LA REFORMA DEL ESTADO Y EL DEREchO COnSTiTuciOnAL Y ADMiniSTRATivO MExicAnO

Abstract

En el presente trabajo se propone una reforma democrática del Estado Mexicano que implique la modificación integral del Derecho Constitucional y Administrativo, a fin de construir un sistema presidencial sujeto a controles eficaces, para que el ciudadano tenga certidumbre y confianza en la gestión pública.

Introducción

José Ortega y Gasset en su en su libro La Rebelión de las Masas, señala que la función social de la historia y su enseñanza es actualizar a las generaciones sobre los avances del conocimiento de la humanidad y con ello colocar el umbral del nuevo desarrollo del conocimiento futuro.

Los cambios que se han documentado por la historia política mexicana han llevado a algunos autores de Ciencia Política, entre ellos a Luis F. Aguilar Villanueva, a sostener que nos encontramos en un proceso de Reforma de Estado caracterizado por el abandono del Estado benefactor y la llegada del Estado regulador.

* Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Especialidad en Notaria Pública por la Universidad de Guanajuato. Académico de asignatura de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana León desde 1995, Institución donde actualmente estudia la Maestría en Política y Gestión Pública.

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Dicho proceso de transformación del Estado se ha traducido en reformas políticas y económicas que han impactado en modificaciones al derecho constitucional, pero que no han impactado, de igual manera, al derecho administrativo, disciplina que regula la función de la administración pública dentro del Estado.

En ese sentido, el Derecho Administrativo Mexicano requiere actualización, disciplina que todavía en pleno siglo XXI, postula figuras y principios del Estado interventor y del régimen autoritario del siglo pasado, y no se ha actualizado conforme a las transformaciones de la nueva gestión pública con enfoque internacional.

Por ello, el propósito de este ensayo es mostrar algunos de los aspectos que requieren actualización en el Derecho Constitucional y Administrativo Mexicano para adoptar modernas instituciones inclusivas que permitan una reforma de la administración pública y, en general, del Gobierno hacia un modelo más eficiente y eficaz, con instituciones que propicien el bienestar público y el desarrollo democrático.

La preocupación y necesidad de redactar este ensayo surge debido a que todavía al día de hoy, en la mayoría de escuelas y facultades de Derecho en México, se estudian los libros de tratadistas del siglo XX, como Gabino Fraga (Fraga, G. (1934). Derecho Administrativo) y Andrés Serra Rojas (Serra, A. (1959). Derecho Administrativo), autores respetables y connotados pero que pertenecen a una generación distinta a la nuestra que correspondió al Estado interventor y al partido hegemónico.

De acuerdo con lo anterior, es necesario iniciar una nueva reflexión doctrinal para colocar a las nuevas generaciones de abogados en la tónica de los retos que plantea el siglo XXI, consistentes en modernizar la gestión pública para propiciar una cultura democrática en la sociedad mexicana y con ello atender y resolver las carencias y limitaciones, entre ellas, el desempleo y la inseguridad.

El objetivo es destacar que la forma como está organizado legalmente el Estado mexicano, en la actualidad, no permite tener un gobierno eficaz y eficiente, debido a una inadecuada supervisión del ejercicio y resultados de la función pública en todos los órdenes, lo que genera un efecto de inseguridad que es necesario combatir para la lograr el bienestar general. Lo anterior parte de la preocupación de que nuestro país está inmerso en un procesos de cambio. “Transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto, es también el

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estado intermedio entre el inicial y al que se llega con el cambio. En relación con el fenómeno jurídico, se utiliza el vocablo transición para referirse a las transformación de una forma de gobierno o de Estado.” (González y López, 2000).

“Esta transición amplia no implicaría, al menos en el horizonte previsible, la desaparición del Estado, sino una nueva articulación entre el derecho interno y el derecho externo. Por ello supondría también un replanteamiento de las fórmulas tradicionales de la división de poder, así como el alcance y extensión de los derechos fundamentales” (López, 2000).

“Una Transición en sentido amplio es la que condujo, por ejemplo, a la conformación del Estado de Derecho, configurado por un sistema fundado en una Constitución que consagra la división de poder y los derechos fundamentales” (González, 2000).

Al mismo tiempo, la reflexión se propondrá en el sentido de preguntarnos si los cambios que proponemos son posibles de acuerdo con la cultura política de nuestra sociedad.

La inseguridad sistémica radica en que los órganos del Gobierno del estado, vinculados con el control del poder, no cuentan con los mecanismos legales suficientes para asegurar la aplicación de la pena o sanción en caso de existir la violación de la ley.

Existe, en general, una aplicación de la ley discrecional motivada por razones políticas o económicas, basadas en una cultura política ciudadana de súbdito o parroquial.

“ Al final de cuentas... es que el derecho se encuentra necesariamente presente como medio de expresión e institucionalización de decisiones políticas y lo que es más, que de él dependen, en gran medida, que éstas efectivamente se lleven a a cabo y no únicamente como intenciones en códigos y leyes” (Concha, 2000).

A continuación se refieren algunas modificaciones legales y constitucionales que se consideran urgentes y que, en nuestra opinión, son la grandes reformas institucionales de derecho público que requiere México para lograr una mayor prosperidad económica y social. Desde luego, la crítica consistiría en señalar que no basta con reformas legales, sino que también es necesaria una transformación de la cultura política de la sociedad de una súbdita a una participante. Sin este condimento la democracia, como sistema de gobierno, estará lejos de lograrse en nuestro país y la reforma legal quedará en el papel solamente.

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I. Instituciones a reformar en el Derecho Público Mexicano para fortalecer la cultura democrática

De acuerdo con la visión de Pablo González Casanova “... podemos hoy concluir con cualquier ideología que el futuro inmediato del país (México) depende de la democratización efectiva y del desarrollo...” (González, 1986).

Asimismo, en el continente europeo, algunos estudiosos del Derecho Administrativo, entre ellos Jaime Rodríguez–Arana Muñoz, sostienen que debe elevarse al carácter de derecho humano fundamental la prestación del servicio público de manera eficaz y eficiente, lo que permitirá incidir en el nivel de bienestar de la población.

Postulado interesante ya que dicho autor propone que todos los gobernados podamos exigir legalmente la prestación de servicios con calidad en todos los ámbitos de su desempeño.

El reconocimiento de este derecho, para no quedar en la tinta de una reforma a la Constitución y permear en toda la sociedad una nueva cultura política, requiere las siguientes reformas objetivas dentro del Estado Mexicano:

• Revisión y consolidación de una real división de poderes para moderar los efectos que ha ocasionado el Presidencialismo por su excesiva discrecionalidad; se requiere una auténtica reforma del sistema político y no sólo de matiz que parta de la cúspide del Poder, mediante el cual se involucre al ciudadano en sus decisiones. “Ya he dicho que la naturaleza del Gobierno republicano es, que el pueblo en cuerpo.., tengan el poder supremo” (De Secodant, 1987).

Dentro de esta perspectiva se debe intensificar la promoción de una cultura social democrática que permita crear un sistema de partidos eficaz y un sistema electoral competitivo

• Revisión del tamaño de la Administración Pública para determinar si se justifica la existencia de una diversidad de secretarías de Estado tanto a nivel federal como local, labor que implicaría un análisis de la existencia de duplicidades funcionales y que concluyera con una disminución del número de dependencias del Poder Ejecutivo. “A diversos factores obedece la proliferación innecesaria de secretarías de Estado, entre ellos destaca la proclividad de los titulares del Ejecutivo Federal a corresponder a quienes les ayudaron para llegar al cargo, o favorecer a sus amigos, e incluso familiares” (Fernández, 2008).

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• Fortalecimiento del federalismo en forma efectiva entre los estados del país y un reposicionamiento de las atribuciones de los gobiernos municipales, sin recursos económicos suficientes para prestar los servicios públicos que el marco legal le impone. “La desigualdad regional también es significativa.., las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara con 25 % del total de la población contribuyen con más del 60% de la industria manufacturera, mientras el 40% de la población todavía vive en poblaciones de menos de 2500 habitantes” (Tello, 2011).

• Establecer un sistema de planeación efectiva con indicadores de disminución de la pobreza y creación de empleos y, en paralelo, el fortalecimiento

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