Caso administradores y gobierno corporativo1
elkin_bechara1Trabajo18 de Julio de 2014
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CASO ADMINISTRADORES Y GOBIERNO CORPORATIVO1
Por: Andrés Bernal Castiblanco.
I. Generalidades sobre la Colombia Movil S.A.
Así es Ola La primera empresa operadora de telefonía móvil PCS en Colombia, una compañía para comunicarte feliz. COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. (con su marca OLA) es la primera empresa operadora de telefonía móvil PCS en Colombia, constituida en febrero de 2003 gracias al sueño de dos accionistas muy exitosos, cada uno dando lo mejor de sí en partes iguales: * EPM, 50%. - Es el Grupo Empresarial EPM. - Reconocido como la Empresa del siglo en Colombia. - Aporta su conocimiento y experiencia en transmisión de voz, video y datos. - Tiene $1.9 billones de ingresos operaciones (cifras de 2001). - Tiene utilidades anuales de $977,000 millones (cifras de 2001). * ETB, 50% - Es la Empresas de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. - Aporta su conocimiento y experiencia en telefonía, larga distancia nacional e internacional, Internet y datos. - Tiene $1.3 billones de ingresos operaciones (cifras de 2002). - Tiene utilidades anuales de $251,000 millones (cifras de 2002). OLA es amarillo azul y rojo, el espíritu alegre de los colombianos. OLA es una compañía moderna, sensual, divertida, flexible, práctica. En una palabra, OLA es una marca feliz, que escucha y atiende con dedicación a las personas. OLA es un saludo que invita a la amistad, a compartir, a comunicarte disfrutando el mejor servicio. Literalmente es la definición de una ola, la que la gente hace en el estadio, la que con la brisa trae el mar, esa gran masa de agua que une los continentes y que por lo tanto comunica a todos los seres humanos que habitan este hermoso planeta. Porque los buenos momentos de la vida comienzan por OLA, una marca comprometida con la transparencia, la innovación y la simplicidad.
1 Caso preparado por el autor exclusivamente con fines académicos. Documentado con extractos de información pública de la Pagina Web de OLA, Revista Cambio y Contraloría de Bogotá D.C. Todos los Derechos Reservados - 2006.
II. El problema en la operación
El 20 de abril de este 2004 una comisión especial de la Contraloría Distrital de Bogotá llegó a las oficinas de Colombia Móvil, –empresa que administra el servicio de telefonía móvil OLA–, en el norte de Bogotá, para recoger documentos que sirvieran de sustento a la investigación de supuestas irregularidades en la administración de la compañía, en cabeza de su presidente, Mauricio Mesa Londoño, desde mediados de 2003, cuando este servicio de PCS entró en funcionamiento. Los investigadores buscaban, entre otros, los documentos que soportaban la selección y la adjudicación de las tiendas OLA en todo el país a 41 sociedades privadas.
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Las irregularidades en la gestión administrativa de OLA se comenzaron a vislumbrar desde los primeros meses de funcionamiento del servicio, cuando se multiplicaron las quejas de los usuarios por mala atención, problemas de red, publicidad engañosa y retrasos en la facturación. La conclusión era simple: OLA había desencadenado una masiva colocación de números y teléfonos móviles a precios muy atractivos, pero sus directivos fueron incapaces de avanzar con la misma celeridad en la instalación de la red y en el sistema de cobro.
Mauricio Mesa salió al paso de las primeras críticas con un argumento impactante: "Somos víctimas del exceso de éxito". Para ese entonces, el presidente de Colombia Móvil ya era objeto de cuestionamientos por la revelación de su jugoso contrato de 46 millones de pesos mensuales de sueldo y varias prebendas adicionales que podrían significar en total 1.800 millones de pesos a la vuelta de dos años. Se trataba, sin duda, del más costoso contrato de funcionario alguno en una entidad que maneja dineros públicos.
Mesa aseguró que la ampliación de la red era cuestión de semanas y que pronto OLA se pondría al día en materia de facturación. Para conseguir ese objetivo, convenció a las directivas de ETB y EPM de que le avalaran créditos por 60 millones de dólares, con el fin de cubrir las necesidades de 2004. Y aunque, en efecto, hubo algunas mejoras en el servicio, y las facturas comenzaron a llegar a los usuarios, lo cierto es que las preocupaciones sobre la viabilidad de la compañía no desaparecieron.
La explicación era sencilla. Con sus agresivos programas comerciales como el Plan Pioneros –30 pesos minuto por llamadas entre usuarios OLA, y 120 pesos por llamadas a otros operadores–, la compañía se enfrentó muy pronto a dos noticias, una buena y otra mala: en cuestión de semanas pasó de 600.000 números colocados, pero las pérdidas se dispararon porque como esas tarifas no cubrían siquiera los costos operativos, mientras más vendía OLA, más perdía, de modo que incluso lo bueno se volvía malo. Además, con tarifas tan económicas, el promedio de minutos por usuario, calculado en 80, se disparó a más de 400, con lo cual la red seguía colapsando en las horas pico y las quejas por el mal servicio aumentaban.
Ante ese escenario y el creciente número de denuncias que recibía sobre irregularidades, la Contraloría Distrital conformó una comisión especial para supervisar a Colombia
Móvil y determinar el verdadero nivel de riesgo de que el dinero invertido por la ETB en la empresa se perdiera. "Teníamos que saber qué estaba pasando en OLA, porque la mitad de la plata invertida ahí es de los contribuyentes de la capital" le explicó a CAMBIO uno de los investigadores.
Hay un ejemplo ilustrativo de lo malo que resulta el negocio a tarifas tan bajas. En el Plan Pioneros, OLA les cobra a sus usuarios 120 pesos por minuto para llamadas a otros operadores –Comcel o Bellsouth–. Pero a la vez, OLA debe pagar 300 pesos como costo de traslado de esa llamada cada minuto a los dos operadores celulares, pues así fue como la compañía pactó con Comcel y Bellsouth la tarifa de interconexión.
Como en el país hay muchos más celulares que teléfonos PCS de OLA, la gran mayoría de los minutos hablados por usuarios del Plan Pioneros los cobraba Colombia Móvil a 120 pesos el minuto, pero le costaban a la compañía 300 pesos que debía pagarles a los operadores celulares, además de sus propios costos de operación. Un cálculo sencillo permite medir el tamaño del hueco causado por ello: si se supone que hay 700.000 usuarios del Plan Pioneros que hablan un promedio de 400 minutos, y que por lo menos dos terceras partes de las llamadas –266 minutos– son a usuarios de Comcel o Bellsouth, OLA llegó a perder 180 pesos por 266 minutos por 700.000 usuarios, es decir más de 30.000 millones de pesos cada mes.
Para completar, el valor de 30 pesos por minuto para llamadas entre usuarios OLA con dificultad alcanza a cubrir los costos de operación de esas comunicaciones y, como es obvio, no puede ayudar a reducir la pérdida del resto de la operación. "En la gran mayoría de las llamadas del Plan Pioneros, OLA pierde enormes cantidades y en las demás, apenas cubre costos" le explicó a CAMBIO uno de los investigadores.
Pero ¿quien diseñó, evaluó y autorizó este Plan Pioneros? Aunque la responsabilidad recae en la administración de la empresa, es decir, en Mesa y su equipo de vicepresidentes, los investigadores dedujeron que un plan tan agresivo y riesgoso no podía haber salido al mercado sin el visto bueno de la junta directiva de Colombia Móvil. De inmediato se remitieron a los miembros de ésta y lo que encontraron fue aun más desconcertante.
Los miembros de la junta directiva nunca evaluaron los riesgos del Plan Pioneros ni participaron de esta decisión, que dejaron en manos de Mesa. Una carta de Andrés Obregón Santodomingo, miembro principal de la junta, enviada el 9 de marzo, así se lo confirmó al Contralor de Bogotá, Óscar González: "La fijación de la tarifa de 30 pesos por minuto entre usuarios OLA fue una decisión comercial estratégica diseñada, preparada y adoptada por la administración de Colombia Móvil S. A. ESP para el lanzamiento de la empresa. Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de miembro principal de la junta directiva, no tuve participación en la adopción de dicha determinación".
Una a una las cartas de los ocho miembros de la junta fueron llegando con la misma respuesta. Con estos elementos, la Contraloría de Bogotá decidió abrir una investigación el 20 de abril. El mismo día sus delegados visitaron las instalaciones de OLA y se encontraron con el robo de los documentos de soporte de los asociados estratégicos.
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Pero los problemas no terminaban allí. La Superintendencia de Industria y Comercio, que desde principios del año empezó a recibir quejas de usuarios indignados con el mal servicio, en marzo ya le había impuesto a OLA tres sanciones por 92 millones de pesos (ver recuadro).
Mientras esto sucedía, la Contraloría de Bogotá continuaba sus investigaciones y preparaba un documento para el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón. Para principios de junio, el burgomaestre recibió los primeros resultados. Había conclusiones descorazonadoras. Para la muestra, un botón: las fallas originadas en la capacidad insuficiente de la red habían causado la pérdida de 13 millones de minutos de tráfico entre el primero de marzo y el 14 de mayo de 2004. A una tarifa intermedia de 75 pesos –a mitad de camino entre los 30 pesos entre usuarios OLA y los 120 a otros operadores– , sólo ese rubro daba una pérdida de cerca de 1.000 millones de pesos.
La pérdida de 5.759 millones de pesos como consecuencia de la emisión de 48.000 facturas con errores y de otros 600 millones
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