para Juristas se establecen dos conceptos de recurso, uno administrativo, que se define como el derecho de cada uno de los particulares que pueden interponer contra las resoluciones administrativas y ante los propios organismos de la Administración; y el contencioso administrativo, que es aquel que se interpone contra las resoluciones de la Administración activa que reúnen determinadas condiciones establecidas en las leyes.[8]

La finalidad del recurso administrativo, es controlar las decisiones de los órganos administrativos para que se emitan conforme a derecho. Dicho recurso siempre se interpondrá ante un órgano de la Administración Pública para que inicie su trámite y resolución, ya sea ante la autoridad que emitió el acto impugnado o bien ante una autoridad superior, siempre y cuando sean órganos pertenecientes a la administración activa; aquí cabe hacer la aclaración (que considero fundamental) que si la ley

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