Fundamentos de la administracion

El estado está al servicio de la persona humana, promoviendo el bien común; los órganos del Estado someten su acción a la Constitución y las leyes garantizando de esta manera el orden institucional y que las autoridades no tomen decisiones arbitrarias, manteniendo siempre el principio de igualdad ante la ley.

Sus roles podemos ordenarlos por su jerarquía según señala nuestra Constitución Política:

1. Presidencia de la República,

2. 24 Ministerios con su representación regional mediante la respectiva SEREMI (Salud, Educación, Trabajo, entre otros.

3. 161 servicios Públicos.

Incluyendo además 345 municipios.

Las empresas donde el Estado posee el 50% o más de la propiedad, son denominadas Empresas Públicas y son reguladas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Existen también otras organizaciones sin fines de lucro, como es el caso de las (ONGs), que corresponden a entidades no gubernamentales (aunque sí reguladas por el Estado, a través del Ministerio de Justicia y más recientemente por los Municipios), de iniciativa social, sin fines de lucro y con objetivos humanitarios o temáticos (conservacionistas, medioambientales, animalistas, entre muchas otras), son independientes de la administración pública aunque normalmente trabajan de manera colaborativa o asociativa con el Estado, al igual que las fundaciones y las cooperativas, las que surgen como una asociación voluntaria de personas, que se unen para trabajar para lograr beneficios para todos sus integrantes y para la comunidad en la que viven, esto permite la reducción de costos de transacción, aprovechamiento de las economías de escala y mejoramiento de sus capacidades de negociación en los mercados de insumos, productos y servicios. En chile las cooperativas son fiscalizadas por el “Departamento de Cooperativas” (Decoop) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, están reguladas por la Ley N 21130/2019 y se conocen por sus tipos diversos: De Ahorro, Para la Vivienda, Agrícolas, Ganaderas, Forestales, entre otras.

Estas organizaciones, son denominadas como “colaboradoras del Estado” ya que son, mayormente, de naturaleza privada y sin fines de lucro.

El Estado especialmente en aquellos sectores donde no tiene presencia física ha creado el denominado gobierno electrónico o EGovernment que es el esfuerzo por difundir y llevar, a través de plataformas tecnológicas, su oferta de servicios a la comunidad, buscando integrar los procesos de comunicación, de gestión, de control del gasto fiscal, entre otros; a modo de ejemplo podemos nombrar la creación de la Clave Única y las oficinas OIRS, que nos permiten acceso a servicios y también a la transparencia.

PROBLEMÁTICA

Este informe aborda una de las múltiples problemáticas que afectan a mi Región: VIVIENDA Y SEGREGACIÓN URBANA, a saber:

Existe un problema profundo que ha sido invisibilizado por el Estado, problema que se mantiene presente y creciente, denominado segregación urbana; sabemos que la políticas habitacionales y usos de suelo, a través de los últimos 20 años han desplazado a los ciudadanos con menos recursos hacia la periferia de la Región Metropolitana y que estos desplazamientos han sido fundamentalmente hacia viviendas del tipo social, sin acceso a bienes y servicios, en su mayoría sin áreas verdes y menos con desarrollo de ofertas u oportunidades de trabajo. En tal sentido aparece que el Estado aun cuando provee la solución habitacional a sus ciudadanos, les niega como contrapartida el derecho de acceso a la ciudad y todo lo que ella contempla (conectividad, bienes, servicios, etc.)

Esta situación ha acarreado que los ciudadanos emplazados en sectores periféricos deban desplazarse, cruzando toda la ciudad para lograr acceder a los beneficios señalados, un caso que resulta emblemático y ejemplificador corresponde al sector de Bajos de Mena, de la comuna de Puente Alto, sector que en más de una oportunidad ha sido sindicado como el gueto de Chile con más de 150.000 habitantes.

Es en la Región Metropolitana que se aprecia, dramáticamente la invisibilización de la población y la segregación territorial que ha separado de forma muy marcada la ciudad en zonas prósperas y zonas rezagadas; esta segmentación ha generado un gran conflicto urbano con consecuencias que afectan de manera directa a la ciudadanía, no sólo en lo ya mencionado, como acceso a servicios, etc., sino que también a la perdida de la identidad de barrio, segregación social y falta de seguridad en la población.

Esta problemática se hizo muy visible tras los efectos de la pandemia del COVID-19, lo que originó un gran debate respecto de las desigualdades en los estándares de calidad de las viviendas y del espacio público.

No habrá más que recordar una declaración realizada por el ministro de salud de la época Jaime Mañalich, mientras explicaba los niveles de contagio en nuestro país, que señaló: «en un sector de Santiago hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga así, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la verdad».

Estas lamentables declaraciones tienen sustento y se han documentado en una serie de estudios que dejan en evidencia problemas de calidad y de habitabilidad de las viviendas (ducci, 2007; Rodríguez y Sugranyes, 2005), segregación residencial, calidad de vida y accesibilidad (Castillo e Hidalgo, 2006; Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001), seguridad (dammert y oviedo, 2004) y las profundas desigualdades que esto revela cuando se hace la comparación con la ciudad en su conjunto (Rasse, 2016; CChC e iEUT, 2020).

En el marco de esta problemática ha existido por parte del Estado una intención de impulsar medidas correctivas, generando normativas que apuntan a mejorar la calidad de la construcción y equipamientos y programas públicos como por ejemplo: Quiero Mi Barrio, Regeneración de Conjuntos Habitacionales de Viviendas Sociales, entre otros; sin embargo estos proyectos han presentado dificultades en su implementación ya sea por aspectos normativos, presupuestarios o por latos tiempos de espera, todas estas situaciones dificultan su implementación, así como su oportunidad y efectividad.

PROPUESTA DE ACCIÓN.

A esta problemática planteo la creación de un proyecto denominado Renovación y Mejoramiento de Barrios Para la Integración Urbana, que permita el Rediseño, construcción y/o reparación participativa de espacios públicos,

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