Fuentes de financiamiento en Sinaloa: prestamistas y banca de fines del siglo XIX hasta 1931

Fuentes de financiamiento en Sinaloa: prestamistas y banca de fines del siglo XIX hasta 1931

En Sinaloa, el crédito o financiamiento aplicado a la agricultura comercial se obtuvo de diversas fuentes: los prestamistas, que por lo general eran comerciantes, con casa debidamente establecida; también estaban los "usureros", entre los que no faltaban personas de la "alta sociedad", dedicadas a prestar dinero, con pagarés y garantía de bienes muebles o inmuebles.

Al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, la economía de Sinaloa contó con la participación de prestamistas y algunas casas comerciales, que cubrieron las demandas financieras de distintos sectores, incluso de la participación de ayuntamientos y del gobierno. Así, entre 1881 y 1911 se cuentan entre las personas y sociedades que otorgaban crédito a Amado Andrade, Remedios de la Rocha, Martín Martinelli, Domingo Uriarte, Manuel Clouthier, Francisca Rojas, José María Cuevas, Juan Escutia y las empresas Hernández Mendía y Compañía y Bartning Hermanos y Compañía. De esta lista, los primeros cinco eran de Culiacán y el resto de Mazatlán (Aguilar 2001, 106).

Durante el último cuarto del siglo XIX, el financiamiento, tanto particular como bancario, se canalizó sobre todo a ingenios azucareros, debido a que eran de las actividades más rentables del momento. La producción de azúcar absorbía grandes capitales propiedad del mismo industrial o de sus asociados, de otras sociedades, de la banca o particulares. El inicio del despegue de la producción tomatera en el mercado externo fue en el periodo posrevolucionario, primero apoyada por el crédito privado, hasta que obtuvo un mercado sólido.

En 1889, en el puerto de Mazatlán se estableció la primera institución bancaria en la entidad: una sucursal del Banco Nacional de México. Sin embargo, como la población no estaba acostumbrada a realizar transacciones crediticias por vía institucional, la actividad bancaria fue limitada durante varios años. En 1898, se establecieron dos bancos más en Mazatlán: una sucursal del Banco de Londres y México y uno estatal de emisión, denominado Banco Occidental de México, que inauguró en ese mismo año su primera agencia en Culiacán. Aunque este banco se constituyó con un capital de 500 mil pesos en la Ciudad de México, su domicilio social se encontraba en Mazatlán. Fue "fundado con capital inglés y nacional", este último aportado por comerciantes de dicho puerto, quienes pronto se quedaron con la dirección (Aguilar 2001, 88). El Banco de Sonora abrió en 1909 una sucursal en Culiacán y una agencia en El Fuerte (Ortiz 2001, 41; Aguilar 2001, 108–111).

La actividad bancaria se desenvolvió sin problemas hasta 1914, cuando se generalizó la inestabilidad política y social provocada por la lucha contra el gobierno de Victoriano Huerta y se vivió una situación caótica en el norte y centro del país. Para dicho año todos los bancos de Sinaloa habían cerrado (Aguilar 2001, 92).

Sin embargo, en la mayor parte del país no fue tanto el clima de violencia y zozobra lo que provocó la suspensión de operaciones de la mayoría de los bancos, sino las pérdidas que les causaron los préstamos al gobierno de Huerta —forzados o no—, más sus consecuencias políticas adversas. Al triunfar los constitucionalistas y sus aliados, los bancos quedaron en una situación tan precaria como comprometida. El nuevo gobierno, presidido por Venustiano Carranza, dispuso en 1915 la caducidad de varios de los bancos de emisión, con el argumento de que la comisión reguladora de instituciones de crédito al revisar sus cuentas "comprobó que la situación financiera de la mayoría [...] era insostenible, pues sus existencias metálicas eran insuficientes para hacer frente al rescate de sus billetes y devolución de sus depósitos" (Ortiz 2001, 41–42), por lo cual se incautaron los bancos en 1916. Para evitarla, el Banco Occidental cerró su matriz y sus cinco oficinas foráneas en 1914, y trasladó al extranjero sus existencias en metálico y billetes. En 1918, volvió a abrir sus puertas al aplicarse las leyes de pagos de este mismo año, pero fue en 1922 cuando empezó a recuperarse. Un año antes se habían reabierto también las sucursales del Nacional y del Banco de Sonora, pero tampoco les fue mejor, pues "hasta 1925 se dedicaron a cobrar la cartera vencida que arrastraban desde 1913" (Aguilar 2001, 93). De 1925 a 1932, la actividad crediticia mejoró paulatinamente.

Por otra parte, la disminución de las operaciones bancarias abrió una coyuntura que aprovecharon los comerciantes–prestamistas para continuar con sus actividades. Así, en Sinaloa "resurgió el crédito con usura practicado por los acaudalados de la región y por las grandes casas comerciales establecidas en las principales ciudades" (Aguilar 2001, 92). Como ocurriera en el porfiriato, en estos años los créditos obtenidos de particulares se canalizaron sobre todo a la agricultura. Ello explica, en parte, el impulso notable que cobró entonces este sector.

El creciente papel de las entidades privadas: 1932–1949

Los agricultores productores de tomate tuvieron que solucionar la falta de financiamiento bancario con capitales propios y los proporcionados por los comerciantes–prestamistas, por inversionistas y casas comerciales estadounidenses, esto es, en la explotación del tomate sinaloense intervinieron agentes internos y externos. En la década de los años treinta, los primeros estaban representados por comerciantes–prestamistas e instituciones, que colaboraron activamente en el financiamiento de la agricultura comercial, como la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) , fundada en 1932, que en sus primeros años de actividad destinó una parte de sus fondos para financiar siembras y cosechas, otorgó créditos refaccionarios, de habilitación o avío (Cárdenas 1965, 26).1

Aunque no hay información desagregada para conocer con precisión el papel que jugaron las instituciones privadas, como la CAADES o la banca, los ejemplos que a continuación se presentan dan una idea de su aportación a favor de la agricultura comercial, en particular de la siembra de tomate.

Entre el 11 de noviembre y el 5 de diciembre de 1933, la CAADES proporcionó créditos de avío y refaccionarios por 24 500 pesos a tres productores. El más importante, de 14 500, a la sociedad Espinoza Sandoval y Compañía, de los cuales:

[..] 6 500 servirían para el desazolve del canal, para arreglar el portizo, lavar motores, reparación de calderas y demás gastos para arreglar el terreno [...]. Los 8 000 restantes se aplicarán exclusivamente por la compañía al pago de jornales, materias primas, salarios y cualquier otro gasto que tenga por objeto directo el cultivo de la siembra de tomate de exportación [...].2

Con ese préstamo, la sociedad se comprometía a sembrar 200 hectáreas de tomate, de 250 que poseía, y el resto de otras hortalizas. Para garantizar el buen manejo de los fondos, la institución nombró un representante cuya función era vigilar las acciones del acreditado, además de entregar el dinero en partidas de acuerdo al avance en la siembra. Por otra parte, para financiar a los productores, la CAADES exigía prendas en hipoteca como garantía de pago. En el caso mencionado, la compañía hipotecó los bienes y materias primas obtenidas con el crédito, y dejó en manos de la confederación la cosecha resultante. También garantizó el financiamiento con una bomba de agua completa de 24 pulgadas de diámetro, un motor de 20 caballos de fuerza, una caldera equipada de 140 caballos, una calentadora de agua, así como la casa de empaque y las 250 hectáreas de terreno.

Cabe resaltar que la maquinaria hipotecada pertenecía a la Mexico Arizona Trading Company (MATCO), una de las empresas tomateras más grandes del estado, la cual autorizó que la sociedad Espinoza y Sandoval realizara el convenio con esas garantías. Esta información pone de manifiesto la relación de negocios entre ambas; por una parte MATCO permitía que la sociedad hipotecara parte de sus activos, y así se aseguraba de comprar y comercializar el tomate cosechado por ésta.

Otra muestra del financiamiento brindado por la CAADES a sus agremiados es una operación realizada el 12 de febrero de 1935, cuando otorgó préstamos de habilitación y avío por 13 482 pesos plata mexicana.3 De acuerdo con los registros, los agricultores tenían de tres meses a un año para pagar su deuda, dependiendo del monto recibido. El testimonio siguiente es revelador:

Por medio de esta escritura otorgan un contrato de habilitación o de avío, que abre la Confederación, al señorValdéz (sic), [...], siendo el crédito por la suma de $4,232, los que destinará el señor Valdéz, exclusivamente a la siembra de tomate [...], en una extensión de 60 hectáreas de terreno propiedad de la Compañía Azucarera Almada, Sociedad Civil en liquidación judicial, ubicada en Navolato, el plazo para el pago de la suma expresada es el de seis meses a partir de la fecha de este contrato [..] (RPP 1935, libro 16, legajo 67: 317–318).

Para los agricultores, la confederación resultaba la opción más atractiva, pues cobraba intereses de 10 o 12 por ciento según los montos,4 lo que redundaba en mayores beneficios para los horticultores, ya que los intereses eran menores que los de algunos prestamistas en esos años (18 a 24 por ciento). A pesar de que el financiamiento era uno de sus objetivos, la CAADES sólo proporcionó este servicio hasta julio de

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