Las estrategias de la clase obrera en los origenes del peronismo

NICOLÁS IÑIGO CARRERA

Las estrategias

de la clase obrera

en los orígenes

del peronismo

Capítulo 6:

De la resistencia a la génesis

de una fuerza social (1930 – 1935)

En el ámbito de la actividad económica, el período 1930-1935 se corresponde mayormente con la crisis capitalista mundial que tuvo su manifestación más visible en el "crack" bancario de 1929 en Estados Unidos y cuyas más duras manifestaciones se prolongaron en Argentina hasta 1933/1934. En el campo de las relaciones políticas, el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, que derrocó a Hipólito Yrigoyen, puso en evidencia la crisis del sistema institucional, en particular, del sistema electoral. La cúpula de la burguesía argentina se aseguró el control del gobierno del estado e implementó las políticas afines a sus intereses, para adecuar el país a las nuevas condiciones del mercado mundial. La crisis política se prolongó en la proscripción de los candidatos de la Unión Cívica Radical, el partido electoralmente más numeroso, que respondió con la abstención electoral y la conspiración militar, mientras el gobierno utilizaba el fraude electoral contra los socialistas y, en la segunda mitad de la década, levantada la abstención radical, utilizándolo contra todos sus opositores. La primera mitad de la década se caracterizó por la utilización abierta de la fuerza armada del gobierno y del estado, el uso generalizado de armas en la lucha política y la posibilidad de una abierta guerra civil.

El gobierno de Hipólito Yrigoyen había llevado adelante una política dirigida a ciudadanizar a una parte del movimiento obrero manteniendo una fluida relación con los dirigentes de fracciones obreras, particularmente con los ferroviarios que, por su inserción en la actividad productiva y su organización, tenían la suficiente fuerza como para convertirse en interlocutor necesario de cualquier gobierno, como pronto lo demostraría la política que siguieron frente a los gobiernos de los generales José E Uriburu y Agustín P. Justo. A la vez, tenían bastante que perder como para salir en defensa de un gobierno que no consideraban como propio. Para las fracciones obreras excluidas del proceso de ciudadanización, el gobierno radical sólo era sinónimo del uso de la fuerza material contra sus intentos de organización.

El gobierno de Uriburu se caracterizó por el uso de la fuerza material del estado para imponer nuevas condiciones económicas y políticas en la sociedad argentina, sin más apariencia de legalidad que el aval otorgado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia, ni más legitimidad que el ejercicio de facto, con el mantenimiento del Estado de Sitio durante 17 meses, la clausura del Congreso Nacional y de las Legislaturas Provinciales y la suspensión de elecciones. Su proyecto, finalmente derrotado, apuntaba a reemplazar la representación parlamentaria mediante el voto ciudadano por otra basada en las corporaciones, una "democracia funcional" en la que los sindicatos "apolíticos" tenían reservado un lugar.

La ofensiva del régimen logró disminuir la lucha obrera: 1931 fue el año con menos huelgas y huelguistas de toda la década. Sin embargo, las luchas obreras no desaparecieron, y tampoco se limitaron a reivindicaciones inmediatas, como testimoniaron, por ejemplo, el anarquista Laureano Riera Diaz y el comunista Jesús Manzanelli.

Esas luchas se entrelazaron con otras líneas de confrontación. Además de la lucha económico práctica de distintas fracciones de obreros con sus patrones, ya fuera mediante la acción directa (panaderos, choferes) o dentro del sistema institucional (ferroviarios), y de su prolongación
en el campo de las relaciones políticas con la participación de socialistas, comunistas, sindicalistas y anarquistas, existió la confrontación de los partidos de la oposición (socialistas, demócratas progresistas y radicales) con los gobiernos de Uriburu —por el respeto a los derechos ciudadanos y el pronto retorno a la vigencia del sistema electoral- y de Justo, por el respeto a los derechos ciudadanos, contra el fraude y la subordinación del gobierno al imperialismo; confrontación que momentos tomó carácter armado en las conspiraciones y levantamientos de militares yrigoyenistas. La acción de organizaciones de civiles armados caracterizados desde el movimiento obrero como fascistas, generalizó el uso de las armas en la política: todas las organizaciones, incluso aquellas que como los socialistas rechazaban el uso de la fuerza armada para la toma del poder, organizaron grupos armados para la de sus actividades. La única excepción fue la CGT.

Nacimiento de la CGT 

Frente al golpe de estado, la reacción inmediata de la Unión Sindical Argentina (USA), de orientación mayoritariamente sindicalista, y la de la Confederación Obrera Argentina (COA), mayoritariamente socialista, que eran las centrales sindicales con mayor número de afiliados, fue coronar un largo proceso de unificación y fundar, el 27 de septiembre de 1930, la Confederación General del Trabajo (CGT), que incluyó también a numerosos sindicatos autónomos. Hasta diciembre de 1935, la dirección de la CGT estuvo en manos de la corriente sindicalista, revolucionaria en sus orígenes pero que, manteniendo una posición "antipolítica", contraria a la intervención de los partidos políticos en la vida sindical, labia derivado hacia el diálogo y negociación con el gobierno del estado, cualquiera fuera su signo.

La USA, la COA y los gremios ferroviarios hablan mantenido relaciones con el gobierno derrocado, y la CGT estableció vínculos de permanente negociación con el nuevo gobierno, poniendo de manifiesto a tendencia, existente a partir de que una parte del movimiento obrero logró la suficiente fuerza como para ser tenida en cuenta desde el poder, a establecer relaciones con todos los gobiernos, a constituirse en parte del sistema institucional y a mantener como uno de sus objetivos principales la preservación de la organización sindical. La CGT postuló la prescindencia política frente al golpe de estado y "aconsejó a los sindicatos prudencia” frente al gobierno de Uriburu, Sin dejar de planear reivindicaciones inmediatas, aceptó justificar la aplicación de la ley marcial y designar los delegados obreros a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); intervino en la actividad política nacional con declaraciones, entrevistas y actos, realizó gestiones ante el gobierno en relación con varios conflictos laborales, elaboró un Programa Mínimo y propuestas para combatir la desocupación y gestiones por los presos sindicales. Por esto es cuestionable la caracterización de Del Campo, que afirma que sólo tuvo una "vida puramente vegetativa'. Las relaciones entre la CGT y el gobierno se incrementaron durante la presidencia del general Justo, con visitas casi mensuales al despacho presidencial.

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