Derecho Laboral

INTRODUCCION

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SALVADOR

Lic. Ricardo Ponce

Colaborador de la Unidad Jurídica de la Superintendencia de Pensiones

Antes de iniciar un breve recorrido sobre lo que ha sido el desarrollo de la Seguridad Social en El Salvador, comenzaremos por conceptualizar la Seguridad Social, como “la rama de las Ciencias Sociales, que está integrada por el conjunto de normas preventivas y de auxilio que todo individuo por el hecho de vivir en sociedad, recibe del Estado para hacer frente a determinadas contingencias previsibles y que anulan su capacidad de ganancia”.

También se puede decir que la Seguridad Social, “son los medios económicos que se le dan al individuo, como protección especial, para garantizarle un nivel de vida suficiente, de acuerdo a las condiciones generales de un país, en un momento determinado”.

En ocasiones se ha visto a la Seguridad Social como sinónimo de Previsión Social, que significa los auxilios que el obrero o trabajador recibe del Estado, en forma de seguros o subsidios por desocupación, enfermedad, invalidez, ancianidad y otros.

En nuestro país, la Seguridad Social se ha desarrollado por medio de la creación de leyes dispersas, destinadas a proteger a determinados grupos o sectores (empleados privados, públicos, docentes, militares, etc.) contra algunos riesgos o contingencias, como por ejemplo, accidentes de trabajo, vejez, salud, entre otros.

Algunos antecedentes legales inmediatos son:

a) La Ley sobre Accidentes de Trabajo de 1911, que en 1956 fue sustituida por la Ley de Riesgos Profesionales.

b) La Ley de Protección de Empleados de Comercio de 1927, y cuya aplicación se extendió a los trabajadores intelectuales de las empresas periodísticas en 1942.

c) La Ley de Jubilaciones de Empleados Civiles.

d) La Ley de Pensiones y Montepíos Militares.

e) La Ley de Pensiones y Jubilaciones de 1930.

f) La Ley de Botiquines de 1950.

g) La Ley de Contratación Individual de Trabajo de 1953.

h) La Ley del Seguro Social de 1949.

La promulgación de estas leyes nace de la necesidad de dar cobertura a los riesgos derivados de los accidentes de trabajo, y cesantías debido a vejez y salud, que de alguna manera, comenzaron a mermar la capacidad de ganancia de los trabajadores ante la ocurrencia de dichas contingencias.

Como se puede observar, desde principios del siglo pasado (S. XX), el tema de la Seguridad Social adquirió importancia. Dadas las características demográficas del país, las prestaciones por enfermedad común y maternidad adquirieron importancia social; el crecimiento económico y la industrialización trajeron consigo accidentes de trabajo y consecuentemente la necesidad de prestaciones médico-hospitalarias, así como prestaciones por cesantías ocasionadas por invalidez temporal o permanente.

Dentro de este marco y debido a la evolución de la Seguridad Social a nivel internacional, en nuestro país se planteó la necesidad de un régimen que brindara todas estas prestaciones. Fue así como en 1945 se reformó la Constitución Política de El Salvador, sustituyendo la Constitución de 1886, en la que se estableció el Seguro Social Obligatorio con el concurso económico del Estado, de los patronos y de los trabajadores.

Por lo anterior, en 1948 el gobierno designó una comisión para la elaboración del anteproyecto de la Ley del Seguro Social. Dicha comisión se convirtió luego en el Consejo Nacional de Planificación de Seguridad Social, siendo en 1949 la fecha en que entró en vigencia la primera Ley del Seguro Social, la cual fue reformada en 1954, estableció el Régimen del Seguro Social obligatorio, aplicable a todos los trabajadores que dependieren de un patrono, y sentó las bases para que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social cubriera en forma gradual, los riesgos a que están expuestos los trabajadores, debido a enfermedad o accidente común, riesgos profesionales y maternidad, iniciándose de esta manera las prestaciones médico-hospitalarias y quirúrgicas, para que posteriormente, en 1969, se creara el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para la cobertura de dichas contingencias.

Respecto a los trabajadores de la Administración Pública, desde 1930 la Ley de Pensiones y Jubilaciones Civiles, brindaba a los empleados civiles, judiciales y administrativos al servicio del Estado, así como a los empleados municipales, excluyendo al personal llamado de planillas, prestaciones tales como: salario completo en caso de enfermedad por tiempo limitado, subsidio adicional para gastos hospitalarios y quirúrgicos, servicios médicos a los profesionales, pensiones de invalidez y muerte para el cónyuge, hijos y padres y seguro de vida para los profesores de Instituciones Públicas. El financiamiento de estas prestaciones era con cargo al Presupuesto General de la Nación, el 2% del salario de los profesores y con fondos municipales en el caso de los empleados de este ramo.

Debido a la dispersidad de las disposiciones legales en materia de jubilaciones y pensiones que regían a los servidores de la Administración Pública y la falta de uniformidad en lo referente a las prestaciones, surge en 1975 el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, creado por ley que entró en vigencia en noviembre de ese año, como una entidad oficial autónoma, la cual tendría por objeto el manejo e inversión de los recursos económicos destinados al pago de las prestaciones, que darían cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte de los empleados civiles del sector público, creándose de esta forma el Sistema Nacional de Pensiones, prohibiendo a los trabajadores protegidos, la creación en las instituciones o dependencias del Estado, de nuevos regímenes dentro de ese sistema, para el otorgamiento de las pensiones por los riesgos de invalidez, vejez y muerte, incorporándose en 1978 a dicho sistema a los empleados públicos docentes.

Los miembros de la Fuerza Armada en materia de Seguridad Social, contaban únicamente con el apoyo del Estado en el otorgamiento de pensiones por retiro y montepíos. Debido a la carga que representaba al Estado mantener las prestaciones generadas por la Ley de Retiro de las Fuerzas Armadas, es que en 1974, basándose en el principio

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