FASES DEL PROCESO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

FASES DEL PROCESO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Aunque en la realidad las políticas públicas no se desarrollan a través de una sucesión ordenada de fases lógicas perfectamente delimitadas sino que las fases y límites se confunden y existen interrelaciones entre políticas, se comprende mejor si se desarrolla por separado cada una de sus fases.

1. APARICIÓN DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS Y SU ENTRADA EN LA AGENDA

Para que una situación trascienda y se convierta en un problema de política pública son necesarias determinadas condiciones. No todos los problemas se convierten en problemas públicos, y no todos los problemas públicos alcanzan la categoría de temas issues, que culminan en decisiones públicas. La transformación de una situación de hecho en problema público no depende siempre de su gravedad objetiva.

En la agenda pública se inscriben los problemas que han alcanzado una atención seria y activa por parte del gobierno como posibles asuntos de política pública. La agenda no es un documento formal, no presupone jerarquía en los problemas ni tampoco asegura que a la inclusión de un problema se suceda una decisión o que el problema permanezca largo tiempo en ella.

Los guardianes de la agenda pública, agenda setters, los grupos de interés, los gobiernos, burocracias y partidos políticos trabajan para que unos temas o issues alcancen la agenda y otros no.

La aparición de un problema en la agenda es inevitable cuando el problema adquiere algunas cualidades como cuando alcanza proporción de crisis, tiene cierta particularidad, tiene aspectos emotivos o un amplio impacto, toca asuntos vinculados al poder y la legitimidad o es un tema de moda.

Una coyuntura específica puede suponer una oportunidad de entrada en la agenda. Es lo que ocurre cuando se produce un cambio de gobierno, y la entrada de un problema arrastra también a otros de naturaleza similar.

Cobb y Elder distinguen entre agenda sistemática que tiene carácter coyuntural y comprende el conjunto de temas que la sociedad considera que deben atender los poderes públicos y agenda institucional compuesta por los temas de los que regularmente el gobierno se ocupa a través del trabajo permanente de instituciones políticas y administrativas, ésta tiende a crecer y perpetuarse (ejemplo son los presupuestos) salvo situación de crisis.

En cuanto a la definición del problema público, existen intereses cruzados de actores y grupos que actúan para determinar qué asuntos deberán ser problemas y cómo serán definidos puesto que de la definición dependerá el tipo de solución a aplicar.

Sin embargo existe una situación de desigualdad entre actores; unos actúan bajo la cobertura de fuertes organizaciones, disponen de medios económicos y fácil acceso a los medios de comunicación y otros actores en cambio, actúan desde posiciones más débiles.

Definir una situación como problema de política pública suponen también la formulación de una solución factible de acuerdo con los recursos disponibles, los valores sociales predominantes y las posibilidades técnicas.

Los “empresarios de políticas” que actúan dentro de los grupos o contribuyen a formarlos, son impulsores de nuevos temas, negociadores y creadores de la opinión necesaria para que los problemas alcancen dimensión pública de acuerdo con una definición afín a sus intereses.

2. FORMULACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Formular significa idear un plan, método o prescripción para la acción, pero el paso previo a la acción es el estudio de las diferentes alternativas posibles y el cálculo de sus consecuencias y costes.

Las alternativas las formulan los expertos, asesores, funcionarios con altas cualificaciones técnicas, y analistas de empresas e instituciones de investigación.

La formulación puede hacerse de tres formas: proyecciones, son pronósticos basados en la extrapolación de tendencias presentes o históricas. Predicciones, basadas en la aceptación de teorías que explican tanto las causas como las consecuencias. Y conjeturas, juicios de los expertos acerca del futuro de la sociedad para los cuales utilizan argumentos intuitivos o motivacionales.

El analista tiende a trabajar sobre criterios que persiguen la eficiencia económica agregada o la optimización individual pero ignorando los problemas de distribución de costes y beneficios políticos. Para superar este problema, el analista debe incorporar el criterio de factibilidad política de modo que, además de recomendar la mejor alternativa debe incluir la mejor estrategia política para asegurar la viabilidad de su efectiva puesta en práctica.

3. LA TOMA DE DECISIONES

En política se tiende a confundir decisión con la aprobación de una ley o la firma de un decreto y se tiende a identificar poder de decisión con autoridad formal. Sin embargo existen varios estudios sobre el poder que desmitifican la decisión formal. Éstos destacan la importancia de la influencia de actores no institucionales, del valor de las “no decisiones” o de la tercera dimensión del poder.

Existe una discrepancia en torno a la cuestión de la racionalidad del decisor público:

La decisión racional. En el modelo de racionalidad absoluta se supone que el decisor actúa siempre según criterios de objetividad analizando todas las alternativas para adoptar la decisión que mayor beneficio le produce. Pero es un modelo idealizado e impracticable porque existen límites psicológicos en los individuos, porque no hay suficiente información, por los excesivos costes, los intereses en juego, los valores del decisor y demás.

Un enfoque más realista sería la racionalidad limitada, donde el decisor no pretende una decisión maximizadora sino satisfactoria, no se analizan todas las alternativas sino un número reducido que parecen adecuadas.

La decisión no sinóptica. Según Lindblom el incrementalismo es el modelo que mejor refleja la realidad y el modelo prescriptivo para la toma de decisiones en las democracias pluralistas. Es el método más adecuado para ajustar los intereses de los diferentes grupos y actores políticos, que para ser efectivos persiguen

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