Viabilidad económica de la independencia de Cataluña

El Parlament catalán aprobó, el pasado 9 de noviembre de 2015, el inicio del proceso de independencia y constituyente de un nuevo Estado para Cataluña, con una declaración aprobada con los votos afirmativos de 72 diputados y 63 en contra. El proceso de "desconexión", tal como lo llama la declaración, insta al Govern a mantener obediencia exclusiva a las normas y leyes emanadas del Parlament y, por tanto, desobediencia al Tribunal Constitucional.

La independencia de Cataluña se promueve basándose en dos aspectos. En primer lugar, su identidad en cuanto a cultura y plurilingüismo; y en segundo lugar, económico. La Generalitat asegura que una Cataluña independiente es viable económicamente y que el Estado del Bienestar de los ciudadanos catalanes mejorará notablemente después de esta independencia.

Viabilidad jurídica de la Independencia de Cataluña [1,3,4]

La Carta Magna de la Descolonización (resolución 1514) aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960 intenta vincular el derecho a la autodeterminación a los casos de dominación colonial; y en menor medida, racista y extranjera. Además, en 1970 se publica la resolución 2625 que afirma que: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Por tanto, no hay una libertad ilimitada para invocar, sin fundamento, ese principio de Derecho Internacional positivo, el del respeto a la unidad nacional e integridad territorial. Asimismo, en Estados consolidados en su territorio, se ejerce la libre determinación interna cuando optan por fórmulas distintas a la independencia para los territorios que forman el Estado consolidado: “la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo”

La opción autonómica, federal, cantonal, municipal o regional son formas legítimas de ejercicio de libre determinación interna, al igual que lo es una opción centralista si ésta fuera la voluntad popular. Así, el Derecho Internacional vigente sólo protegería la reivindicación del “derecho a decidir” cuando ese Estado contra el que se reivindica la libre determinación no está dotado de un gobierno que represente la totalidad del pueblo de dicho territorio.

Cataluña no es pueblo colonial, ni hay discriminación, ni hay dominación racial, ni invasión extranjera, ni se impide el acceso a las actividades políticas, económicas, empresariales, sociales o a los medios de comunicación. Por todo ello, no hay fundamento para la autodeterminación externa.

Por otro lado, ¿qué Derechos tiene la Unión Europea respecto a Cataluña y viceversa? La Unión Europea no es un Estado, sino una organización internacional. No hay un territorio propio, sino un ámbito espacial de aplicación de un conjunto de normas. Así, el aumento o disminución de territorio de un Estado sólo afectará a dicho Estado y no es competencia de la UE. Ahora bien, una posible secesión tiene consecuencias en las reglas en vigor de la UE.

Si España pierde el territorio de Cataluña, el Derecho Internacional aplica el principio de continuidad del Estado. España mantendría sus derechos y obligaciones; y por tanto, su membresía en las organizaciones a las que perteneciera. Por el contrario, el nuevo Estado nace libre para escoger sus compromisos.

Existen opiniones “pragmáticas” que dicen que un nuevo Estado (Cataluña) puede ingresar rápidamente en la UE mediante acuerdos políticos. Pero este tipo de afirmaciones no se pueden sostener en un sistema tan sujeto al Derecho y al control judicial como el de la UE.

Si la secesión llegara a consumarse, Cataluña sería un nuevo Estado distinto a España y no podría conservar los beneficios de la vida en común ni en el orden internacional ni en el europeo. Por tanto, no se puede hacer demagogia con este tema y decir que se les expulsaría de la ONU; UE, etc. Nadie les expulsaría, sería la consecuencia directa de la secesión. Además, este nuevo estado se constituye en un mercado diferenciado con capacidad para poner aranceles, barreras al comercio, etc., quedando fuera del espacio económico unificado.

A pesar de todo lo dicho, el Parlamento catalán y las fuerzas independentistas han llegado a considerar suficiente legitimidad democrática una manifestación multitudinaria (un millón de personas) para llegar al acto final de independencia. Así han iniciado el proceso de independencia ante la negativa del Gobierno español de la posibilidad de un referéndum.

Por tanto, es realmente necesario establecer vías de diálogo con expertos que analicen la realidad de las relaciones de Cataluña con el resto de España en todos los ámbitos de la vida pública, se identifiquen los problemas o desequilibrios. En definitiva que se evite la secesión mediante reformas legales o constitucionales necesarias; ya que ha sido claramente demostrado que el bloqueo de las negociaciones políticas no está ayudando al proceso en absoluto.

Viabilidad económica de la Independencia de Cataluña [1-2]

Más allá del debate político, la cuestión que subyace detrás de una Cataluña independiente es saber si el nuevo Estado catalán sería viable desde un punto de vista económico y si podría financiar desde el día uno de la independencia todos los servicios que se supone que un Estado debe prestar a sus ciudadanos.

Despejar esa incógnita no es fácil: el debate económico está tan polarizado como el político; y depende de muchos factores y escenarios, algunos tan importantes como estar fuera o dentro del euro. En cualquier caso, tanto a los independentistas como a los que creen que Cataluña es una parte indivisible de España les salen las cuentas; a los primeros para defender la secesión, y a los segundos para justo todo lo contrario.

Se necesitan evaluar las ventajas e inconvenientes de la independencia, tanto en fase de transición como una vez recuperadas las condiciones normales de funcionamiento del nuevo Estado.

Aunque una cifra es una cifra, siempre es interpretable, y la interpretación que hace Junts pel Sí es clara: una Cataluña independiente sería un Estado "con superávit, más justo y más próspero" que la Cataluña actual, que según Artur Mas está lastrada por su "macrodependencia" del Estado español. Desde el lado contrario argumentan que el coste económico de independizarse de España sería tan alto, que incluso aunque el nuevo Estado fuera viable económicamente, "los beneficios son insuficientes" al menos para dos o tres generaciones.

Pero ¿qué cifras manejan unos y otros? ¿Qué pasaría con partidas tan importantes como las pensiones, la deuda, el paro o las exportaciones?

Déficit y financiación – La balanza fiscal

Las balanzas fiscales de un territorio parte de un Estado miden la diferencia entre los ingresos que la Administración Central de dicho Estado (Seguridad Social incluida) obtiene de los residentes en ese territorio y los beneficios que les aporta mediante su gasto.

El déficit o el superávit de las balanzas fiscales se pueden producir por diversas razones:

• Porque el Gobierno Central decida discrecionalmente gastar más en un territorio que en otro.

• Por el funcionamiento automático de algunas políticas públicas.

• Porque la progresividad del sistema fiscal hace que las regiones más ricas obtengan mayores recursos fiscales.

• O porque el sistema de financiación aporte fondos insuficientes para los servicios transferidos.

En Junts pel Sí están convencidos de que en una Cataluña independiente el actual déficit, que ellos estiman en 5.000 millones de euros anuales, desaparecería para dejar paso a un saldo positivo de 11.590 millones. Y eso incluso después de haber costeado el proceso de transición a la independencia, es decir después de lo que Artur Mas ha llamado alguna vez “creación de las estructuras de Estado”. El economista Germà Bel (número uno de Junts pel Sí en Tarragona) expone que “un 40% de los impuestos que pagan los catalanes marchan y no vuelven, son 2.200 euros por cada ciudadano de Cataluña al año, casi 16.000 millones de euros en total, un 7,7% de nuestro PIB".

Según Germà Bel, esos 2.200 euros de más por ciudadano elevarían el PIB por habitante de una Cataluña independiente por encima de la media de la UE. Eso permitiría llegar a la independencia con dinero extra. Eso sí, los independentistas contemplan un escenario casi idílico: una Cataluña en el euro y dentro de la UE, algo que ya se ha expuesto, que aparte de no ser probable no sería inmediato en caso de que fuera posible.

Por otro lado, Josep Borrell está de acuerdo en que en el caso de que Cataluña pudiese disponer de dichos 16.000 millones de euros anuales adicionales, recibiría un notable apoyo para su independencia. Pero la independencia, y con ella, el pretendido “expolio fiscal”, no daría dicha cantidad de dinero a Cataluña.

Esta discrepancia de datos se debe al procedimiento de cálculo de la balanza fiscal que usa cada una de las partes. Existe el método del flujo beneficio que imputa el gasto según la residencia del beneficiario y el ingreso según la del que soporta el impuesto. Y el método de flujo monetario que imputa el ingreso allí donde se obtiene y el gasto allí donde se produce el servicio público. Las diferencias entre ambos métodos son notables, porque no todos los impuestos que se recaudan en Cataluña los pagan los catalanes ni todos los que pagan los catalanes se recaudan

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