La Escuela Nacional de la Magistratura

MARCO LEGAL:

La Escuela Nacional de la Magistratura tiene su fundamento en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Su base principal radica en el derecho constitucional previsto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece:

“El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia...”

(...) “La Ley propenderá a la profesionalización de los jueces o juezas y las universidades colaborarán en este propósito, organizando en los estudios universitarios de Derecho la especialización judicial correspondiente”.

Por otro lado, el artículo 26 eiusdem, obliga al Estado a velar por la incorporación de jueces capaces, al obliga al Estado a velar por la incorporación de jueces capaces, al señalar:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Por otra parte en su artículo 17, la recién promulgada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela dispone:

“La Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura son órganos dependientes jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. La Inspectoría General de Tribunales es una unidad dirigida por el Inspector General de Tribunales, el cual será de libre nombramiento y remoción de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

La Inspectoría General de Tribunales tendrá como función esencial inspeccionar y vigilar, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia, a los tribunales de la República de conformidad con la ley.

La Escuela Nacional de la Magistratura es el centro de formación de los jueces y de los demás servidores del Poder Judicial, conforme a las políticas dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta institución debe cumplir la función esencial e indelegable de profesionalización de los jueces, mediante la formación y capacitación continua de lo que debe ser el nuevo juez o jueza venezolano, para lo cual mantendrá estrechas relaciones con las universidades del país y demás centros de formación académica”.

Las políticas, organización y funcionamiento de la Escuela Nacional de la Magistratura, así como sus orientaciones académicas, corresponderán al Tribunal Supremo de Justicia”.

OBJETIVOS DE LA ESCUELA:

La Escuela Nacional de la Magistratura tiene como objetivos principales:

1. Establecer el marco general de la institucionalidad del Poder Judicial, en función de los lineamientos que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia señale, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, a los fines de garantizar para el Estado el cumplimiento de los elevados objetivos sociales dispuestos en el artículo 255 de la Constitución Nacional.

2. La definición de cual es el juez o jueza que se requiere para la administración de justicia en Venezuela.

3. La selección de los aspirantes a jueces o juezas para el Ingreso a la Escuela Nacional de la Magistratura desde el Programa de Formación Inicial, partiendo del hecho de que los mismos deberán ser abogados, con conocimientos jurídicos que se constatarían con un examen de admisión, que incluirá una evaluación psicológica y médica, y el análisis en lo posible de sus condiciones éticas y profesionales.

4. Atender el tema de los aspirantes a jueces o juezas y la formación de los que ya forman parte del sistema y demás funcionarios del Poder Judicial, quienes recibirán capacitación en materias como ética, autoestima, informática, sociología, psicología, interpretación de la Ley, pruebas, oratoria forense, técnicas de redacción jurídica y responsabilidad del juez, y al mismo tiempo propenderá a una mejor transparencia en el manejo de la carrera judicial.

5. Formar los abogados que cumplan con los requisitos de admisión establecidos en las normas legales correspondientes en materia de ingreso a la carrera judicial, así como los jueces en funciones y demás auxiliares de justicia, con el objeto de lograr su profesionalización como administradores de justicia, mediante los criterios uniformes de naturaleza institucional que deben caracterizar al Poder Público

6. Garantizar el proceso de evaluación y concursos de los jueces o juezas no titulares y la promoción y ascenso de los jueces o juezas titulares, mediante la creación del programa de formación y evaluación de los jueces o juezas no titulares y de promoción y ascenso de los titulares.

7. Conscientizar al juez o jueza sobre su papel en la sociedad, cuál es su responsabilidad con respecto a ésta, en qué consiste su independencia y cómo la defiende; además de acceder al mundo de la computación y la tecnología informática.

8. Garantizar a los jueces o juezas y al personal judicial en general una mayor fortaleza, para lograr una verdadera eficacia y excelencia en el servicio que prestan, logrando un significativo compromiso con su propia función y con el organismo al cual pertenecen.

9. Conducir a una mayor credibilidad de los ciudadanos en el sistema de justicia, coadyuvando con la función que ha venido realizando el Tribunal Supremo de Justicia en la transformación y modernización del Poder Judicial, con fundamento en los postulados del artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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