Los desafíos que enfrenta la justicia en el futuro: los jueces se enfrentan con el advenimiento de Big Data Analytics

Los desafíos que enfrenta la justicia en el futuro: los jueces se enfrentan con el advenimiento de Big Data Analytics

EQUIPO FRANCIA: Adrien Fauchier Delavigne, Ariane Gajzler, Anna Marin

Entrenador: Laure Vuitton 2

Esta es una máquina de recopilación de datos que puede integrar hechos relevantes a su línea de investigación, (...) solo puede volver a ensamblar el material que ya está disponible para descubrir futuros culpables ". La perspectiva de una máquina que permita a las autoridades arrestar ciudadanos sobre la única base de una predicción matemática sigue siendo la ciencia ficción. Sin embargo, el derecho y la informática han dado paso progresivamente a un nuevo campo, Informática Legal, que está convirtiendo la posibilidad de pronosticar futuros fallos judiciales en realidad, a través del procesamiento y cuantificación de métodos de algoritmos sofisticados . Extrañamente, tal posibilidad no es extraña. al mismo concepto de jurisprudencia como lo comprendieron los romanos, para quienes la "prudencia" era una versión contraída de "pro-videntia", derivada del latín "pro-video", que significa "prever". Según Cicerón, la prudencia implica elementos como "memoria, inteligencia y previsión" y se refiere a los riesgos de previsión; por lo tanto, la "jurisprudencia" se refería a prever las consecuencias que tendría la aplicación de la ley a hechos específicos. Si bien los primeros desarrollos de dicha ciencia fueron considerados altamente hipotéticos en el mejor de los casos, o más comúnmente completamente absurdos por respetados practicantes legales, una creciente apertura de datos legales y la producción de poderosas herramientas analíticas ahora conducen al advenimiento de un sistema completamente nuevo. era, en la cual el impacto de tales procesos en el poder judicial debe ser evaluado en su totalidad. De hecho, si tal perspectiva indudablemente altera cómo los jueces abordan la jurisprudencia, tales algoritmos implican fuertes limitaciones, ya que un nivel de imprevisibilidad es necesariamente inducido por la complejidad de cada caso tratado por los jueces. ¿Por qué, entonces, cómo Big Data Analytics altera las prácticas judiciales? ¿En qué medida pueden estos métodos de procesamiento producir predicciones razonables? ¿Cómo pueden los jueces entender tales herramientas y cuáles son los problemas éticos planteados por dicha metamorfosis? Estos aspectos implican una clara identificación de la naturaleza de los datos y algoritmos en juego (I), antes de determinar el impacto que tendrán en el poder judicial (II).

I / The Rise of Big Data Analytics: ¿El comienzo de una nueva era?

Al igual que con otras instituciones importantes, la Justicia sufrirá cambios profundos debido a la introducción de la inteligencia artificial que depende de Big Data. Los componentes de Big Data que se consideran útiles para el poder judicial pueden originarse de diversas fuentes; sin embargo, la fuente de datos más relevante parece provenir del poder judicial mismo. El movimiento Open Data, que conduce a la amplia accesibilidad de las decisiones judiciales, será la piedra angular de la revolución de Big Data. Están surgiendo nuevas partes interesadas y desarrollan algoritmos en un intento de hacer que esos datos sean utilizables, ofreciendo servicios que podrían constituir un mercado altamente lucrativo.

Políticas de A / Open Data: un requisito previo necesario para el advenimiento de la analítica de Big Data

1) Mayor acceso a los datos producidos por los jueces

a) Filosofía detrás de Open Data

Los datos abiertos se refieren a los datos a los que se puede acceder, usar o compartir libremente por el público en general para cualquier propósito. Pero detrás de esta simple definición se encuentra una teoría basada en la creencia de que la acumulación de observaciones objetivas es un componente clave en el progreso científico. Al principio, una filosofía que se origina en los Estados Unidos, la política de datos abiertos es un conjunto de reglas que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de valor al poner los datos del gobierno a disposición de todos. Los organismos públicos producen grandes cantidades de datos e información. Alentar el uso, la reutilización y la distribución gratuita de estos datos promueve los negocios y los servicios innovadores centrados en los ciudadanos. Al hacer que sus conjuntos de datos estén disponibles, las instituciones públicas fomentarán las ciencias sociales y se harán más transparentes y responsables ante los ciudadanos. La apertura de los datos públicos es sin duda una importante herramienta de apalancamiento en la era digital para la renovación de nuestra democracia. Como un órgano vital de cualquier sociedad organizada, el poder judicial se ve necesariamente afectado por estos nuevos estándares de accesibilidad. A pesar de que la ley es accesible para todos, el público no está particularmente familiarizado con su aplicación por parte de los tribunales. Esto se refleja especialmente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que vincula el derecho a un juicio justo con la publicación de sentencias en virtud del artículo 6.

Los tribunales han estado publicando sus fallos durante mucho tiempo, destacando los que consideran más relevantes para que se entienda la ley. Sin embargo, un ciudadano europeo o un abogado no tiene acceso actualmente a la mayoría de las decisiones judiciales. Por lo tanto, es muy difícil para el ciudadano común comprender todas las consecuencias de la ley. En esta perspectiva, el movimiento de datos abiertos promueve el acceso fácil a la ley que permite una comprensión del impacto legal de las resoluciones. La naturaleza de la información accesible abarca la propia sentencia como la principal fuente de datos producidos por el poder judicial; pero los juicios también contienen lo que los científicos de datos llaman metadatos: información que no está directamente incorporada en la decisión, pero relativa a la sentencia, como la fecha o el nombre del juez. Tanto en los sistemas de Derecho consuetudinario como civil, las decisiones judiciales se hacen públicas, para asegurar que se respete el principio de "abrir justicia en los procedimientos judiciales". Con el desarrollo de políticas de datos abiertos, todas las decisiones estarán disponibles en línea para que todos puedan consultar. Por lo tanto, publicar justicia alcanza una dimensión completamente nueva con consecuencias de mayor alcance. Millones de decisiones estarán disponibles a través de los motores de búsqueda y procesadas a través de algoritmos. Como resultado, las nuevas partes interesadas están intentando afianzarse en lo que aparentemente es un nuevo mercado, plenamente conscientes de las perspectivas que pueden surgir de ese nuevo potencial; y es difícil medir cuáles serán las consecuencias de este fenómeno. Tal cambio de paradigma parece ser inevitable para el poder judicial.

b) Etapa actual de desarrollo de datos abiertos

La Unión Europea (UE) adoptó la Recomendación n ° R (95) 11 en 1995 que reconoce que el pleno conocimiento de una jurisprudencia exhaustiva es un requisito previo esencial para la aplicación justa de la ley; que los sistemas computarizados se usan cada vez más frecuentemente para la investigación legal; y que el creciente número y complejidad de las decisiones judiciales está resultando en un recurso cada vez más extendido a estos nuevos métodos. En ese momento, sin embargo, solo se presentaron algunos casos, de acuerdo con un proceso tradicional de selección jerárquica, que luego se consideró la única opción disponible para acceder a la ley. De acuerdo con este medio de selección, no solo los tribunales superiores pueden anular las decisiones de los más bajos, sino que también pueden optar por presentar los únicos casos que consideren interesantes. Como resultado, estos casos son abundantemente comentados y constituyen la base de la interpretación legal. Además, la Unión Europea no recomendó el acceso abierto a todas las decisiones, ya que se temía que ese enfoque pudiera generar más confusión que claridad. Desde entonces, sin embargo, se ha aprobado legislación relativa a los datos abiertos, pero no específicamente en el ámbito judicial. El Grupo de los 8 (G8), que incluye cuatro países europeos, adoptó la Carta de datos abiertos en 2013. Reconoce 'Crimen y justicia' como una de las áreas de mayor valor, tanto para mejorar nuestras democracias como para alentar la reutilización innovadora de datos. Dentro de los países europeos hoy en día parece haber un consenso a favor de un acceso cada vez más abierto a los datos producidos por entidades gubernamentales. Además, el tipo de modelo necesario para hacer que la información sea más accesible tendrá diferentes repercusiones. En la mayoría de los casos, los modelos de recuperación de costos crean barreras para el acceso y la reutilización de datos, especialmente en lo que respecta a las personas menos viables desde el punto de vista económico (por ejemplo, ciudadanos, estudiantes, investigadores con presupuestos limitados, start-ups). No harán uso de datos gubernamentales si se requiere una tarifa. Por otro lado, cuando las autoridades públicas deciden avanzar hacia un modelo de costo libre o marginal, ocurren más descargas y la apertura de los datos es efectiva. En 2003, la UE adoptó una legislación para fomentar la reutilización de los datos de gobierno abierto en los Estados miembros a través de la Directiva de información del sector público (ISP) 2003/98 / CE. El objetivo principal era garantizar que todos los posibles reutilizadores donde el organismo del sector público había divulgado información para su reutilización recibieran el mismo trato. La Directiva PSI fue modificada posteriormente en 2013 por la Directiva 2013/37 / UE: se introdujo un principio general según el cual toda la información accesible en virtud de la legislación de los Estados miembros es en principio reutilizable. Además, los cargos administrativos, en principio, ya no deben exceder los costos marginales de su disponibilidad para su reutilización, excluyendo cobrar al reutilizador por la producción de la información. Open Data requiere que la información adecuada sea legal y técnicamente accesible. Los datos legales deben estar disponibles en un formato legible por máquina compuesto por una entrada que permita la lectura y el procesamiento automáticos en una computadora. El identificador europeo de jurisprudencia (ECLI) se ha desarrollado para facilitar la cita correcta e inequívoca de las sentencias de los tribunales europeos y nacionales. Los metadatos uniformes ayudarán a mejorar los recursos de búsqueda para la jurisprudencia. Actualmente, este identificador solo se ocupa de las sentencias judiciales superiores. Dado que el desarrollo de Open Data engloba progresivamente a un mayor número de tribunales, la Unión Europea debería fomentar la interoperabilidad entre los Estados miembros. Deben implementarse estándares técnicos comunes para permitir que soluciones exitosas en un país se extiendan a otros de la manera más eficiente. La implementación de tales estándares rápidamente sería particularmente relevante ya que la cantidad de datos aún es baja y muchos países están trabajando para aumentar significativamente el número de decisiones judiciales disponibles para su reutilización.

...