DICTADURA CIVICO MILITAR EN URUGUAY

Contenido

INTRODUCCIÓN 3

1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 4

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 4

1.2 PROBLEMA : DETERIORO DE LA GOBERNABILIDAD 6

2. ANALISIS DEL CASO 7

2.1 QUEBRANTAMIENTO DE LA DEMOCRACIA: COMPONENTE ETICO 7

2.2 JUCIO DE VALOR : FORTALECEMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD 7

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7

3.1 CONCLUSIONES 7

3.2 RECOMENDACIONES 7

4. BIBLIOGRAFIA 7

DICTADURA EN URUGUAY

INTRODUCCIÓN

El quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal representa en Latinoamérica una práctica común para la instauración de una Dictadura, la cual que no resulto de la casualidad, este tipo de gobierno fue un factor determinante en la colonización de estos países, lo cual los hace vulnerables y presa fácil de aquéllos a quienes les atrae el poder absoluto.

Latinoamérica es un lugar atractivo debido a la riqueza de sus recursos naturales, los cuales son muy atractivos para las potencias y/o empresas transnacionales expertas en depredar estos recursos para conseguir más riquezas y hegemonía política. Las dictaduras se han caracterizado por la gran represión que se ejerce sobre la ciudadanía, con el único fin de que no exista ningún levantamiento y por lo tanto ningún atentado a los intereses políticos y personales de los dictadores.

Sabemos que una dictadura es una forma de gobierno totalitario, en la cual el poder recae en una sola persona (dictador); en la dictadura militar los poderes: legislativo y judicial son ejecutados por la fuerza armada de la nación que impiden cualquier forma de control democrático. Las dictaduras en Latinoamérica se instauraron después de un Golpe de Estado, presentado como un pronunciamiento militar como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente.

La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Fue un período durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho período estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos, medios de prensa, la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores al régimen

1. PLANTEAMIENTO DEL CASO

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

Hacia 1954 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas protagonizada por grupos de extrema izquierda, entre los cuales se destacó el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Las condiciones de represión política y social durante la presidencia de Pacheco Areco (1967-1972) se agudizaron, y sus medidas de gobierno fueron enfrentadas por organizaciones como la Convención Nacional de Trabajadores. Por esta época aparecieron grupos de extrema derecha como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), cuyos objetivos eran los militantes sociales y políticos generalmente de izquierda, contra quienes realizaron atentados que en algunos casos terminaron en muertes. Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo un creciente protagonismo político; sus movimientos internos fueron muy intensos, hasta se formó en su seno la logia de los Tenientes de Artigas. Finalmente, con el apoyo del entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberry, las Fuerzas Armadas decidieron dar un golpe de estado.

En 1972 las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía) detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza por los delitos de sedición y otros, permaneciendo recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura cívico-militar, es decir, hasta 1985. Fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron apremios físicos y psicológicos (comprobados posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Massera.

Bordaberry, queriendo devolver a los militares a los cuarteles y someterlos nuevamente al poder civil, en febrero de 1973 nombró al general Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. El Ejército y la Fuerza Aérea respondieron emitiendo los Comunicados 4 y 7, en los que "desconocían" la autoridad del nuevo ministro, argumentando que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas. A su vez, los militares daban la pauta de sus intenciones de, no solo "aportar seguridad para el desarrollo nacional", sino también de querer participar en la "reorganización moral y material del país".

[...] 4°. Inmediatamente de asumido su cargo, el actual ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir mediante la desarticulación de los mandos, que las Fuerzas Armadas cumplieran con la misión de alcanzar los objetivos que se han impuesto, de restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional en procura del bienestar general dentro del sistema democrático republicano de acuerdo con la filosofía actual de las Fuerzas Armadas.

[...] 7°. En consecuencia, quien ocupe la cartera de Defensa Nacional en el futuro deberá compartir los principios enunciados, entender que las Fuerzas Armadas no constituyen una simple fuerza de represión o vigilancia, sino que, integrando la sociedad, deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los mandos, con toda decisión, lealtad y empeño, a fin de poder iniciar la reorganización moral y material del país.

"Comunicado Nº 4", Mandos militares conjuntos del Ejército y la Fuerza Aérea, 9 de febrero de 1973

El desconocimiento del Ministro y los planteos de participación en la vida política del país, marcaron de hecho una

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