CONTEXTO AGRICOLA

Contexto agrícola en Colombia

Colombia posee características ecológicas, geográficas y culturales, que le proporcionan potencialidades y posibilidades para su desarrollo. Es el segundo país con mayor biodiversidad del planeta, se calcula que posee el 10% de la biodiversidad mundial, unas 45.000 especies vegetales y una gran variedad de especies animales. Posee prácticamente todos los climas y es uno de los países con mayores fuentes de recursos hídricos, presentes en ecosistemas marinos como terrestres, especialmente ubicados en 27 humedales complejos de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Adicionalmente, Colombia posee una gran diversidad étnica y cultural, ya que convive la población mestiza, negra y campesina, con más de 84 pueblos indígenas que hablan 64 lenguas.

En las últimas décadas se han presentado cambios que han afectado los ecosistemas y las formas de vida de la población, acompañados de la pérdida de la biodiversidad agrícola y silvestre y de los sistemas productivos tradicionales, lo cual se ha reflejado en una profunda crisis de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional. Algunas de las causas de esta crisis se deben a problemas estructurales y otras a las erróneas políticas del Estado.

Crisis en la producción de alimentos

El gobierno colombiano ha emprendido la apertura generalizada a las importaciones de los productos básicos de la agricultura y la alimentación, cumpliendo con las directrices contempladas en el "Acuerdo sobre Agricultura de la OMC", sobre liberación de la agricultura y desmonte de subsidios a los agricultores de los países del Sur, y también siguiendo los lineamientos de los acuerdos bilaterales de comercio, TLC, establecidos principalmente con Estados Unidos. Ahora la seguridad alimentaria de Colombia depende de alimentos básicos importados, siendo Estados Unidos, Canadá y Argentina, países que son los principales proveedores de alimentos y materias primas industriales como maíz y soya, trigo, algodón, entre otros. Esta apertura a las importaciones ha tenido un fuerte impacto en la economía nacional, ya que ha producido un gran desabastecimiento de alimentos junto con la pérdida de los sistemas de producción nacional, especialmente de los pequeños agricultores.

Al revisar la situación del sector agrícola de Colombia, en la última década ha disminuido en más del 60% el área sembrada con cultivos transitorios y se ha desarticulado la producción agrícola campesina. Por ejemplo, al comenzar la década de 1990 se producía internamente el 95% del maíz de consumo nacional, pero para el año 2005 se importaron más de dos millones de toneladas, lo que representa mas del 70% del maíz que requiere el país (Colombia es el sexto importador de maíz proveniente de Estados Unidos). Situación similar ha ocurrido con la soya: la producción nacional desde 1990 ha disminuido en más del 73% de la producción y el 77% del área cultivada.

La ayuda alimentaria en la población marginada

Estados Unidos y la comunidad Europea distribuyen parte de sus excedentes de producción agrícola en el mercado internacional a través de los programas de ayuda alimentaria. Estados Unidos dona anualmente más de 500.000 toneladas de maíz y de productos derivados, para los programas internacionales de ayuda, entre los cuales se calcula que más del 30% son transgénicos. Por tal circunstancia, algunos de los beneficiarios de la “ayuda alimentaria” proveniente de Estados Unidos, entre ellos varios países africanos y la India, la han rechazado al comprobar que gran parte es transgénica.

Soya transgénica en la ayuda alimentaria

Los países Andinos reciben ayuda alimentaria, especialmente dirigida a los programas nacionales de alimentación de la población infantil más marginada. Muchos de estos programas se basan en el suministro de soya. Debido a que en nuestros países no se controlan los alimentos que se distribuyen en esta ayuda, varias organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la Red América Latina Libre de transgénicos RALLT, realizaron en el año 2000 una evaluación genética de la soya que se distribuye en los programas nacionales de alimentación de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Para realizar esta evaluación se tomaron muestras de soja que utilizan los programas nacionales y se enviaron al laboratorio GENETICS ID de Estados Unidos, para analizar si había sido modificada genéticamente. Al evaluarse el Programa de ayuda alimentaria que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, entidad que distribuye en las escuelas y hogares infantiles de la población más pobre del país, alimentos con un alto contenido de soya. Esta acción, realizada por el Grupo Semillas y Consumidores de Colombia COCO, reveló que el 90% de esta soja era transgénica, correspondiente a la variedad de soja Roundup Ready de Monsanto resistente al herbicida glifosato.

A partir de estos resultados, se hizo una denuncia pública y se cuestionó el papel de las autoridades competentes en la materia, por no tomar cartas en el asunto, lo cual generó un debate en el interior del programa Nacional de alimentación de ICBF y una evidente reacción pública, tanto por las noventa mil madres comunitarias que implementan el programa en todo el país, como por la población que recibe esta ayuda alimentaria. Como resultado, el ICBF debió retirar de sus bodegas todo el stock de soya del que disponía, aunque no logró precisar cuál fue el destino final de este cargamento. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestó públicamente que desconocía que la soya fuera transgénica, y aseguró que ésta fue adquirida a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria BNA, entidad que le garantizó que era de origen nacional. Esta situación es muy grave puesto que las entidades gubernamentales no pueden garantizar la calidad y procedencia de los productos que utilizan, debido a que no existe un control real sobre los organismos y empresas importadoras de alimentos.

A raíz de esta polémica, el Ministerio de Ambiente le solicitó al Ministro de Agricultura que el país adoptara una moratoria en la introducción de OGM, basado en la limitada capacidad de control sobre los OGM que tiene el país y a la inexistencia de una ley nacional de Bioseguridad que incluya el control de todos los OGM; pero esta postura del Ministerio de Ambiente no tuvo eco en la demás autoridades en la materia. Con posterioridad a esta acción, tampoco las autoridades competentes han implementado algún mecanismo de control o seguimiento

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