Concepto y Objeto de la Parte Especial.

Unidad 1: 1. Concepto y Objeto de la Parte Especial.

Sector del derecho penal estratificado en un cuerpo legislativo (Libro II), donde se especifican los tipos legales, hechos merecedores de pena. Escenario homogéneo y fragmentario de tipos cuyo objeto es establecer con la mayor exactitud posible los actos prohibidos, bajo amenaza de pena, y las relaciones entre ellos, describir la conductas dañosas a bienes jurídicos.

2. Sistema de Clasificación de los Delitos.

Clasificar y ordenar las tipologías. La clasificación de los delitos no es un problema científico sino una técnica legislativa o de política criminal que facilita la lectura del código. Constituye un soporte garantista que permite al ciudadano conocer de antemano las conductas prohibidas y castigadas, y un complemento del principio del legalidad.

Criterios históricos: simple catálogo, según sean perseguibles de oficio o instancia de parte, por la pena (crímenes, delitos, contravenciones), por el elemento subjetivo (dolosos, preterintencionales y culposos), impulso criminal (sangre, carne, venganza, odio), alfabético, por el bien jurídico protegido. La importancia del último es que especifica las garantías, fija el ámbito del injusto y permite una ordenación en grupos señalando la graduación jerárquica.

Función dogmática: violación de la norma es la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos.

Función sistemática: clasificación mediante jerarquías y agrupación según especie e intensidad de protección.

Función interpretativa: relieve de la importancia del bien en la adecuada comprensión de la norma.

Tradicional división en delitos contra las peronas (bienes individuales) y contra la colectividad (supraindividuales).

3. Código Penal Argentino. Sistematización de la Parte Especial.

Libro II, 13 títulos. 6 primeros sobre bienes jurídicos individuales (persona, honor, integridad sexual, estado civil e identidad, libertad, propiedad), 7 últimos sobre bienes colectivos o supraindivuduales (seguridad pública, orden público, seguridad de la Nación, poderes públicos y orden constitucional, administración pública, fe pública y orden económico y financiero).

4. Principios Informadores del Derecho Penal.

Limitan el ius puniendi en función del Estado social y democrático de derecho, circunscribiendo la intervención punitiva del mismo a bienes jurídicos merecedores (considerados altamente valiosos y dignos de máxima protección), necesitados (fracasan en su amparo los medios de las otras ramas) y capaces (ataques dirigidos a ellos pueden ser realmente reprimidos o evitados por soluciones penales).

Mínima intervención: principio político-criminal limitador del poder punitivo (antítesis del autoritarismo), considera al D.P. como ultima ratio, sólo aplicable cuando resulte indispensable, quedando deslegitimado si otras medidas pueden restablecer el orden. Se manifiesta porque el D.P. tiene carácter fragmentario (protege sólo los bienes más fundamentales, las reglas mínimas de convivencia social, no a todos), naturaleza subsidiaria (utilizado sólo cuando no haya otro remedio, por haber fracasado otros mecanismos).

Legalidad: Máxima garantía de seguridad consagrada en el art. 18 de la C. N. (nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior). Límite al ajercicio arbitrario e ilimitado del poder.

Rivacoba incluye: Lesividad u ofensividad (virtualidad de lesionar o poner en peligro inminente un bien), proporcionalidad (entre pena y delito), actividad (acto voluntario positivo o negativo) y humanidad.

5. Garantías Emergentes del Principio de Legalidad.

Criminal: ningún hecho es delictivo sin ley anterior a su perpetración que lo califique.

Penal: ninguna pena es de aplicación sin su previo establecimiento por ley (pena y duración).

Jurisdiccional: nadie es condenado, sino en virtud de sentencia firme por tribunal competente.

Ejecución: la pena es ejecutada en la forma previamente descripta en la ley.

6. TÍTULO I: Delitos Contra las Personas. Sentido y Alcance.

6 Capítulos que agrupan estructuras delictivas diferentes que se distinguen entre ellas por su naturaleza: algunas configuran delitos de resultado y otras de peligro para la vida o la integridad física. Protección a sólo dos aspectos de la persona humana: vida e integridad corporal (salud física y mental). Concepto de persona: individuo psicofísico de existencia visible, “todos entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes” (art. 51 C.C.).

7. Delitos contra la Vida. Bien Jurídico Vida Humana: Reconocida constitucionalmente, objeto de protección con distintas intensidades de intervención durante el proceso de la vida. Es materia de discusión doctrinal la determinación del contenido del bien jurídico y el momento en que comienza la vida humana independiente, existiendo la perspectiva: a) Naturalística: criterio biológico parcialmente exacto, que sostiene que la vida merece protección desde que concurren los presupuestos fisiológicos que la tornan reconocible, sin que importen razones de utilidad, capacidad, viabilidad, calidad o condición; y b) Valorativa: enfoque totalizador, compuesto no sólo de elementos biofisiológicos sino también de elementos normativos-valorativos que permiten una inserción del hombre en la cúspide del sistema, la vida es un complejo programa vital.

8. Comienzo de la Vida Humana. Límites de Protección Penal. Diferentes Teorías: Determinar el inicio de la vida nos permitirá marcar los límites entre el aborto y el homicidio y su fin, los límites entre el homicidio y la atipicidad.

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