Aplicación de políticas públicas en las instituciones educativas

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Universidad Estatal de Milagro

FACULTAD EDUCACIÓN

  CARRERA: Educación básica en línea

  ESTUDIANTE: Alexandra Elizabeth Ponce Guerrero

  INSTITUCIÓN: Escuela de educación básica “Dr. Jaime Aspiazu Seminario”

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES: OBSERVACIÓN I

LIDER DE LA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR:

TUTOR DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES: Mgtr. Culque Núñez Cruz Abigail

FECHA: 25/01/2023 al 03/02/2023

HORAS:  40 horas

INTRODUCCIÓN.

Como futuro docente, se considera necesario comprender la importancia y el impacto de la implementación de políticas públicas en las instituciones educativas. Sin embargo, ahondando en los fundamentos teóricos relacionados con el tema, se entiende que el motivo de la investigación es su impacto directo e indirecto en los actores sociales relevantes. Por lo tanto, “a partir de una mirada antropocéntrica, corresponde precisar qué y para qué es la educación en el Ecuador, pues el fin es promover una sociedad justa e incluyente que involucre directamente la percepción de los valores culturales, éticos y estéticos” (Toscanini, Aguilar). y García, 2016, pág. 161).

El objetivo principal es determinar cómo afectan las políticas públicas a las instituciones educativas del Ecuador. A su vez, se puede mencionar que los objetivos específicos son:  

Describir el contexto material e inmaterial de la unidad educativa Jaime Aspiazu Seminario.

Detallar específicamente, la asistencia jurídica que garantiza el derecho a la educación.

Determina la implementación de la política pública en la unidad educativa Jaime Aspiazu Seminario en las dimensiones de organización académica e infraestructura.

 Concluir cómo las prácticas observadas afectaron su futura labor docente. El objetivo es recibir al menos un aporte superficial al cuerpo científico del círculo académico, cooperar con el enfoque especialista de la unidad educativa, pero sobre todo pretende enriquecer las conclusiones personales para fortalecer la futura actividad como docente.

Se cree que el ensayo contribuirá a la comprensión de los actores de la sociedad que dirigen sus actividades en la institución, “muchas delegaciones de docentes y estudiantes de los centros de estudio y profesionales de la enseñanza y estudiantes tendrán la oportunidad de evaluar las tendencias, tensiones y desafíos que tiene la profesión docente en el Ecuador y en América Latina” (Fabara, Villagómez, Hidalgo y Robalino, 2019, p. 9).

El objetivo es promover la comprensión de la implementación de políticas públicas de la unidad educativa y del sistema educativo ecuatoriano en general, ya que la capacidad de diferenciación de los docentes incide directamente en los contenidos que se imparten en el aula y en la formación de los estudiantes.

Referente a la Unidad Educativa Dr. Jaime Aspiazu Seminario es una escuela de educación regular situada en la provincia de Guayas, cantón de Guayaquil en la parroquia de Febres Cordero, es un centro educativo de educación regular y sostenimiento particular laico, con jurisdicción hispana, la modalidad es presencial de jornada matutina y nivel educativo de inicial y egb, amablemente el representante de la institución Msc Yule Palma Posligua, proporciono la información pertinente para el desarrollo del presente estudio.

Además, la docente señaló, ante la crisis sanitaria que vive el país, que el principal objetivo es velar por el bienestar de los alumnos que allí estudian. Es decir, desde su creación se esfuerza por ser un centro educativo que facilite el acceso a la educación a los niños y jóvenes de la zona, asegurando su garantía constitucional y permanencia en la nueva normalidad. Desde entonces, el Estado democrático del Ecuador ha sustentado la institucionalidad y sus principios constitucionales.

art.- 66. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad y otros servicios sociales necesarios” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 32).

Se asegura que todos los centros educativos, independientemente de su modalidad, aspiran apoyar aquel principio y ampliar las opciones académicas de los estudiantes. Es así, como el espectro en un país democrático es amplio: particular, fiscal, fiscomisional, laico, internacional, unificado, religioso, artístico, técnico, etc.

De igual forma, “art.- 261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en educación y salud” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 130).

Aquello significa que el Estado ecuatoriano reconoce el derecho de los representantes y estudiantes de elegir la educación bajo sus principios particulares y personales. No obstante, deja en evidencia que, bajo circunstancias regulatorias, se reserva la competencia a dictar las políticas de educación y mantener su valía, frente a cualquier otra autoridad.

Por consiguiente, “Art.- 326. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 164).

Pese a existir los derechos a la réplica, libre asociación y la protesta, al ser la educación una garantía constitucional, todos los servidores públicos o privadores que se dediquen a impartir, deben priorizar el desarrollo normal de sus actividades frente a cualquier desavenencia con las autoridades del Ministerio de Educación o interés particular.

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

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