CODIGO GENERAL DEL PROCESO COMO GARANTIA DEL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA- TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.

CODIGO GENERAL DEL PROCESO COMO GARANTIA DEL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA- TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.

Ponente: Juan Camilo Mendez Londoño  Cód.: 201612088

Ponencia presentada a petición del semillero de investigación dirigida por el profesor Manuel H. Restrepo.

Dentro del marco jurídico que abarca la elaboración del acervo de temas que se pueden tratar en los diferentes semilleros de investigación cuya participación y dirección depende de los estudiantes y profesores de derecho de la Facultad de la U.P.T.C, el tema de la justicia es de mayor menester, porque si bien el fin último del derecho no podría ser netamente la justicia, es esta ultima el pilar que hace que se desarrollen mecanismos y procedimientos para la protección de la misma, por medio del derecho.

Los diferentes teóricos a lo largo de la historia han definido la justicia de diferentes maneras, como por ejemplo una de las primeras definiciones de justicia que la dio Aristóteles al decir que la justicia es una virtud política y social que establecen el orden de la comunidad, haciendo ver que lo justo y lo legal esta muy asociado ya que son las leyes las que determinan lo permitido o los prescrito por lo cual determinan los aspectos que conforman la justicia, pero las leyes deben estar basadas en justicia, por esa razón se complemente lo legal y lo justo.^[1]

Lo que se trata de explicar es que la justicia es una definición ambigua, es decir se puede definir e interpretar y dar un alcance de maneras diferentes, lo que no se considera una ambigüedad y que debe ser expresado taxativamente son los procedimientos y el alcance de la justicia, dando garantías para que se de el adecuado ejercicio de justicia, por medio de la administración de la Justicia en el país, que debe tener claro que el acceso a la justicia se tiene que considerar como una derecho fundamental.

Entendiendo esto, al acceso a la justicia como derecho fundamental consagrado en la constitución, se tiene que hablar de los diferentes procedimientos jurídicos de la administración de la justicia.

En este orden de ideas, es fundamental mencionar, que en el país, el adecuado funcionamiento del control y administración de justicia se ha visto perjudicado por los diferentes procedimientos cambiantes que se desarrollan en el país, haciendo entrever a la administración de justicia como un “conejillo de indias” de diferentes normativas.

Esto, por obvias razones, perjudica las garantías procesales de justicia, creando un sistema justicia río obsoleto y nada estable.

Este era un problema que preocupaba a todos los sectores de la sociedad, ya que no había una garantía procesal de justicia, por lo que se tuvo que comenzar a crear mecanismos claros y estables que garantizaran los presupuestos constitucionales del acceso a la justicia y basados en los principios constitucionales  del acceso a la justicia, es decir que se respetara la dignidad humana, el debido proceso, la igualdad, el derecho a un tribunal independiente y autónomo, la presunción de inocencia y sobretodo que se respete la TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.

Por eso se creó el Código General del Proceso, porque existía la necesaria  tarea de crear un nuevo código de procedimiento, con el propósito principal de mejorar el servicio de justicia, por eso por medio de estudios estadísticos, informes nacionales e internacionales y opiniones de experto se concluyó la necesidad de explorar alternativas para dotar a la sociedad de una guía de procedimientos realmente efectivos, accesibles, rápidos, modernos y económicos, que son características imprescindibles para garantizar el debido proceso, humano y justo, que es el presupuesto para el bienestar, la equidad, la armonía social y la paz, lo cual hace reconocer al acceso a la justicia como un derecho fundamental de toda persona.

El nuevo código de procedimiento, o la nueva guía de procedimientos para garantizar el acceso a la justicia, era imprescindible para proteger la Tutela Jurisdiccional Efectiva, la cual es una garantía procesal y constitucional para el adecuado ejercicio de la justicia en el país, que no solo defiende el acceso a la justicia, sino que se resuelva por medio de sentencia la “Litis” pero sobretodo que la sentencia que ponga fin al proceso este fundada en derecho, es decir que se conozcan los hechos y las pretensiones con una adecuada construcción probatoria y que la decisión sea motivada por el juez, estableciendo esto una garantía de suma importancia para proteger el derecho de la justicia de las personas.

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